Petro pidió a Enel devolver la plata a los usuarios que tuvieron sobrecostos en la factura de energía: la empresa fue multada con $2.847 millones

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos contra Enel Colombia y pidió que la empresa devuelva a los usuarios el dinero que, según el Gobierno, se cobró de más por el aumento en el precio de la energía.

La Superintendencia confirmó una multa de $2.847 millones contra Enel por irregularidades detectadas en las ofertas de precio de energía desde la Central Hidroeléctrica Betania, que la empresa fue una de las principales responsables del aumento de la inflación registrado en marzo. “Efectivamente el mayor responsable del crecimiento de la tasa de inflación del mes de marzo fue Enel y no el salario vital”, escribió el mandatario.

La afirmación se basa en la investigación de la Superintendencia, que concluyó que la hidroeléctrica Betania, operada por Enel, presentó ofertas de precios elevadas que no correspondían con sus costos reales de operación, pese a que el embalse estaba lleno y tenía capacidad suficiente para generar energía más barata.

Petro fue más allá y afirmó que el impacto se sintió directamente en Bogotá. “La empresa Enel distorsionó el precio de bolsa de la energía eléctrica e hizo subir el precio de la generación eléctrica para Bogotá un 9% en un solo mes”, escribió.

El presidente también señaló que existe un problema estructural por la participación de la misma empresa en varias etapas del negocio energético. Explicó que Enel no solo genera energía en el país, sino que también la distribuye y comercializa en Bogotá, lo que, según su postura, puede facilitar un manejo que termine elevando los precios.

“Una distribuidora puede hacer subir el precio de la generación de la misma empresa dueña tanto de la generación como de la distribución y comercialización y establece un precio de monopolio muy por encima de los costos reales”, afirmó.

En ese mismo mensaje pidió la intervención de otra autoridad. “La Superintendencia de Industria y Comercio debe actuar para romper el monopolio prohibido por la Constitución”, escribió.

Petro también anunció que solicitó acciones internacionales frente a este caso y vinculó a la embajadora de Colombia en Italia, teniendo en cuenta el origen del grupo empresarial.

“Le pido a la embajadora colombiana en Italia iniciar acciones bajo las leyes italianas y europeas de lo que significa este atraco al bolsillo de los colombianos”, señaló.

Sin embargo, el punto central de su pronunciamiento fue la devolución del dinero a los usuarios que habrían asumido ese mayor costo en sus facturas. “Solicito oficialmente a la empresa Enel del grupo EEB devolver el sobrecosto cobrado a los usuarios de energía en la próxima factura”, escribió el mandatario.

La petición apunta a que ese ajuste se vea reflejado directamente en el siguiente recibo de luz, especialmente para los usuarios de Bogotá, donde Enel presta el servicio de distribución y comercialización.

Según la entidad, esa decisión produjo una “desconexión de la realidad operativa”, porque la planta ofertó como si fuera más costosa de lo que realmente era. Eso hizo que quedara por fuera del despacho económico y que entraran plantas térmicas más caras para cubrir la demanda.

Como consecuencia, la Superintendencia señaló que “el precio de bolsa real fue superior al precio que se habría formado en un escenario de competencia eficiente”, lo que terminó afectando los costos del sistema eléctrico y, en última instancia, el bolsillo de los usuarios.

La Superintendencia explicó que durante el periodo evaluado Betania operaba con “niveles de embalse cercanos a su cota máxima” e incluso realizaba vertimientos, por lo que debía ofrecer energía a menor precio.

En cambio, ofertó valores comparables con los de plantas térmicas, más costosas, lo que alteró el orden normal del mercado. En otras pañabras, una planta que podía producir energía barata terminó ofertando como si fuera cara, el sistema compró energía más costosa y eso pudo terminar reflejándose en el valor que pagan los hogares.

Ahora, además de la multa de $2.847 millones, el debate se centra en si habrá devolución de dinero para los usuarios y si otras autoridades abrirán nuevas actuaciones sobre el caso.