Polémica mina que se estaría explotando ilegalmente en predios de una base militar, habría pertenecido a Pablo Escobar: esta es la historia de ‘La Mandinga’

El expediente judicial revela que ‘La Mandinga’, ubicado en un predio rural en Cáceres, Antioquia, ha sido durante años un centro de operaciones ilícitas para estructuras armadas, con antecedentes que involucran tanto a paramilitares como a figuras destacadas del narcotráfico, especialmente durante el auge de la violencia en el departamento.

El caso adquiere relevancia porque la propiedad sigue siendo un epicentro de minería ilegal y está bajo control del Clan del Golfo, mientras limita con el Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional, de acuerdo con una investigación de El Tiempo.

La Mandinga es una finca rural situada en Cáceres, Antioquia, que aparece en expedientes judiciales por haber funcionado como depósito de armas, vehículos y base de operaciones paramilitares.

El terreno ha estado relacionado con la estructura de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, así como con un presunto vínculo previo con Pablo Escobar, según testimonios y documentos judiciales citados por el medio citado.

La investigación señala que la propiedad ha sido utilizada repetidamente para actividades delictivas, incluso en proximidad directa a instalaciones militares.

El expediente sobre ‘La Mandinga’ detalla que el proceso judicial incluyó la extinción de dominio en el marco de la desmovilización paramilitar, validado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Según la documentación obtenida por el medio citado, la propiedad figuraba a nombre de sociedades y personas que habrían actuado como testaferros, lo que derivó en decisiones judiciales en su contra.

Un testimonio clave es el de José Germán Sena Pico, conocido como ‘Nico’ y mano derecha de ‘Macaco’, quien declaró que la compra de la finca se produjo en 2005 a una familia local, pagándose en efectivo y sin recurrir al circuito bancario. Añadió que el predio era utilizado para almacenar armas y vehículos por instrucciones de la organización criminal.

La Corte Suprema de Justicia avaló la declaración de alias ‘Nico’ y consideró evidente la destinación ilícita de la finca, al menos entre 2005 y 2008.

La sentencia resalta que los supuestos dueños formales de ‘La Mandinga’ no presentaron reclamos, pese al uso notorio del terreno para delitos, lo que, según la Corte, muestra la instrumentalización del predio como activo de las estructuras armadas.

Además, el expediente recoge que la finca fue ofrecida como garantía en procesos de reparación de víctimas del paramilitarismo.

Uno de los puntos más relevantes del expediente es la mención al pasado de ‘La Mandinga’ como propiedad asociada a Pablo Escobar, según recoge una declaración citada por El Tiempo.

Alias ‘Nico’ aseguró que la finca habría pertenecido a Escobar en los años 80, aunque estaba registrada a nombre de testaferros para encubrir el origen de los fondos y esquivar investigaciones patrimoniales. El testigo indicó que la hacienda servía como refugio de miembros de la organización, que gestionaban la seguridad y controlaban las actividades en el terreno.

La Corte Suprema confirmó la credibilidad de la versión de alias ‘Nico’ y destacó que el testigo participó durante años en la gestión de la finca.

Los registros judiciales precisan que, junto con otros colaboradores, transportaba insumos agrícolas de establecimientos vinculados a ‘Macaco’ y que la finca conservó su papel de escondite de recursos para el paramilitarismo.

La expresión “escondite de armas y vehículos” aparece repetidamente en el expediente. Además, otro testimonio señaló que, tras la desmovilización de ‘Macaco’, la finca siguió siendo objeto de disputas entre actores criminales.

El expediente analizado por El Tiempo constata que la finca ha permanecido bajo la atención de diversos grupos, cuyas disputas y operaciones han consolidado su valor estratégico para redes ilegales.

La minería ilegal y la presencia del Clan del Golfo junto al Batallón

En los últimos años, ‘La Mandinga’ se ha transformado en escenario de minería ilegal a gran escala, bajo el control y fomento del Clan del Golfo.

Según los registros consultados por el medio citado, cientos de personas extraen oro en unas 2.000 hectáreas del terreno, sin licencia y a muy poca distancia del Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional, una de las unidades militares más antiguas del país.

Autoridades han identificado la zona como un foco de degradación ambiental grave, resultado directo de las operaciones mineras al margen de la ley.

Mientras la extracción ilegal se realiza a la vista del público y de entidades estatales, la presencia del Clan del Golfo ha dificultado el acceso y la respuesta institucional.

Documentos judiciales y testimonios recogidos por el medio coinciden en que el hecho de compartir límite con el Ejército no ha detenido la continuidad de delitos en el área. El expediente menciona la disputa por el control del predio para fines como la producción de cocaína y la extracción de oro, lo que subraya el carácter estratégico y objeto de disputa del terreno.

Respuesta del Ejército y cuestionamientos institucionales

El Ejército Nacional, al ser consultado por El Tiempo, confirmó que el área afectada corresponde a ‘La Mandinga’ y remarcó su extensión de 2.000 hectáreas, destacando la colindancia con el batallón militar.

En un comunicado, la institución explicó que la administración del predio no está bajo su competencia directa, pues tras el proceso de Justicia y Paz, la finca quedó en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En su declaración oficial, el Ejército resaltó el deterioro ambiental derivado de la minería ilegal sin títulos ni respaldo jurídico. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre otras actividades ilegales consignadas en el expediente y no explicó por qué estas situaciones continúan ocurriendo pese a la presencia militar.

A lo largo del tiempo, la finca ‘La Mandinga’ ha sido utilizada como enclave para actividades criminales, con vínculos atribuidos históricamente a Pablo Escobar y el paramilitarismo, y actualmente bajo operación del Clan del Golfo, a pesar de su proximidad inmediata al Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional de Colombia.