La Contraloría General de la República intensificó su vigilancia sobre la venta del 32,5% de la participación estatal en Movistar Colombia, una operación estimada en al menos $856.000 millones que transformará la estructura de uno de los principales actores del sector de las telecomunicaciones en el país.
El proceso, articulado tras la toma de control mayoritario por parte de Millicom Colombia Holding S.A.S. (Tigo) ocurrida en febrero de 2026, marca un hito fiscal y estratégico, pues los recursos fruto de esta transacción se consideran clave para avanzar en el cierre de la brecha digital en Colombia, según lo informado por el ente de control.
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El organismo ordenó a los ministerios de Hacienda y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que entreguen, de manera detallada, información sobre el destino final que tendrán los fondos derivados de la venta.
Esta solicitud, que antecede la subasta prevista para el viernes 24 de abril de 2026 y el cierre oficial del proceso el día 29 de abril, profundiza el escrutinio público sobre los criterios de asignación presupuestal y la transparencia en la operación.
El precio de referencia para la subasta se fijó en $772,38 por acción, dato relevante dado que solo un interesado, Tigo, fue admitido como inversionista precalificado luego de un proceso de precalificación que cerró el 31 de marzo, de acuerdo con el cronograma difundido por la Contraloría General de la República.
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La vigilancia fiscal se materializa en un seguimiento estricto que no solo apunta a la enajenación del activo financiero, sino a su impacto en el desarrollo sectorial.
El Ministerio de Hacienda indicó, según la Contraloría, que los recursos obtenidos ingresarían al presupuesto nacional y se destinarían, en vigencias futuras, a inversiones estratégicas que prioricen el avance de la conectividad y el fortalecimiento del capital humano digital.
El órgano de control remarcó la relevancia de este enfoque al citar el Índice de Brecha Digital 2024, que establece una mejora del 12,7% respecto a 2018 y ubica el índice nacional en 0,384, pero advierte que el 34,7% de esa brecha todavía proviene de la insuficiencia en habilidades digitales, una limitación que trasciende la infraestructura.
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De acuerdo con el cronograma oficial divulgado por la Contraloría, el proceso de venta de las acciones estatales comenzó con la adjudicación de 3.000 acciones a destinatarios de condiciones especiales en la primera etapa.
Posteriormente, la segunda fase incluyó el proceso de precalificación, que tras recibir un único interesado —Millicom Colombia Holding S.A.S. (Tigo)— llevó a su declaración como inversionista precalificado. Actualmente, los documentos de oferta y las subsanaciones se encuentran en verificación, mientras la subasta y el cierre de la operación marcan el calendario sectorial del mes de abril.
La Contraloría comunicó que la empresa seguirá bajo control fiscal siempre que existan recursos públicos comprometidos. La vigilancia, según lo expresado por el órgano de control a través de comunicados oficiales, también incluye el análisis de la valoración del activo estatal, el ingreso de los recursos al Tesoro Nacional y la continuidad en la prestación del servicio de telecomunicaciones, aspectos contemplados en el Decreto 1481 de 2025.
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El seguimiento fiscal tiene como objetivo que los $856.000 millones derivados de la operación coadyuven no sólo al desarrollo del sector, sino prioritariamente al cierre de la brecha digital.
El análisis institucional establece que, si bien Colombia ha mejorado en indicadores de conectividad, persisten desafíos estructurales que exigen invertir en formación tecnológica y herramientas de apropiación digital para la ciudadanía.
La Contraloría subrayó que la eficiencia y el beneficio social del uso de estos fondos deben ser evaluados en función del impacto concreto en el acceso, la alfabetización y el aprovechamiento de la tecnología.
Por mandato del ente de control, los ministerios responsables deberán mostrar que la asignación y la gestión de los recursos cumplen los principios de transparencia y salvaguardan el patrimonio público.
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La operación, al tratarse de la venta del porcentaje accionario estatal remanente en Movistar Colombia, no solo representa un movimiento financiero relevante, sino que redefine la intervención estatal en el sector de telecomunicaciones en una coyuntura marcada por el tránsito hacia la digitalización nacional.
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