
El senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, denunció públicamente que las disidencias de las Farc han ordenado su asesinato junto al de otros seis líderes políticos de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.
El congresista de Alianza Verde, en una entrevista concedida a La Kalle, mencionó que el grupo armado elaboró un listado con los dirigentes mencionados y que, en sus palabras, había asignando una recompensa de hasta ocho millones de dólares (aprox. 28.000 millones de pesos colombianos) por ejecutar el crimen en su contra.
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“(En el listado) hay siete líderes políticos. Entre esos siete, Miguel Uribe, que ya lo asesinaron. Entonces, en la lista estamos seis más”, alertó el parlamentario al citado medio de comunicación.
Así mismo, Hernández sostuvo que la lista fue revelada por un recluso que tiene contacto directo con las disidencias, por lo que ya se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
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“La recibe un fiscal en una cárcel importante de este país. Ahí, una persona que tiene acercamientos con la guerrilla llama al fiscal, le entrega esta lista y le da esa información, y un medio de comunicación la saca públicamente. Ahí nos enteramos”, mencionó.
El impacto de las amenazas alcanza a la familia de Hernández. En su relato, informó que su hija menor ha sido grabada al entrar y salir de su colegio, táctica que el propio senador denominó como “inteligencia criminal” y comparó con los seguimientos sufridos en el pasado por el hijo del fallecido Miguel Uribe.
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“A mi hija me la estaban grabando en su entrada al colegio, en su salida del colegio. Tal como lo hacían con el hijo de Miguel (Uribe). Que yo no lo sabía, me enteré por su familia, que a su niño lo estaban grabando. Entonces, obviamente que el trabajo que nosotros hacemos tiene unas consecuencias de peligro”, indicó.

La respuesta institucional incluyó el refuerzo del esquema de seguridad personal del senador. Pulido Hernández mencionó que, recientemente, un ciudadano con formación militar lo amenazó de manera directa, y detalló que el caso está actualmente bajo investigación de la Fiscalía, en la que podría formular cargos en breve.
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“Hay una persona que está a punto de ser imputado por la Fiscalía porque nos hizo una amenaza directa, una persona que se pudo confirmar que tiene conocimiento en armas, porque perteneció a la Armada Nacional de Colombia (...) Yo puse la denuncia, la Fiscalía inició el proceso y el hombre le dijo a la Fiscalía: ‘Si’. Esto no es un chiste y no es que lo estamos inventando. La persona lo aceptó”, recordó.
Amenazas contra Paloma Valencia
La denuncia de Jota Pe Hernández se suma a las declaraciones de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, en la que denunció haber sido informada por altos funcionarios del Gobierno colombiano acerca de un plan para asesinarla, en el marco de un clima político atravesado por las crecientes amenazas a dirigentes y el debate sobre la efectividad de la política de seguridad.
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La denuncia fue hecha el 27 de abril a la prensa nacional, donde precisó un elemento que diferencia su denuncia de episodios previos: la cifra concreta de la recompensa. Según relató ante los medios, el Frente 42 de las disidencias de las Farc habría ofrecido 2.000 millones de pesos colombianos para ejecutar el asesinato.
“La información que tenemos es que es el frente 42 de las Farc con un sujeto llamado Buche Tula, que le pagaron dos mil millones de pesos para que me asesine”, manifestó la candidata al citar la información recibida por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el director de la Policía Nacional, general William Rincón.
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Pese a ello, la candidata insistió en situar su caso como muestra de los riesgos actuales: “Aquí tienen una mujer valiente y que yo voy a liderar la conquista de la seguridad para que Colombia pueda vivir sin miedo”, expresó.
En relación con su seguridad personal y la de los demás aspirantes, rechazó adoptar un rol de víctima. Según Valencia: “No vengo aquí a quejarme, ni a victimizarme… vengo a decirle a los colombianos que aquí tienen una mujer valiente”, en abierta crítica al Gobierno y su trato frente a organizaciones ilegales.
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Sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que las labores de inteligencia no han identificado riesgo alguno sobre la vida de Paloma Valencia, y aseguró que la versión de un supuesto atentado no cuenta con sustento verificable.

“Mantenemos activas todas las capacidades de las Fuerzas Militares y Policía, articuladas con el Ministerio del Interior y la UNP, para proteger a todas las candidatas y candidatos presidenciales”, recalcó.
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Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció respaldando la postura del Ministerio de Defensa. Petro afirmó en sus redes sociales que “el supuesto atentado denunciado no era real” y atribuyó la situación a pugnas de delincuencia común.
El mandatario destacó que los organismos de inteligencia habían transmitido la información a la candidata y cuestionó su decisión de hacer pública una versión diferente: “Esto se le dijo a la candidata pero apareció con otra versión en sus redes”.

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