El Ejército Nacional de Colombia divulgó un comunicado en el que reconoció la presencia de miles de mineros ilegales en la finca La Mandinga, un terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), colindante con el Batallón de Infantería No. 31 Rifles en Caucasia, Antioquia.
Desde la institución castrense la ocupación ilegal del área por entre 2.000 y 2.500 personas dedicadas a la explotación aurífera, que carecen de título y protección legal. Según el comunicado, la actividad minera ha provocado un daño ambiental severo e irreversible en la región.
De igual modo, la autoridad militar aseguró que desde 2022 reportó ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación los daños causados por la minería ilegal y comunicó su compromiso con la legalidad y la protección del medio ambiente.
La nota oficial detalló que, desde entonces, se han realizado más de 20 intervenciones directas, que incluyeron la destrucción de maquinaria y equipos empleados en la actividad ilícita.
La Séptima División del Ejército Nacional enfatizó que continuará ejecutando operaciones interinstitucionales y ofensivas contra todos los grupos al margen de la ley que atentan contra la seguridad regional y financian su actividad criminal mediante la minería ilegal.
Además, anunciaron la presentación de nuevas acciones penales contra quienes sean encontrados realizando actividades ilícitas en los límites de la unidad militar.
De acuerdo con el comunicado del Ejército, las operaciones legítimas en la zona provocaron reacciones violentas de quienes se benefician de la minería ilegal, incluidas asonadas y bloqueos en la vía Troncal de Occidente. La institución advirtió que estos hechos serán investigados y judicializados.
Investigación internacional revela detalles de la operación ilegal
La admisión del Ejército sucedió tras la publicación de un reportaje de The New York Times, elaborado por el fotoperiodista Federico Ríos, que documentó la existencia de una operación minera de gran escala en terrenos colindantes a la base militar de Caucasia. El reportaje expuso que la mina, denominada La Mandinga, estaría bajo control del Clan del Golfo y funcionaría como fuente de financiación para esa estructura criminal.
Según la crónica de The New York Times, la explotación ilegal se desarrolla tan cerca de la base militar que no existe una división física entre la mina y las instalaciones del Ejército.
El reportaje incluyó testimonios de mineros que aseguraron operar dentro del perímetro militar y evidencias visuales obtenidas con drones, donde se observan trabajadores utilizando mangueras de alta presión en zonas boscosas correspondientes a terrenos estatales.
Durante una visita acompañada por el periodista, el comandante de la base, coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente la extracción de oro en predios militares. Sin embargo, tras recorrer el área y constatar la situación, el oficial reconoció la existencia de la actividad e impartió la orden de desalojo. En ese operativo, soldados destruyeron equipos y maquinaria, en una acción que desató enfrentamientos y resistencia por parte de los mineros.
El reportaje internacional también señaló que el oro extraído alimenta redes de financiamiento del Clan del Golfo y que, con base en la investigación, parte del metal habría alcanzado la Casa de la Moneda de Estados Unidos, pese a las restricciones legales para la compra de oro de origen extranjero.
El contexto institucional y la respuesta del Gobierno
La publicación de The New York Times motivó pronunciamientos de autoridades nacionales. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que en 2026 el Gobierno ha intervenido unas 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas, superando en 40% los resultados del 2025. Sánchez reiteró que no se tolerarán omisiones ni vínculos entre miembros del sector defensa y economías criminales.
El funcionario anunció la apertura de investigaciones inmediatas para esclarecer los hechos y la adopción de medidas firmes frente a cualquier irregularidad. “Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley”, declaró Sánchez a través de X.
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