El presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente las declaraciones del registrador nacional Hernán Penagos sobre la confidencialidad del código fuente del software electoral, reclamando que la transparencia y la propiedad estatal de estos sistemas son indispensables para garantizar la integridad de los comicios en Colombia.
Aludiendo a precedentes judiciales, Petro advirtió que la falta de supervisión y el manejo reservado del software por parte de empresas privadas exponen el proceso electoral a riesgos significativos, por lo que solicitó medidas concretas para proteger el derecho al voto ciudadano.
El mandatario recurrió a sus redes sociales para refutar los argumentos esgrimidos por Hernán Penagos, que afirmó que revelar el código fuente pondría en peligro la seguridad del sistema.
“Esto que dice el registrador Penagos es mentira”, señaló Petro. Argumentó que “en el mundo la mayoría de países no tienen softwares con códigos fuente privados, sino que son propiedad de los estados”.
En el mismo pronunciamiento, Petro citó una decisión del Consejo de Estado adoptada en 2018, que, según él, ordenó el manejo público del software electoral.
Denunció que, desde entonces, “todos los registradores hasta el día de hoy han descartado la justicia”, al mantener el código bajo reserva.
El jefe de Estado consideró que esta situación, vigente desde hace seis años, obstaculiza la auditoría transparente del sistema de votación.
En un apartado clave, el presidente señaló que “mantienen en la registraduría el código fuente secreto y en manos de firma privada con dueños procesados en Estados Unidos por estafa bancaria y no es auditable ni por la registraduría”. Petro añadió que la autoridad electoral “no ha aprendido de eso cuando es su deber”.
Según las declaraciones de Petro, “nadie audita de manera experta el software electoral de los hermanos Bautista y, presumiblemente, se afirma que tienen tres disponibles para el uso, dependiendo” de factores no especificados por el mandatario.
El presidente subrayó que “eso no se llama transparencia electoral y no da garantías a la libertad del voto ciudadano”.
Esta denuncia apunta a la imposibilidad de verificar técnicamente el correcto funcionamiento del software utilizado en las elecciones. De acuerdo con el propio Petro, la supervisión independiente no es viable mientras la propiedad y el control sigan en manos privadas, especialmente cuando existen antecedentes judiciales contra los titulares de la firma responsable.
En respuesta a la situación, el presidente propuso ampliar la vigilancia sobre el proceso electoral mediante la movilización ciudadana. “Solo con dos millones de testigos electorales podemos impedir un posible fraude”, afirmó Petro en su comunicación pública. Así, instó a fortalecer los mecanismos de control social para garantizar el respeto a la voluntad popular.
De acuerdo con el jefe de Estado, la única vía para blindar la transparencia y proteger la legitimidad de las elecciones es que el Estado colombiano asuma la titularidad del código fuente, permitiendo auditorías expertas y otorgando acceso a todas las partes interesadas bajo supervisión institucional.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro intensifican el debate en Colombia sobre la titularidad y seguridad del software electoral, así como sobre la responsabilidad de la Registraduría Nacional frente a la confianza ciudadana en los procesos democráticos, situación que permanece sin cambios significativos desde la orden emitida por el Consejo de Estado en 2018.
El registrador advierte sobre riesgos por entrega del código fuente electoral
El registrador Hernán Penagos alertó el jueves 23 de abril sobre los “altísimos riesgos” relacionados con la posible entrega del código fuente del software de preconteo y escrutinio de votos.
El funcionario señaló que el pedido del presidente Gustavo Petro de entregar el código —basado en preocupaciones sobre un potencial fraude— implicaría elevar de manera significativa las amenazas a la seguridad del proceso electoral.
De acuerdo con Penagos, la divulgación total del código habilitaría la creación de versiones fraudulentas y facilitaría ataques dirigidos a vulnerar los controles técnicos ya establecidos, como explicó en una declaración recogida durante la jornada: “Permitirá que malintencionados diseñen ataques a la lógica de ese código fuente, generando alteraciones al mismo”, sostuvo el registrador.
El funcionario amplió que la exposición en salas de auditoría, práctica prevista para las próximas dos semanas, permite una revisión ciudadana bajo control, pero entregar el código agrava la vulnerabilidad y la posibilidad de evasión en medidas de seguridad.
Penagos añadió que ninguna nación democrática de Latinoamérica suministra abiertamente este tipo de programas a la ciudadanía: “La entrega del código fuente no se lleva a cabo en ninguna nación democrática en Latinoamérica. Los riesgos en materia de vulnerabilidad y de ataques a ese código son altísimos”, enfatizó el registrador.
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