Atentado con explosivo en la vía Panamericana dejó al menos seis civiles heridos, incluido un menor, en Mercaderes, Cauca

Un nuevo hecho de violencia sacudió la madrugada de este sábado 25 de abril en el suroccidente de Colombia, luego de que un atentado con explosivos se registrara en la vía Panamericana, a la altura del sector de Pan de Azúcar, en el municipio de Mercaderes, Cauca.

La activación de un artefacto al borde de la carretera dejó al menos seis civiles lesionados, entre ellos un menor de edad.

De acuerdo con información preliminar por medios regionales como Meridiano, la explosión ocurrió hacia la 1:00 a. m. en un tramo clave que conecta los departamentos de Cauca y Nariño, específicamente entre los sectores de Mojarras, Remolino y Pan de Azúcar.

En ese momento transitaba un vehículo de servicio público intermunicipal que resultó afectado por la onda explosiva.

Testigos reportaron que se escucharon al menos dos detonaciones en la zona, una de las cuales quedó registrada en video.

Según el medio citado, entre los heridos se encuentran cinco pasajeros y el conductor del vehículo, que sufrió lesiones de mayor gravedad. Todos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica.

El ataque generó pánico entre habitantes y transportadores que dependen de este corredor vial, considerado estratégico para la movilidad y el comercio en el suroccidente del país.

La vía Panamericana es uno de los principales ejes de conexión terrestre, por lo que este tipo de acciones impacta directamente la economía regional.

Frente a lo ocurrido, el gobernador del Cauca señaló al medio Meridiano que el atentado podría estar relacionado con retaliaciones de grupos armados ilegales tras recientes operativos de la Fuerza Pública en la zona.

Asimismo, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para reforzar las medidas de seguridad y garantizar la protección de la población civil.

También pidió fortalecer la coordinación institucional para evitar nuevos ataques en este corredor estratégico.

Este hecho se suma a una serie de ataques recientes que han elevado la tensión en el suroccidente colombiano.

Horas después, en la zona rural de Jamundí, se registró otro incidente cuando presuntos integrantes de estructuras armadas ilegales lanzaron un artefacto explosivo contra una subestación de Policía en el corregimiento de Robles. Aunque la detonación no dejó víctimas, sí generó temor entre los habitantes, que a esa hora iniciaban sus actividades diarias.

De acuerdo con información oficial, el explosivo cayó en un lote contiguo a la instalación policial, lo que evitó consecuencias mayores.

Sin embargo, tras la detonación se produjo un breve hostigamiento armado en la zona, que fue controlado por la reacción de la Fuerza Pública. Las autoridades convocaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y definir nuevas acciones de contención.

La escalada de violencia también se ha hecho evidente en ciudades como Cali y Palmira, donde en las últimas horas se registraron ataques con vehículos cargados con explosivos cerca de instalaciones militares. Estos hechos dejaron a una persona civil herida y daños materiales, aumentando la preocupación de las autoridades locales.

Desde la Gobernación del Valle del Cauca se advirtió sobre una intensificación de la violencia en la región y se pidió un mayor respaldo del Gobierno nacional para enfrentar la situación.

Las autoridades insistieron en la necesidad de fortalecer la inteligencia, aumentar el pie de fuerza y ejecutar acciones contundentes contra las estructuras responsables.

Según reportes oficiales, la autoría de varios de estos atentados estaría vinculada a grupos disidentes de las antiguas Farc, particularmente estructuras que operan entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Estas organizaciones han incrementado su presencia en zonas rurales y, en algunos casos, han extendido su accionar hacia áreas urbanas, lo que agrava el panorama de seguridad.

Habitantes de sectores afectados han manifestado su preocupación por la frecuencia de estos hechos, señalando que la población civil queda en medio de la confrontación armada.

En zonas rurales, los hostigamientos contra la Fuerza Pública suelen desarrollarse cerca de viviendas y centros poblados, aumentando el riesgo para la comunidad.