En el contexto de la próxima implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes, tras la finalización del contrato con la compañía Thomas Greg & Sons y a pocos días de concluir el proceso de empalme, la Casa de la Moneda de Portugal divulgó un dato relevante.
Y es que la nueva licitación para la expedición y distribución de pasaportes quedó en manos de la Imprenta Nacional y su socio en Portugal por un valor de 1.3 billones de pesos, lo que despertó el malestar ciudadano y de entidades de control que interpusieron demandas para frenar el millonario contrato.
Sin embargo, según documentos obtenidos por el diario El Tiempo, la empresa portuguesa respondió a una de las demandas que cursan ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, asegurando que la suspensión de este acuerdo dejaría al país sin mecanismos para garantizar el servicio.
La Casa de la Moneda de Portugal respondió a la demanda sobre el convenio de pasaportes en Colombia defendiendo la legalidad de sus acciones y alertando que, si el Tribunal suspende el esquema actual, no existe un plan de respaldo que permita mantener la expedición del documento. La entidad afirmó que la paralización del proceso supondría un riesgo inmediato para millones de usuarios que deseen salir del país con un documento oficial.
El memorial de defensa, presentado el 21 de abril por el abogado Felipe de Vivero Arciniegas, sostiene que todas las actuaciones de la Casa de la Moneda de Portugal en conjunto con la Imprenta Nacional de Colombia cumplen la normatividad y no afectan el patrimonio público ni la moralidad administrativa. Además, rechazó que la contratación directa implique una vulneración de la libre competencia o una exlusión injustificada del sector privado.
La defensa, recogida por El Tiempo, considera que la demanda popular interpuesta por el ciudadano Nicolás Dupont se fundamenta en “meras conjeturas”. Agrega que no existe coherencia entre las peticiones del demandante y la medida cautelar a la que aspira, en especial en lo relativo a la presunta afectación a la libre competencia.
La entidad portuguesa detalló que no se presentaron pruebas de un daño real ni de un colapso en la expedición de pasaportes si se mantiene el convenio internacional. Por el contrario, resaltó que suspender el nuevo modelo podría provocar una interrupción nociva, ya que no hay claridad sobre cómo se continuaría prestando el servicio.
El argumento central de la Casa de la Moneda de Portugal es la carencia de un esquema alternativo en caso de que se ordene suspender el modelo vigente. La documentación judicial advierte que aplicar la medida cautelar generaría efectos inmediatos en la prestación del servicio, ya que no hay un procedimiento previsto para reemplazar el actual sistema de expedición de pasaportes.
“Todo lo contrario. Conceder la medida cautelar pone en verdadero riesgo el servicio, porque no hay un plan sustituto que sea procedente”, se lee en la respuesta de la Casa de la Moneda de Portugal.
La inversión estimada para el nuevo modelo asciende a 1,3 billones de pesos, cifra que, según la entidad portuguesa, cumple con toda la legislación vigente. Sin ese esquema, Colombia enfrentaría dificultades sin precedentes para emitir pasaportes y podría desencadenarse una crisis en la prestación del servicio.
A la acción popular actualmente en revisión se suma una demanda de la Procuraduría General de la Nación, que busca anular el convenio internacional de pasaportes. En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el magistrado José Élver Muñoz investiga el cumplimiento del requisito mínimo de financiación en el acuerdo, pues, según la Procuraduría, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda habrían aportado solo un 21% del valor total.
El tribunal solicitó apoyo internacional, requiriendo a la Procuraduría la tramitación de una carta rogatoria para conocer la versión oficial de Portugal respecto al proceso.
El debate involucra a figuras como el presidente Gustavo Petro, quien impulsó la exclusión de Thomas Greg del proceso, y a funcionarios de alto nivel investigados, entre ellos los excancilleres Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y el exjefe de despacho presidencial Alfredo Saade, por decisiones relacionadas con el nuevo modelo de pasaportes.
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