El gobierno de Gustavo Petro ordenó a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transferir $25 billones de ahorros individuales a Colpensiones, en un plazo máximo de 30 días, con el objetivo de solucionar el desajuste financiero del sistema y limitar el impacto futuro sobre la economía real.
La instrucción quedó plasmada en el Decreto 0415 de 2026, cuya aplicación implica una reestructuración acelerada de los flujos de capital en uno de los sectores más relevantes del mercado colombiano, según publicó Asofondos durante su XIX Congreso.
El documento, firmado en coincidencia con el congreso gremial en Cartagena, introduce una serie de obligaciones directas para las AFP frente a la transferencia masiva de recursos y el traspaso de los rendimientos obtenidos hasta la fecha. Un elemento crítico es que el 70% de esos $25 billones está invertido en deuda pública del Estado, Títulos de Tesorería (TES), de acuerdo con datos de la asociación colombiana.
Esta concentración no solo limita las opciones para liquidar posiciones sin distorsionar el mercado, sino que anticipa potenciales presiones sobre el precio de los TES, en respuesta a una liquidación masiva de activos en un margen temporal reducido.
El Decreto 0415 de 2026 establece que las administradoras deben transferir tanto el capital acumulado como los rendimientos correspondientes a los afiliados que utilizaron la denominada ventana de oportunidad habilitada por la Ley 2381 de 2024. Esta ventana, prevista por el legislador hasta julio de 2026, abrió la posibilidad de cambiar de régimen incluso para quienes ya cumplen o están próximos a cumplir la edad de pensión.
Para quienes ya consolidaron el derecho a la pensión, Colpensiones deberá recibir la totalidad de los recursos correspondientes en un máximo de 15 días desde la entrada en vigor de la nueva normativa.
La respuesta de Asofondos
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, cuestionó el nuevo decreto del Gobierno nacional. Desde su perspectiva, no se necesitan más recursos para pagar pensiones, porque Colpensiones recibe cotizaciones suficientes de los afiliados activos.
“Es una población que ya está pensionada, ¿cierto? Lo primero que quiero decir es que la motivación de que se necesitan recursos para pagar pensiones a nosotros nos parece que es inválida, porque la población trasladada, utilizando el mismo marco, que no se ha pensionado, son cien mil personas que están cotizando hoy en día a Colpensiones, cotizan y cotizan recursos que anualmente superan y sobran para pagar las pensiones de aquellos que ya están pensionados”, dijo Velasco en un evento.
Y agregó: “Entonces, ese argumento de que se necesitan recursos para pagar esas pensiones, a nosotros nos parece inválido en la medida en que Colpensiones está recibiendo incluso más recursos de los que necesita para pagar esas pensiones. Con respecto a la legalidad, un par de reflexiones”.
Frente a la interpretación legal del decreto 1225 de 2024, el experto señaló que en su artículo 16 regula la administración de los recursos, también atraviesa la polémica. Y explicó que “ese decreto dice muy claramente que cuando no se hubiere creado el fondo de ahorro del empleador contributivo, los recursos deberán seguir siendo administrados por las administradoras de fondos de pensiones”.
En una evaluación del impacto inmediato recogida por Asofondos, Santiago García, presidente de la Junta Directiva del gremio, subrayó que el sector enfrenta una exigencia sin precedentes.
“La decisión implicaría la venta masiva de activos por $25 billones en apenas 15 días”, alertó García. El directivo anticipó que este movimiento puede producir “un choque sistémico en la economía nacional” y comprometer la seguridad del ahorro de más de 20 millones de colombianos.
El sector también advirtió que el ahorro pensional no solo respalda las jubilaciones, sino también el desarrollo económico del país: las AFP financian el 43% de los proyectos de capital privado, controlan el 32% de los TES, y representan el 15% del mercado accionario local.
Según Larisa Caruso, directora de la Unidad de Regulación Financiera, el decreto de repatriación establece un ajuste paulatino y cauteloso para la inversión en el exterior. Señaló que “se mantiene la autonomía de las AFP y se permite no cumplir con el límite”.
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