El caso de Isabel María Albaladejo, alta funcionaria de la ONU en Honduras, ha reavivado el debate sobre la actuación de la justicia en Colombia.
La defensa del padre y la abuela del menor solicitó a la Fiscalía medidas urgentes y vigilancia especial, luego de que Albaladejo intentara, presuntamente, sacar a su hijo de Colombia con documentos falsos y, tras más de un año de trámites, no haya recibido aún imputación formal.
La familia paterna exige que la Fiscalía actúe ante la presunta falsificación de documentos por parte de Albaladejo, argumentando que el intento de sacar al menor del país desconoció una sentencia judicial que lo prohibía y puso en riesgo los derechos del niño.
Además, denuncian que, un año después del incidente, siguen sin recibir el reconocimiento de víctimas y deben recurrir a instancias internas para asegurar garantías procesales, según informaciones confirmadas por Semana.
El 25 de febrero de 2025, Albaladejo fue capturada en flagrancia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por el delito de uso de documentos falsos, al intentar salir del país con su hijo menor, a pesar de una sentencia que le prohibía hacerlo.
Recuperó su libertad al día siguiente, pero, hasta la fecha, la Fiscalía General de la Nación no ha imputado cargos en su contra. Esta situación ha generado críticas por la dilación y la falta de avances.
Retrasos y obstáculos en la investigación por documentos falsos
Luego de la captura, el caso fue asignado al fiscal Ricardo Bejarano, delegado ante los jueces penales de circuito y adscrito a la URI de Engativá. Según la defensa del padre del menor Bejarano la dejó en libertad sin llevarla ante un juez de garantías, como exige la ley.
El expediente pasó entonces al fiscal Óscar Javier León, de la Unidad de Fe Pública de Bogotá. Según el abogado Sebastián Erazo, León negó reiteradamente la calidad de víctimas a la familia paterna, se negó a entregar copia del expediente y no avanzó con la imputación, incluso después de comprometerse a hacerlo.
Durante 2025, la defensa solicitó copias del proceso, pero recibió la negativa bajo el argumento de que “la única víctima era el Estado”.
El caso fue transferido a la fiscal Luz Irene Hernández, quien mantuvo la reserva de la información y tampoco imputó a Albaladejo; según la defensa, además se ausentó en varias ocasiones, lo que llevó a nuevos retrasos.
La última fiscal notificada informó a la defensa que no pediría audiencia de imputación porque sería trasladada a otro despacho. Este ciclo de reasignaciones y respuestas evasivas ha mermado la confianza de la familia en el proceso, mientras Albaladejo sigue sin enfrentar cargos formales.
Pedido de medidas urgentes y vigilancia especial de la Fiscalía
Ante estos hechos, Sebastián Erazo presentó una solicitud formal, conocida por el medio mencionado, a la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera.
En el escrito, exigió la implementación de medidas internas y administrativas, así como vigilancia especial sobre el expediente radicado en la Fiscalía 83 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de Bogotá.
Erazo exigió que “se implementen las medidas internas y administrativas de la Fiscalía, así como una vigilancia especial,para dar trámite a la indagación preliminar de radicado xxxxxxxxxxxxxx que actualmente se encuentra en la Fiscalía 83 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de Bogotá”, según declaró en un documento obtenido por el medio citado.
Erazo argumenta que existe un patrón de obstáculos impuesto por funcionarios como León y Hernández: desde la negación de copias, la no entrega de documentos requeridos, hasta la falta de avance en la imputación, a pesar de múltiples compromisos.
La defensa sostiene que solo una acción institucional podría permitir avances reales en el proceso judicial. Erazo insistió ante la Fiscalía en que la familia del papá y la abuela del menor no han sido reconocidas como víctimas, situación que, a su juicio, vulnera sus derechos y posterga la justicia.
Según la defensa, el caso de Albaladejo muestra cómo el sistema judicial puede fallar en la protección de la infancia y de los familiares afectados cuando persisten las demoras institucionales. SEMANA ha reiterado estos reclamos en sus coberturas recientes del caso.
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