
Iris Marín, actual defensora del pueblo de Colombia, expresó su rechazo ante una escalada de ataques con artefactos explosivos que se registraron en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.
En una publicación hecha en su cuenta de X, la funcionaria exigió una respuesta integral y anticipatoria a la violencia, instando tanto al Gobierno nacional como a las autoridades territoriales a actuar con base en los diagnósticos y recomendaciones de las alertas tempranas emitidas por la entidad oficial.
Así mismo, enfatizó que los recientes atentados contra instalaciones militares y policiales en el Valle del Cauca, así como a los hechos de violencia registrados en el Cauca, configuran un escenario preocupante para la seguridad regional.
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“Muy preocupante la escalada de ataques con artefactos explosivos en el departamento del Valle (...) rechazamos los hechos y manifestamos solidaridad con el pueblo vallecaucano y con la Fuerza Pública”, escribió Marín en sus redes sociales.

De igual manera, la defensora del pueblo envió una petición a los grupos armados ilegales que estarían involucrados en estos hechos de violencia para que, en sus palabras, se detengan sus acciones y garanticen la vida tanto de los militares y policías como de la población en general.
“Pedimos a los grupos armados cesar de inmediato los ataques para evitar un escalamiento de la violencia (...) al Gobierno nacional y territoriales recoger en sus análisis el diagnóstico y recomendaciones de las alertas tempranas”, comentó.
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A su vez, Marín hizo hincapié en la necesidad de abordar la situación desde un enfoque estructural. “Las alertas vigentes en los que se enmarcan estos hechos son de los últimos dos años. No se trata solo de la respuesta de la Fuerza Pública, quien ahora está enfrentando más directamente las consecuencias. Hace falta una aproximación integral de prevención, justicia, paz, seguridad y desarrollo integral”, recalcó.

Por último, la titular de la Defensoría del Pueblo realizó una síntesis de su postura al indicar que la respuesta de las autoridades no puede limitarse a la reacción inmediata.
“Si queremos reversar esta situación, es necesaria la atención oportuna de las recomendaciones de las alertas desde una mirada de prevención estructural y no solo reactiva”, puntualizó.
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Violencia en el occidente de Colombia
El 24 de abril de 2026 se registraron atentados simultáneos contra el Batallón Pichincha en Cali y el Batallón de Ingenieros N.º 3 Agustín Codazzi en Palmira (Valle del Cauca).
Además, en la madrugada del 25 de abril se produjo una explosión dirigida a la subestación de policía del corregimiento de Potrerito, en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).

Igualmente, el Ejército Nacional de Colombia frustró un ataque con explosivos que iba dirigido contra el radar de navegación aérea de Santana, en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca.
Del mismo modo, la institución castrense evitó un ataque con dron explosivo en el Cantón Militar José Hilario López en Popayán, lo que redujo el riesgo para los ocupantes del cantón y para los habitantes de la zona, evitando cualquier afectación tanto a la infraestructura militar como a la población.
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Consejo de seguridad
Ante esta situación, el Ministerio de Defensa Nacional y la cúpula militar se trasladaron al municipio de Jamundí (Valle del Cauca) para realizar un consejo extraordinario de seguridad, con el propósito de brindar garantías a los habitantes del suroccidente colombiano.
Inicialmente, el ministro de Defensa Pedro Sánchez reveló que Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon (cabecilla de las disidencias de las Farc en el Pacífico colombiano), sería uno de los presuntos responsables de las acciones violentas que se presentaron en el Valle del Cauca.
“No hay espacio para el miedo. Los criminales buscan generar temor, pero respondemos con firmeza: no vamos a permitir que alteren la tranquilidad ni los avances en seguridad que hemos consolidado”, mencionó el jefe de cartera en su cuenta de X, añadiendo que por ese sujeto se tiene una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos por su captura.
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Por su parte, el General Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, anunció el despliegue inmediato de unidades para evitar nuevas alteraciones al orden público.
“No cederemos ni un ápice ante el terrorismo ni ante las estructuras criminales que buscan desestabilizar la región suroeste del país”, afirmó el alto mando militar en un mensaje publicado en la misma red social.

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