Enrique Vives, condenado por atropellar a seis jóvenes cerca a Santa Marta, reapareció en acto de campaña de Abelardo de la Espriella y desató una oleada de críticas

El abogado Abelardo de la Espriella no solo se ha caracterizado por ser uno de los aspirantes a tener en cuenta en las elecciones presidenciales de Colombia sino por sus polémicas apariciones con varios personajes involucrados en escándalos y procesos judiciales.

El caso más reciente ocurrió durante su recorrido por la ciudad de Santa Marta, en la que no solo compartió con los habitantes de la capital del departamento de Magdalena, sino que se le observó en varias reuniones con dirigentes políticos y empresariales de la región.

Uno de ellos fue Enrique Vives Caballero, empresario samario que había sido condenado a 7 años y 6 meses de prisión domiciliaria por atropellar y causar la muerte de seis jóvenes e herir a un menor durante la madrugada del 13 de septiembre de 2021 en el sector de Gaira, en Santa Marta.

En un video difundido por medios locales, se le observa al procesado por la justicia cerca al aspirante presidencial, en la que aparentemente estarían conversando sobre sus propuestas para el departamento colombiano.

La reaparición de Vives Caballero generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Varios internautas cuestionaron al candidato del movimiento Defensores de las Patria, al considerar que estaría revictimizando a los afectados del accidente de tránsito.

Así mismo, otros usuarios rememoraron sus apariciones públicas en calidad de abogado cuando era defensor de diferentes personajes públicos como David Murcia Guzmán.

Investigación contra Enrique Vives Caballero

Los hechos por los que el empresario samario Enrique Vives Caballero fue condenado por la justicia ocurrieron la noche del 13 de septiembre de 2021.

La condena responde a un accidente ocurrido en la Troncal del Caribe, donde el empresario circulaba con grado tres de alcoholemia, y en la que arrolló a seis jóvenes que circulaban por la vía nacional.

Las víctimas fueron identificadas como Rafaela Petit, María Camila Martínez, Camila Romero, Leonir Romero, Laura Valentina De Lima y Juan Diego Álzate. En el siniestro vial, sobrevivió el joven Brian José Áñez que, para la época de los hechos, era menor de edad.

Tras el accidente, y ante la denuncia de la Policía de negarse a practicarse el examen, fue trasladado a centros médicos por supuestos quebrantos de salud. Allí tuvo sus primeras audiencias, pero en ese momento, la jueza del caso advirtió dificultades para avanzar en las diligencias por cambios de lugar, demoras y problemas logísticos.

Inicialmente, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio con dolo eventual, delito que contempla penas de hasta 37 años de prisión. Pese a que el proceso continuó con normalidad, esa imputación no prosperó, por lo que finalmente fue acusado por homicidio culposo agravado.

En mayo de 2022, el empresario logró un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación al aceptar su responsabilidad en el delito anteriormente mencionado, por lo que su condena final fue de 92 meses (7 años y 6 meses) de prisión domiciliaria.

Para obtener el beneficio del preacuerdo, Vives Caballero admitió responsabilidad bajo la modalidad culposa y agravada, y asumió el compromiso de abstenerse a futuro de conducir bajo el efecto del alcohol.

La decisión judicial no solo dictaminó la condena de Vives Caballero, sino que abrió un debate nacional sobre los alcances de la reparación económica a las víctimas y los efectos jurídicos de los acuerdos entre las partes.

La cifra desembolsada para la indemnización total fue de $1.715 millones de pesos, pagados por la aseguradora del vehículo de Vives Caballero a los familiares de los seis jóvenes fallecidos y al menor que sobrevivió al hecho. Este monto se distribuyó conforme a la evaluación de cada núcleo familiar.

Para que las familias recibieran la indemnización correspondiente, se les exigió firmar documentos aceptando el desembolso. Con esta aceptación, consintieron que la Fiscalía rebajara la calificación del delito de dolo eventual a homicidio culposo, lo que derivó en una reducción sustancial de la pena para Vives Caballero y permitió que la condena se cumpliera en el domicilio del empresario.

La propuesta indemnizatoria a las víctimas resultó fuente de controversia y desacuerdo. Los familiares de los jóvenes fallecidos recibieron el dinero en 2022, pero la reparación del menor sobreviviente, Brian José Áñez, se demoró debido a la complejidad de sus evaluaciones médicas.

La aseguradora, según consta, ofreció una indemnización de solo $65 millones de pesos, suma que la defensa calificó como “ridícula”, dada la gravedad de los daños físicos y psicológicos padecidos por el adolescente.