Medio año después de que mismo presidente Gustavo Petro informara al país sobre un procedimiento irregular cometido por las Fuerzas Militares en el municipio de Frontino, en Antioquia, la Fiscalía General de la Nación confirmó la primera condena por la tortura y asesinato de un campesino.
El procedimiento se aplicó contra un oficial del Ejército Nacional de Colombia por graves violaciones a los derechos humanos. El teniente Leider Ortiz Ortiz aceptó su responsabilidad en los delitos de tortura y homicidio agravado contra el joven, ocurridos en octubre de 2025.
El caso se resolvió luego de que el militar suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Un juez penal especializado validó el acuerdo y dictó una sentencia de 20 años y dos meses de prisión por tortura, homicidio y desaparición forzada.
La víctima, un hombre de 27 años con discapacidad cognitiva identificada como Esneider Flórez Manco, fue retenida bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal.
Según la información revelada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la retención ocurrió en una base militar de Frontino. Allí, la víctima fue sometida durante cinco horas a tratos crueles: fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol dentro de las instalaciones militares.
El desenlace resultó fatal cuando el hombre murió en un baño de la guarnición. Posteriormente, el cuerpo fue envuelto en una hamaca y trasladado al helipuerto oficial, desde donde lo arrojaron al río El Cerro. Las autoridades hallaron el cadáver tres semanas después y lo remitieron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La investigación determinó la responsabilidad directa del teniente Ortiz Ortiz en los hechos. El proceso judicial incluyó el testimonio de los funcionarios responsables de la pesquisa, quienes lograron reconstruir la secuencia de maltratos y el ocultamiento posterior del cuerpo.
En este caso, además del oficial condenado, otros uniformados enfrentan procesos judiciales y medidas privativas de la libertad. Entre ellos figuran el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.
La decisión judicial responde a una investigación en la que se documentaron los hechos y la participación de varios miembros del Ejército Nacional en actos de tortura, homicidio y desaparición forzada.
Cronología de los hechos y la investigación judicial
El hallazgo del cuerpo de Esneider Flórez Manco en el río El Cerro, tres semanas después de su desaparición, marcó el desenlace de uno de los episodios más cruentos registrados en la base militar Antorcha, del municipio de Frontino, Antioquia.
Los forenses de Medicina Legal confirmaron que la causa de la muerte fueron las torturas infligidas por miembros del Ejército Nacional, quienes finalmente arrojaron el cadáver al afluente.
El 7 de octubre de 2025, tropas adscritas al Batallón de Infantería Nº. 32 ‘General Pedro Justo Berrío’ retuvieron a Flórez Manco —un joven campesino de 27 años con discapacidad cognitiva— cerca de la unidad militar. Desde ese momento, según las investigaciones de la Fiscalía, comenzó un calvario de cinco horas en el que fue sometido a tratos crueles e inhumanos.
Durante esas horas, los soldados desnudaron, amarraron, golpearon y colgaron de un árbol a la víctima. El juez encargado del caso reconstruyó que el joven murió finalmente en un baño de la base, tras las agresiones de los uniformados. Luego, el cuerpo fue envuelto en una hamaca y trasladado hasta el helipuerto, donde decidieron deshacerse de él lanzándolo al río.
El caso de Esneider Flórez Manco involucró a nueve integrantes del Ejército, quienes fueron capturados al día siguiente de los hechos. La Fiscalía General de la Nación determinó que, además de cometer el homicidio, los militares buscaron encubrir su acción, omitiendo el reporte a sus superiores y tratando de desaparecer el cuerpo.
Los militares implicados habían intentado justificar la detención señalando al campesino como supuesto integrante de una estructura ilegal. No obstante, esa versión fue descartada en sede judicial, donde se demostró que la víctima no tenía vínculos con organizaciones criminales.
El presidente Gustavo Petro expresó públicamente la gravedad de lo sucedido, exigiendo transparencia en las investigaciones y dando a conocer la información proporcionada por las fuerzas militares. El silencio inicial del comandante de la base agravó la situación, pues no reportó oportunamente lo ocurrido.
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