El Gobierno de Gustavo Petro emitió el Decreto 0415 de 2026, que ordena a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladar $25 billones de ahorros individuales a Colpensiones en un plazo total de 30 días.
La medida busca corregir el “descalce financiero” del sistema pensional, ya que actualmente la entidad pública paga mesadas a afiliados cuyos fondos permanecen en el sector privado.
Una proporción significativa de estos recursos —el 70%, de acuerdo con Asofondos— está invertida en deuda pública del Estado (TES). Esta composición, junto con la obligación de movilizar la totalidad de los recursos en tan breve plazo, marca un desafío operativo sin precedentes para el sector financiero y plantea interrogantes sobre el efecto que podría tener sobre el mercado de capitales colombiano.
La expedición del decreto coincide con el XIX Congreso Asofondos 2026. Durante este evento, ocurrido en Cartagena, Santiago García, presidente de la Junta Directiva de la asociación gremial, advirtió que la decisión implicaría “la venta masiva de activos por $25 billones en apenas 15 días”, un proceso que —a juicio de la organización— puede generar “un choque sistémico en la economía nacional” y pone bajo riesgo el ahorro de más de 20 millones de colombianos.
El decreto establece la reglamentación detallada para que las AFP transfieran el capital acumulado, incluidos los rendimientos financieros, de los afiliados que se acogieron a la “ventana de oportunidad” permitida bajo la Ley 2381 de 2024.
Esta ventana —vigente hasta julio de 2026— posibilitó el cambio de régimen incluso para quienes ya han cumplido la edad de pensión o se encuentran a menos de una década de alcanzarla.
El decreto fija dos escenarios de cumplimiento, ambos de carácter obligatorio. Para los afiliados que aún no se han pensionado, el 50% de los fondos debe transferirse a Colpensiones en un máximo de 20 días, y el 50% restante durante los siguientes 10 días.
Aquellos que ya consolidaron el derecho pensional enfrentarán un plazo aún más ajustado: deben recibir la totalidad de los recursos en Colpensiones en no más de 15 días a partir de la entrada en vigencia del decreto.
A las entidades gestoras de pensiones también se les exige trasladar todos los valores contenidos en las cuentas individuales, abarcando el saldo en efectivo, títulos de deuda pública y otros activos financieros debidamente reconocidos por la Superintendencia Financiera.
De acuerdo con datos del Gobierno, más de 119.000 afiliados han efectuado el cambio de régimen, y al menos 22.472 ya cobran su pensión a través del sistema público.
La magnitud del traslado resulta aún más significativa al considerar el saldo total bajo administración de las AFP: $548 billones, con rentabilidades anuales promedio entre 7,9% y 10,3%, dependiendo del perfil de riesgo del afiliado, según cifras presentadas en el Congreso Asofondos.
Estos datos resaltan además, que los recursos sujetos a traslado pertenecen a un subfondo de perfil conservador, dirigido a personas con menos de 10 años para pensionarse.
Controversia jurídica y advertencias del sector
La medida ha generado controversia jurídica. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, declaró a El Espectador en febrero que la “oportunidad de traslado no existe en la Ley 100 de 1993, fue habilitada exclusivamente en la Ley 2381 de 2024”.
Por tanto, advirtió que el decreto contraviene el parágrafo del artículo 76 de dicha ley, que ordena mantener los recursos en la AFP hasta que se consolide la pensión integral de vejez del régimen anterior.
La Contraloría General se manifestó en sentido similar, alertando sobre la inviabilidad del traslado y sobre los riesgos asociados al movimiento masivo de recursos en tan corto plazo.
El gremio puntualizó que la reforma pensional —actualmente suspendida parcialmente por la Corte Constitucional— contemplaba la protección de los ahorros hasta el momento del retiro y la administración de un fondo especial a cargo del Banco de la República, si la Corte declaraba exequible esa ley.
Adicionalmente, en el Congreso Asofondos se expusieron preocupaciones estratégicas. En voz de Santiago García, se enfatizó que “estos fondos pertenecen exclusivamente a los trabajadores, amparados por el artículo 48 de la Constitución Nacional”, y que los recientes cambios regulatorios, entre ellos otros dos decretos (0369 y 1485 de 2026), colocan en jaque la rentabilidad y la seguridad del sistema en su conjunto. Una de las medidas, afirman, ya ha encarecido en un 57% el costo para acceder a una pensión en solo un año.
El sector advierte que el ahorro pensional no solo respalda las jubilaciones, sino también el desarrollo económico del país: las AFP financian el 43% de los proyectos de capital privado, controlan el 32% de los TES, y representan el 15% del mercado accionario local.
Según Larisa Caruso, directora de la Unidad de Regulación Financiera, el decreto de repatriación establece un ajuste paulatino y cauteloso para la inversión en el exterior. Señaló que “se mantiene la autonomía de las AFP y se permite no cumplir con el límite”.
Respuestas y escenarios tras la expedición del decreto
El Ministerio de Trabajo defendió el decreto argumentando que la acumulación de recursos pendientes de traslado genera obligaciones para Colpensiones sin el respaldo económico inmediato, lo que afecta la sostenibilidad financiera del sistema.
El objetivo, declara la entidad en el texto normativo, es evitar que el Estado continúe pagando pensiones mientras el ahorro permanece invertido en el sector privado.
Mientras tanto, el sector privado y sus representantes insisten en la necesidad de mantener la estabilidad institucional y proteger el ahorro individual a largo plazo. “El sistema pensional debe estar blindado de los ciclos políticos”, expresó García al cierre del Congreso.
La controversia permanecerá abierta a la espera del desenlace judicial sobre la reforma pensional y del impacto real que provoque la exigencia de trasladar $25 billones de las AFP a Colpensiones bajo las condiciones impuestas por el nuevo marco reglamentario.
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