El escándalo por un presunto fraude académico en la Universidad de Sucre ha puesto en el centro de la polémica a la institución y su dirección.
El detonante fue la denuncia de estudiantes y la posterior investigación del periódico El Meridiano, de Córdoba, que sacó a la luz cómo un grupo de profesores habría conseguido ingresos mensuales que superan los 90 millones de pesos al manipular el sistema universitario de remuneración.
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Las autoridades de control, entre ellas la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, ya asumieron el caso y buscan determinar si existió un daño patrimonial al Estado.
Según informaron ambas entidades, se intenta establecer si los llamados puntos salariales fueron obtenidos conforme a la ley o si hubo fraude, lo que abriría la puerta a sanciones tanto fiscales como penales.
El sistema de remuneración bajo la lupa se basa en el Decreto 1279 de 2002, que regula los salarios para docentes en universidades públicas colombianas. De acuerdo con esta normativa, los profesores pueden sumar puntos por productividad gracias a publicaciones, investigaciones y otros logros académicos, que se convierten en incrementos salariales.
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De acuerdo con la invstigación, las cifras alcanzadas por algunos profesores en una universidad pública durante 2025 sorprendieron incluso dentro de la propia institución. Al menos 15 docentes percibieron ingresos mensuales que oscilaron entre 48,3 millones y 93 millones.
En el extremo superior de la lista se encuentran Alexander Pérez Cordero, quien encabezó el ranking con 93.004.778; seguido por Donicer Eduardo Montes Vergara con 91.930.961; y William Alejandro Niebles Núñez con 90.545.938.
Ese pequeño grupo de educadores generó un total mensual de 989.366.883 y, proyectado al año, la cifra asciende a 11.872.402.596.
¿Qué dijo la Gobernadora de Sucre?
La gobernadora del departamento Lucy Inés García, y presidenta del Consejo Superior de la institución, admitió que existen irregularidades que requieren investigación urgente. Las protestas estudiantiles y el paro académico continúan, con demandas de respuestas claras y reformas profundas en la gestión universitaria.
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El origen del conflicto está en un sistema que, según reconoció García, permitió que algunos profesores percibieran ingresos mensuales superiores a los 50 millones de pesos, e incluso, en ciertos casos, cercanos a los 90 millones. “Es un desbordamiento de la nómina docente por el concepto de los puntos salariales”, señaló la mandataria durante una entrevista con Mañanas Blu.
En respuesta a la presión social y mediática, la gobernadora anunció la implementación de una auditoría externa para esclarecer el alcance de las anomalías. “Debemos asumir esta situación como un problema de gobierno universitario y no solo de trámites”, afirmó García al medio rdaial, dejando en claro que la responsabilidad recae en la falta de controles institucionales oportunos.
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La Universidad “no desarrolló a tiempo una regulación institucional suficientemente fuerte”, admitió la mandataria. Esta omisión habría permitido que el sistema de puntos salariales se desbordara sin mecanismos efectivos de supervisión, incrementando el riesgo de abusos y distorsiones en la nómina.
Mientras tanto, la vida académica en la Universidad de Sucre sigue alterada. El paro estudiantil se ha prolongado durante varios días, y la tensión se percibe en cada rincón del campus. Los jóvenes insisten en que no basta con una auditoría: reclaman un cambio estructural en la administración de los recursos y en el sistema de incentivos docentes.
Sobre las acusaciones más delicadas, como posibles irregularidades en la autoría de artículos científicos o el uso indebido de trabajos de estudiantes para obtener puntos adicionales, García se mostró prudente, pero reconoció la gravedad del asunto: “Es de eso que estamos hablando”. Añadió que serán los organismos de control los que determinen la existencia de responsabilidades penales o disciplinarias.
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La documentación revisada para el reportaje confirma que, al menos en 2025, este esquema de concentración salarial marcó una diferencia sustancial en la distribución del presupuesto académico.
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