Once reclusos de la cárcel La Picota en Bogotá fueron trasladados el 22 de abril de 2026, en una decisión que marca un nuevo episodio en la gestión de la seguridad penitenciaria, en medio de las investigaciones que rodean la fiesta realizada el 8 de abril en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, con la participación del cantante Nelson Velásquez.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) abrió procesos internos tras la celebración, y el proceso de traslados se da en los esfuerzos por combatir posibles redes de corrupción y privilegios dentro del sistema penitenciario.
El Inecp le confirmó a Infobae Colombia que entre los reclusos transferidos del centro penitenciario se encuentran los hermanos Santiago Prada, alias Marco, y Pablo Felipe Prada Moriones, alias BlackJack, quienes integraron el Clan del Golfo.
Según la infomación, a ambos se les halló licor en sus celdas durante un operativo reciente de requisa. Adicionalmente, otros tres privados de libertad fueron reubicados tras el hallazgo de bebidas alcohólicas, como botellas de whisky, en sus pertenencias.
De igual manera, el presidente Gustavo Petro ordenó el traslado directo de tres de los internos, medida que involucra a figuras centrales en varias investigaciones judiciales. Entre ellos está Francisco “Kiko” Gómez, exgobernador de La Guajira, condenado como determinador en múltiples homicidios, incluido el de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito; su esposo Henry Ustáriz; y el conductor Wilfredo Fonseca.
La sentencia judicial determinó que Gómez impartió las órdenes a través de la estructura dirigida por Marcos de Jesús Figueroa García, alias “Marquitos Figueroa”, igualmente trasladado de La Picota tras decisión presidencial.
La organización criminal comandada por Marquitos Figueroa ha sido vinculada a varios casos de sicariato en los departamentos de La Guajira y Cesar. Está condenado por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas, en particular, por su participación en el asesinato de Yandra Brito. Este dato judicial lo convierte en uno de los criminales con mayor influencia en la estructura delictiva del norte de Colombia.
El presidente Petro también ordenó el traslado de Daimler Corrales Figueroa, condenado por concierto para delinquir, al comprobarse su pertenencia a la organización de su primo, Marquitos Figueroa. Esta decisión busca aislar a los líderes de organizaciones delictivas y debilitar los lazos internos que puedan persistir en los centros penitenciarios, de acuerdo al reporte del Inpec.
Este proceso de traslados responde a una estrategia integral del gobierno nacional y del Inpec para intervenir en el sistema penitenciario tras los recientes escándalos sobre fiestas y la existencia de privilegios para internos de alta peligrosidad. Las autoridades sostienen que el seguimiento a los internos reubicados continuará bajo estricta vigilancia para evitar nuevas filtraciones de objetos prohibidos y eventuales episodios de corrupción.
Por fin instalarán cámaras de seguridad en la cárcel de Itagüí
Durante los últimos tres años, la cárcel de Itagüí, Antioquia, ha permanecido sin cámaras de seguridad. Esta situación cambiará pronto, según confirmó el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, que anunció la inminente instalación de nuevos equipos por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
El funcionario precisó que “el 30 de abril estarían conectadas las cámaras en la cárcel de Itagüí”, una fecha que, según sus declaraciones, ya estaba establecida en el cronograma oficial antes de cualquier evento reciente en el penal.
La decisión de instalar cámaras de seguridad responde a un proceso planificado y no a incidentes recientes ocurridos en la prisión. El ministro Cuervo fue enfático: la programación de la instalación corresponde a compromisos contractuales previos y no a reacciones por hechos puntuales en la institución.
El titular de Justicia aclaró cualquier posible vinculación entre la agenda de instalación y controversias actuales. “No está atado a esta situación específica, sino que el cronograma de contratación decía que era para el 30 de abril”, especificó Cuervo, descartando que el operativo surja como respuesta a los últimos acontecimientos.
En los últimos días, la coincidencia entre la fecha de implementación y hechos que han llamado la atención pública generó especulaciones. Cuervo abordó directamente este punto: “Si no hubiera pasado lo de la fiesta, nadie se hubiera preocupado ni enterado que esto iba a ser el 30 de abril”, resaltando que la noticia cobró notoriedad únicamente por la reciente polémica.
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