La Casa de Nariño endureció las reglas internas de comunicación del Gobierno nacional luego del episodio que tuvo como protagonista a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) —cercana en su momento al mandatario— y luego gerente del Fondo Adaptación, cuyas declaraciones ante medios generaron ruido dentro del alto Ejecutivo.
La instrucción presidencial llegó a ministros, directores de departamentos administrativos y gerentes de entidades del orden nacional. El eje del documento fija una línea única para la comunicación pública del Gobierno, con el propósito de evitar mensajes dispersos desde distintas dependencias y concentrar la palabra oficial en la Presidencia de la República.
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La decisión presidencial establece una jerarquía clara en la vocería del Estado; desde ahora, la intervención pública del Ejecutivo se concentra en el jefe de Estado, que asume la posición central para fijar los pronunciamientos oficiales en asuntos políticos, económicos, sociales e internacionales.
El documento, expedido por el mismo presidente Gustavo Petro, sostiene como principio la “unidad de mensaje, la coherencia institucional y la responsabilidad en la comunicación pública”.
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Gustavo Petro definió en la directiva que la representación comunicacional del Gobierno recae de forma exclusiva en su figura. “La vocería principal y oficial del Gobierno nacional será ejercida por el presidente de la República, quien fija las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales”, señala el texto.
Las nuevas directrices de comunicación en la Casa de Nariño
El margen de acción de los ministros y directores queda condicionado a un esquema de autorización previa; aunque conservan la posibilidad de hablar sobre sus sectores, la instrucción fija límites precisos sobre el alcance de sus declaraciones.
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“Los ministros y ministras, y los directores y directoras de Departamento Administrativo pueden ejercer vocería oficial en los asuntos propios de sus carteras, previa autorización expresa del presidente de la República”, establece la directiva. El documento añade que esas intervenciones deben mantener correspondencia estricta con la línea definida desde la Presidencia.
En la práctica, la comunicación del gabinete deja de operar como una suma de voces autónomas y pasa a depender de un filtro central. Para las entidades adscritas o vinculadas a la Rama Ejecutiva, la orden delimita la vocería a asuntos técnicos; los directivos pueden explicar decisiones operativas, pero no pueden asumir posturas políticas en nombre del Gobierno.
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“Los referidos servidores públicos en ningún caso podrán fijar posiciones políticas a nombre del Gobierno nacional sin autorización expresa del presidente de la República”, se lee en el documento oficial.
La Casa de Nariño también impone un sistema de coordinación obligatoria para toda comunicación pública que tenga impacto institucional. La Secretaría de Comunicaciones asume el papel de articulador de los mensajes oficiales.
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“Ningún funcionario de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional puede emitir declaraciones en nombre del Gobierno nacional sin la debida articulación previa con la mencionada dependencia de la Presidencia de la República”, se advierte en el texto.
Puntos centrales de la nueva instrucción del presidente Gustavo Petro
- El presidente de la República, Gustavo Petro, concentra la vocería oficial del Gobierno nacional.
- Los ministros y directores solo hablan sobre sus carteras con autorización previa del jefe de Estado.
- Las entidades del Ejecutivo limitan sus intervenciones a temas técnicos sin posiciones políticas.
- Todas las comunicaciones públicas mantienen coherencia, unidad y responsabilidad institucional.
- La Secretaría de Comunicaciones coordina y valida los mensajes oficiales del Gobierno.
La directiva deja ver un reordenamiento interno en la forma como el Ejecutivo comunica sus decisiones. El presidente Gustavo Petro asume un control más directo sobre las vocerías, mientras el resto del gabinete ajusta su intervención a un esquema centralizado que busca unificar el mensaje del Gobierno nacional.
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