María José Pizarro arremetió contra Paloma Valencia tras presentar el que sería su primer decreto de ser elegida presidenta: “Deje de mentir”

La senadora María José Pizarro respondió a las declaraciones de la también congresista y candidata presidencial Paloma Valencia, que presentó públicamente un borrador de lo que sería su primer decreto en caso de llegar a la Presidencia de la República.

El intercambio se produjo a través de la red social X, donde ambas figuras políticas expusieron sus posturas frente a la política de seguridad y la figura de los gestores de paz impulsada por el actual gobierno.

El pronunciamiento de Pizarro se dio luego de que Valencia compartiera un video en el que explica las medidas que adoptaría en materia de orden público, incluyendo la reactivación de órdenes de captura contra personas vinculadas a estructuras criminales. En ese contexto, Pizarro cuestionó la veracidad de las afirmaciones realizadas por la candidata presidencial, especialmente en lo relacionado con la supuesta liberación de personas privadas de la libertad.

“Difícil coger a la extrema derecha en una verdad. Sus candidatos no tienen otra opción que insultar, tergiversar, calumniar y mentir”, escribió Pizarro en su cuenta de X. En el mismo mensaje, agregó: “Es ABSOLUTAMENTE FALSO que personas recluidas en cárceles hayan salido por el Gobierno Nacional. En Colombia ningún gobierno puede otorgar libertades, ni ordenar capturas. La única autoridad competente para ello es la Rama Judicial. Dejen de mentir”.

Presentación del borrador de decreto

Las declaraciones de Pizarro se produjeron en respuesta directa a un mensaje publicado por Valencia, en el que expone lo que denomina el “borrador del primer decreto” que firmaría como presidenta. En su intervención, la candidata se refirió a varias personas señaladas con avisos de “Se busca”, asegurando que estas habrían sido beneficiadas por decisiones del actual gobierno.

Durante su exposición, Valencia afirmó: “Esos que ven ahí con ‘Se busca’ son los que Petro liberó como gestores de paz, que han estado usando su movilidad para avanzar en el territorio, para tener más negocios ilegales, para reclutar más niños, para secuestrar más gente”. Asimismo, anunció medidas específicas en caso de asumir la Presidencia: “Este es el borrador del primer decreto que voy a firmar como presidente de Colombia y comandante en jefe de las fuerzas armadas (...) Ordenamos la reactivación de todas las órdenes de captura. Van para la cárcel”.

En el mismo mensaje, Valencia también hizo referencia a otros actores delictivos: “Y esos que están ahí sin el ‘Se busca’ son los jefes de los costeños, de los Pepes, de la Terraza, que delinquen desde las cárceles. Serán trasladados a cárceles donde no puedan delinquir más”.

Propuesta de ‘Seguridad Total’ y revocatoria de beneficios

Dentro de su planteamiento, Valencia indicó que su gobierno impulsaría una política denominada ‘Seguridad Total’, en contraste con la política de ‘Paz Total’ implementada por el presidente Gustavo Petro.

Según su declaración, esta estrategia incluiría acciones inmediatas contra personas vinculadas a actividades delictivas. “Se reactivan las órdenes de captura contra los criminales del cartel de la ‘paz total’. Los prófugos, a la cárcel. Los que delinquen desde adentro, a máxima seguridad y a trabajar. Llega la seguridad total”, expresó la candidata.

El borrador del documento, identificado como Decreto 0001 de 2026, plantea como primera medida la revocatoria de las designaciones de gestores de paz y de los beneficios judiciales otorgados a integrantes de estructuras armadas ilegales durante el actual gobierno.

El documento también hace referencia a cuestionamientos formulados desde distintos sectores frente a la implementación de la política de ‘Paz Total’, incluyendo críticas provenientes de la opinión pública, víctimas y el Congreso. Además, cita la sentencia C-525 de 2023, que dejó sin efecto la suspensión generalizada de órdenes de captura para personas que no hubieran garantizado su sometimiento a la justicia.

En el articulado se instruye a las autoridades competentes para que, en un plazo máximo de 24 horas, coordinen la reactivación de órdenes de captura y aseguren el cumplimiento de las medidas judiciales vigentes.