
La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó de manera enérgica las amenazas de muerte contra la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, a la que un grupo armado al margen de la ley, en específico las disidencias de las Farc, le puso -al parecer- precio a su ‘cabeza’, según lo que comunicó el Gobierno nacional a la campaña de la congresista del Centro Democrático, que sorprendió al país con sus revelaciones.
Según la información dada por la propia aspirante de centroderecha, el caso contemplaría un plan de asesinato con un pago de 2.000 millones de pesos. Marín, en sus redes sociales, hizo un llamado urgente a reforzar la protección de la candidata y a coordinar acciones entre todas las autoridades, al igual que invitó al Ejecutivo a garantizar la integridad de los demás aspirantes en la contienda, prevista para el 31 de mayo.
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“Muy grave la información de amenazas en contra de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia del Centro Democrático. Toda nuestra solidaridad con la candidata y su campaña presidencial”, expresó Marín, frente a las amenazas que, según Valencia, provendrían de un supuesto frente 42 al mando de un personaje identificado como “Buche” o “Buchetula”, al que le habrían pagado la suma para ejecutar el crimen.
La funcionaria reiteró la necesidad de una acción coordinada. “Esta situación es inaceptable. Es crucial que todas las autoridades coordinen las medidas que sean necesarias para fortalecer la protección de la candidata, investigar los hechos e identificar a los responsables”, afirmó la defensora, en relación con estas informaciones, al punto de pedir “reforzar esfuerzos y medidas” al Ejecutivo frente a las intimidaciones.
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La defensora instó a que “todo el país y todas las candidaturas deben pronunciarse en contra de estos hechos”.
¿Cuál fue la denuncia de Paloma Valencia?
La alerta fue emitida el 27 de abril, cuando la candidata presidencial por el Centro Democrático declaró haber sido informada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director de la Policía Nacional, general William Rincón, de que un grupo narcoterrorista le había puesto “precio a mi cabeza”. Una denuncia que causó fuertes reacciones de los diferentes actores políticos.
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La candidata detalló que la información provino directamente del Gobierno, que autorizó su difusión. “La información que tenemos es que es el frente 42 de las Farc con un sujeto llamado Buche Tula, que le pagaron dos mil millones de pesos para que me asesine”, puntualizó Valencia, sin esclarecerse si hacía énfasis en la vieja estructura de la extinta guerrilla, que respondía al nombre de Manuel Cepeda Vargas.
La gravedad del hecho radica en la confirmación proveniente de la Casa de Nariño y lo que sería la magnitud de la misma. “Ya ponen precios”, advirtió Valencia, al remarcar que el plan se encuentra en manos de una estructura armada ilegal que opera en el suroccidente colombiano. “Aquí tienen una mujer valiente y que yo voy a liderar la conquista de la seguridad para que Colombia pueda vivir sin miedo”, respondió a este caso.
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Las amenazas contra Valencia se conocieron en medio de una campaña marcada por el debate sobre la seguridad y la llamada ‘Paz Total’, que sigue siendo política del actual jefe de Estado, Gustavo Petro. Por ello, la candidata, al referirse al contexto que rodea la amenaza, cuestionó la efectividad de esta estrategia, al considerar que “Colombia no puede seguir con un Gobierno que se ha hecho cómplice del narcoterrorismo”.
Y en respuesta a preguntas sobre el clima de la campaña y la seguridad de los candidatos, sostuvo que no busca victimizarse. “No vengo aquí a quejarme, ni a victimizarme… vengo a decirle a los colombianos que aquí tienen una mujer valiente”, reafirmó Valencia en sus declaraciones, que propiciaron una abierta crítica a la posición del Gobierno frente a los procesos de paz con estas organizaciones ilegales.
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