Alias Douglas pidió prisión domiciliaria tras la polémica por privilegios a capos en la cárcel de Itagüí

La situación judicial y de salud de José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como alias Douglas, volvió a poner en el centro del debate el manejo penitenciario y los alcances de la política de paz urbana del Gobierno.

El capo, recluido desde 2009, solicitó nuevamente el beneficio de prisión domiciliaria alegando un grave deterioro en su estado físico, mientras se conocen detalles de privilegios otorgados a cabecillas en la cárcel de Itagüí en medio de las conversaciones con el Ejecutivo, de acuerdo con El Tiempo.

Desde el pasado 21 de abril, Muñoz Martínez permanece hospitalizado bajo custodia del Inpec tras ser trasladado desde la cárcel de Itagüí por un cuadro de neumonía asociado a fibrosis pulmonar.

Su condición clínica, según certificaciones médicas presentadas por su defensa, es compleja: además de las afecciones respiratorias, padece una enfermedad coronaria, diabetes avanzada y recientemente fue sometido a procedimientos relacionados con cáncer, lo que ha derivado en un tratamiento con células madre.

Con base en este panorama, sus abogados acudieron nuevamente ante un juzgado de ejecución de penas de Medellín para insistir en la prisión domiciliaria.

Argumentan que la permanencia en un centro carcelario pone en riesgo su vida y que su condición requiere cuidados especializados permanentes. No obstante, una solicitud similar ya había sido negada en febrero, lo que anticipa un escenario jurídico complejo para el interno.

Mientras se resuelve su petición, el caso de alias Douglas se cruza con la controversia por los beneficios otorgados a líderes criminales recluidos en Itagüí.

Según información revelada por Semana, en el proceso de los acercamientos impulsados por el Gobierno de Gustavo Petro con estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, se habrían autorizado condiciones especiales para algunos internos considerados voceros del proceso.

Entre estos beneficios se mencionan la flexibilización de visitas familiares, especialmente los días miércoles, así como el ingreso de alimentos y mercados para los reclusos identificados como cabecillas.

Estas medidas habrían sido discutidas en reuniones sostenidas en abril con representantes del Gobierno, entre ellos estarían el comisionado de paz Otty Patiño y la senadora Isabel Zuleta.

La revelación de estos privilegios se da en medio de un ambiente de alta tensión tras el escándalo de una celebración musical dentro del penal, que incluyó la participación del cantante vallenato Nelson Velásquez y la presencia de varios internos de alto perfil.

El episodio derivó en cuestionamientos sobre el control estatal en las cárceles y llevó a la suspensión temporal de la mesa de diálogo penitenciaria.

Alias Douglas, quien ha sido reconocido oficialmente como vocero en el proceso de paz urbana, no ha participado directamente en las conversaciones recientes debido a su hospitalización. Sin embargo, sigue siendo considerado una figura clave en la interlocución entre el Estado y las estructuras criminales de Medellín.

En paralelo, el capo emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos que lo vinculan como jefe activo de organizaciones como La Terraza o la denominada Oficina de Envigado.

En el documento, sostiene que no existe evidencia judicial que respalde dichas afirmaciones y que su papel actual se limita a facilitar el diálogo para el sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales.

Muñoz Martínez cumple una condena de 32 años por el secuestro de Margarita Socarrás en Barranquilla en 2008.

Según registros judiciales tomados por los medios citados, ya ha cumplido más de las tres quintas partes de su pena, lo que ha sido uno de los argumentos recurrentes de su defensa para solicitar beneficios.

A pesar de ello, las autoridades han negado en repetidas ocasiones su traslado a domicilio, señalando la gravedad de sus delitos y su perfil criminal.

El Inpec, por su parte, ha mantenido bajo reserva la ubicación exacta del centro médico donde se encuentra hospitalizado. La entidad ha reiterado que el interno continúa bajo estricta vigilancia y que su situación jurídica no ha cambiado: sigue privado de la libertad y no ha recibido autorización para cumplir su condena fuera de prisión.