El Clan del Golfo negó que manejen mina ilegal cerca de una base militar en Antioquia: “Miente de manera descarada”

El más reciente descubrimiento sobre la mina ilegal La Mandinga en el Bajo Cauca antioqueño ha encendido alertas de primer nivel en Colombia y en el extranjero.

La reciente intervención de las fuerzas armadas en terrenos próximos al Batallón de Infantería Aerotransportado N.º 31 “Rifles”, ubicado en el municipio de Caucasia (Antioquia), expuso el alcance de estas actividades ilícitas, que según trabajadores locales operan bajo protección directa del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), de acuerdo con una investigación adelantada por el diario internacional The New York Times.

La revelación generó todo tipo de reacciones en el país; algunos consideraron las dificultades del Estado colombiano para controlar la extracción y el tráfico de oro en áreas estratégicas. Sin embargo, una de las partes involucradas desmintió su vinculación frente a ello.

Es el caso del mismo grupo armado que, en un comunicado publicado en su cuenta de X (@soygaitanista) negó poseer la mina ni ser titular de las actividades mineras ilegales en la región antioqueña, por lo que calificaron el informe periodístico como injurioso y calumnioso.

Incluso, dirigieron su mensaje al periodista Federico Ríos, autor de la investigación revelada en el medio internacional, en la que acusaron de sacar la nota tras negar una entrevista solicitada por el comunicador.

“Miente de manera descarada el periodista @federicorios no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca antioqueño y otras regiones. ¿Es en venganza por no darle la entrevista?”, escribió el grupo armado en sus redes sociales.

Posteriormente, en el comunicado público, el EGC reconoció imponer un “impuesto” sobre esas operaciones en el Bajo Cauca antioqueño.

“Lo decimos de manera enérgica, no somos propietarios de estos entables mineros, que corresponden a civiles de la zona que explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca antioqueño y otras regiones”, declararon.

Del mismo modo, reiteraron su llamado a la prensa nacional e internacional para que se evite pronunciarse la denominación “Clan del Golfo” para referirse a la organización ilegal.

“Al avanzar en la lectura del reporte periodístico, es clara la mentira del titular del periódico, que dice: “La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana”. No somos el Clan del Golfo, pero como intentan relacionarnos con esta denigrante denominación, salimos al paso de las falsedades que se publican con lamentable frecuencia”, mencionaron.

Así mismo, explicaron que “no somos los dueños de la minería ilegal ni de otras economías ilícitas. Situación diferente es que se cobre un impuesto a estas actividades, para poder garantizar seguridad y mejores condiciones de vida a las comunidades que allí habitan, ante la ausencia total de un Estado indiferente a su suerte”.

Por último, el EGC hizo un llamado para que se desarrollen discusiones sobre el estado de las economías ilícitas que se efectúan no solo en Antioquia sino en el resto del territorio colombiano.

“En el país y en el mundo debe darse el debate sobre las economías ilícitas, como la minería ilegal, y sobre los verdaderos beneficiados con su comercialización. El oro debe entrar en los cauces de la economía legal para su monetización, por lo que también se deben revelar los entramados que lo permiten”, concluyeron.

Será abordado en mesa de diálogos

Estas revelaciones han repercutido de inmediato en las conversaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo, que se conducen bajo la premisa de transformar las economías locales ilegales en legítimas.

Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro, subrayó a Colombia+20 de El Espectador la importancia de abordar estos temas en el espacio socio jurídico con el grupo armado.

“Las economías en las regiones donde el grupo armado tiene presencia, como Caucasia, son fundamentales de ser observadas como una herramienta de construcción de paz”, manifestó al citado medio de comunicación.

Incluso, recordó que este fenómeno se intensificó en la década de los 90, cuando el Banco de la República de Colombia dejó de ser el comprador oficial del oro, por lo que para Jiménez, “lo que facilitó que los grupos armados empezaran a ser los monopolizadores de la compra de oro a los pequeños mineros”.

El negociador añadió que “en la medida que han venido ejerciendo una incidencia fuerte y control de algunas regiones del país, se han convertido en dueños de esa economía porque les facilita lavar las economías ilegales del narcotráfico”.

También, advirtió que el problema se extiende más allá del control directo del grupo armado, sino que involucra a comunidades y empresarios auríferos que, sin integrar el Clan, terminan sometidos a su régimen económico impuesto.

Detalles de “La Mandinga”

Según datos consignados en la investigación de The New York Times, el predio donde se encuentra la mina tiene aproximadamente 2.000 hectáreas y ha estado bajo control del Clan del Golfo al menos desde hace ocho años.

El Ejército ha reportado la presencia de entre 2.000 y 2.500 mineros informales extrayendo oro en estos terrenos. Las autoridades han intervenido en al menos 20 ocasiones desde 2022 para destruir maquinaria e intentar frenar la actividad ilegal.

Sin embargo, la administración actual del predio sigue siendo incierta: la Sociedad de Activos Especiales (SAE) indicó que no figura entre los bienes bajo su control, pese a haber recibido medidas cautelares de embargo en 2013 y una orden de extinción de dominio en 2020.