
La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, advirtió en forma categórica su negativa a autorizar la realización del evento denominado Encuentro de Juventudes en sus instalaciones, subrayando la neutralidad electoral que deben observar todas las universidades públicas durante los procesos políticos, en concordancia con la legislación vigente sobre garantías electorales.
La vicerrectora Lorena Chaparro Díaz, firmante del Comunicado No. 12 difundido el lunes 27 de abril, afirmó que ni los auditorios ni ningún otro recurso físico, logístico o digital bajo custodia institucional estarán disponibles para actividades de proselitismo en el contexto de la pre-campaña presidencial y legislativa de 2026.
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De este modo, la institución marcó distancia ante el creciente uso de escenarios universitarios para la promoción de figuras y plataformas políticas de cara a los próximos comicios.
La polémica se desató debido a la presencia de la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, la líder indígena, Aida Quilcué, que llevaba consigo imágenes alusivas a la campaña política. Así mismo, también asistieron organizaciones sociales y la congresista María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico.

La controversial actividad se desarrolló en el entorno de los encuentros que se están llevando a cabo en diversas instituciones educativas, dentro del actual panorama político, por lo que la Universidad Nacional tuvo que rechazar el uso de sus instalaciones en Bogotá para este tipo de eventos.
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La Ley 996 de 2005, también conocida como Ley de Garantías Electorales, sirve como fundamento para la decisión tomada. Esta disposición establece las condiciones de neutralidad institucional obligatoria durante los períodos electorales, prohibiendo expresamente el uso de recursos públicos para la realización de actos ligados a partidos, campañas o candidaturas, según confirmó la Universidad Nacional en el comunicado citado por su vicerrectoría de sede.
El pronunciamiento oficial, resaltado en el Comunicado No. 12 y difundido el lunes 27 de abril, especificó que el evento “no ha sido autorizado, no es promovido y no cuenta con respaldo institucional”, según se observa en el documento.
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La vicerrectora enfatizó también que la restricción opera “sobre auditorios y espacios físicos, así como plataformas digitales, equipos logísticos y demás recursos institucionales administrados por la sede Bogotá”.
En el comunicado, la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá reiteró su llamado a estudiantes, docentes, personal administrativo, contratistas y visitantes para que asuman la responsabilidad de proteger el patrimonio público y respeten el carácter autónomo y plural de la institución.

El claustro universitario consideró indispensable actuar bajo “principios de transparencia, neutralidad e imparcialidad frente a los distintos sectores políticos”, remarcando la importancia de no permitir el uso de sus bienes para actos de proselitismo o presentación de candidaturas, como lo exige la Ley 996 de 2005.
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El escenario político en Colombia ya muestra una intensificación de foros, encuentros y actividades convocadas por diversos sectores en universidades, en víspera de la contienda presidencial y legislativa, indica la advertencia de la Universidad Nacional.

La declaración de Chaparro Díaz señala que “la Sede Bogotá ratifica su deber ineludible de preservar la neutralidad frente a los procesos electorales, garantizando el cumplimiento de la ley y las condiciones de igualdad para todos los actores políticos y la ciudadanía”.
La decisión preventiva adoptada por la Universidad Nacional implica que la prohibición se extiende a cualquier iniciativa similar, sin importar su nombre o naturaleza. La institución reafirmó: “se exhorta a toda la comunidad universitaria —estudiantes, docentes, personal administrativo, contratistas y visitantes— a hacer un uso responsable de los espacios institucionales, protegiendo el patrimonio público y respetando el carácter autónomo y plural de la Institución”, tal como consta en el comunicado publicado por la Vicerrectoría.
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La negativa de la Universidad Nacional sede Bogotá a autorizar el evento Encuentro de Juventudes responde a la obligación legal y ética de mantener la neutralidad institucional durante el periodo pre-electoral.

Por tal motivo, la UNal sede Bogotá afirmó que ninguno de los recursos públicos bajo su administración —ya sea físico, digital o logístico— podrá ser empleado para actividades vinculadas a partidos, campañas políticas o candidatos, en línea con la Ley 996 de 2005 y los principios de transparencia e imparcialidad que rigen la función universitaria pública en Colombia.
Del mismo modo, el pronunciamiento de la Universidad Nacional ocurre en un contexto nacional de creciente movilización juvenil y uso de universidades como plataforma para debates y encuentros de tinte político, fenómeno que la institución observa con atención para asegurar que sus espacios sigan siendo patrimonio público destinado a fines académicos, científicos y de formación plural, sin interferencia de intereses proselitistas previo a los comicios de 2026.
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