Jennifer Pedraza denunciará a directivos de la Fundación San José y al Ministerio de Educación por presuntas irregularidades en títulos profesionales

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza aseguró que Francisco Pareja, cofundador de la Fundación Universitaria San José, habría sido fórmula política en elecciones al Congreso y pidió esclarecer la hoja de vida que presentó en ese proceso.

Según la congresista, el caso podría tener implicaciones penales adicionales si se comprueba que hubo inconsistencias en sus credenciales académicas.

“Francisco Pareja fue la fórmula cuando Armando Benedetti fue candidato al Senado. Se pavoneó, pero yo estoy pidiendo esos documentos, se los quiero contar a la Cámara de Representantes porque me interesa saber cuál fue la hoja de vida que él presentó”, afirmó Pedraza, quien insiste en la necesidad de verificar la información presentada ante autoridades y corporaciones públicas.

La congresista advirtió que, de confirmarse irregularidades en los títulos o en la información suministrada, el caso podría escalar a delitos más graves.

“Si dijo que era ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, estaríamos hablando de no solo falsedad en documento público, sino podríamos estar hablando de fraude procesal de nuevo, como es el caso de Juliana Guerrero”, señaló.

Pedraza también cuestionó la actuación del Ministerio de Educación Nacional frente a las alertas sobre la Fundación Universitaria San José, asegurando que existían elementos suficientes para intervenir desde hace años.

En su intervención fue especialmente crítica con la inacción de la cartera: “Yo les acabo de mostrar que el Ministerio de Educación lo pilló y abiertamente decidió no hacer nada, no investigar, a pesar de que le quedaban meses de vigencia a ese caso”.

En ese sentido, la representante calificó la situación como una omisión grave por parte de la autoridad educativa. “Esto es la negligencia y la complicidad más descarada”, afirmó, al insistir en que, pese a los hallazgos preliminares, no se habrían adoptado medidas oportunas para frenar las presuntas irregularidades.

Pedraza también comparó la respuesta institucional en este caso con otras intervenciones recientes en el sector educativo, cuestionando la falta de celeridad frente a la Fundación Universitaria San José.

“En una semana y media intervinieron a Universidad del Atlántico, en seis meses intervinieron a la Universidad de Antioquia, ambas universidades de altísima calidad”, indicó.

Según la congresista, el proceso de investigación sobre la institución ha sido lento y sin resultados concretos. “A la Fundación Universitaria San José llevamos más de un año, llevan un año dizque investigándola en medidas preventivas y no ha habido poder humano que logre que la intervengan y que sustituyan su consejo directivo”, aseguró.

En medio del creciente escándalo por presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios, la Fundación Universitaria San José ha sido objeto de nuevas decisiones administrativas.

La institución anunció la designación de Carlos Eduardo Rodríguez como nuevo rector, con el compromiso de fortalecer los controles internos y colaborar con las autoridades judiciales en el avance de las investigaciones.

Rodríguez asumió el cargo en un momento de alta presión institucional, luego de que se conocieran señalamientos sobre la presunta emisión irregular de diplomas que habrían sido utilizados para acceder a cargos públicos.

Según la información divulgada por la institución y reportada por medios nacionales, la administración actual busca implementar medidas de transparencia y depuración de procesos académicos.

El nuevo rector ha señalado que la universidad ha sido víctima de actuaciones individuales y no de una estructura sistemática de fraude.

En declaraciones públicas, ha insistido en que apenas se conocieron los hechos se activaron los mecanismos legales correspondientes, incluida la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, y se entregó documentación requerida por las autoridades.

Uno de los casos que ha generado mayor atención es el de Juliana Guerrero, exfuncionaria vinculada a un proceso judicial por presunta falsedad en documento público.

De acuerdo con la investigación, su título universitario habría sido anulado por la institución tras detectarse inconsistencias en su expedición, lo que llevó a la apertura de auditorías internas y a la intervención del Ministerio de Educación.

La cartera educativa, por su parte, ha desplegado un proceso de acompañamiento y vigilancia sobre la institución, con el objetivo de revisar los procedimientos académicos y administrativos relacionados con la expedición de títulos.

Este proceso incluye una auditoría general que abarca los diplomas emitidos en los últimos años.