Entre pasos fronterizos inseguros, trámites demorados y amenazas constantes, miles de personas migrantes y refugiadas siguen enfrentando barreras para reconstruir su vida en Colombia. Esa fue la advertencia lanzada por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, que expresó preocupación por las condiciones que hoy rodean a esta población vulnerable.
El llamado se conoció durante el acompañamiento al lanzamiento del Informe Anual 2026 de Amnistía Internacional sobre la situación global de los derechos humanos. En ese escenario, también se puso la mirada sobre lo que ocurre en Colombia y Venezuela con quienes tienen que salir de sus territorios por crisis económicas, violencia o persecución.
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Más allá de las cifras migratorias, el mensaje se concentró en los riesgos diarios que enfrentan estas personas. La ONU insistió en que aún existen vacíos de protección y obstáculos institucionales que pueden traducirse en nuevas vulneraciones, especialmente para quienes atraviesan rutas peligrosas o no logran regularizar su situación.
Uno de los puntos más delicados, según el organismo, tiene que ver con las condiciones asociadas “a rutas de tránsito y zonas de frontera bajo control de grupos armados no estatales”. Esa advertencia pone el foco en corredores donde muchas personas migrantes quedan expuestas a extorsiones, amenazas, trata de personas o restricciones para movilizarse libremente.
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En regiones limítrofes y zonas de paso, la presencia de estructuras ilegales sigue siendo una amenaza adicional para quienes ya cargan con el peso del desplazamiento. En muchos casos, las familias llegan sin recursos, sin redes de apoyo y sin garantías claras para continuar su trayecto o asentarse de forma segura.
La oficina también llamó la atención sobre “los desafíos en los sistemas de asilo y de regularización”, dos procesos fundamentales para acceder a derechos básicos como salud, empleo formal, educación y protección estatal. Cuando esos mecanismos no funcionan con agilidad, miles de personas quedan atrapadas en la informalidad o en escenarios de alta precariedad.
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El pronunciamiento no se limitó a la movilidad humana. Naciones Unidas advirtió igualmente sobre la situación de quienes ejercen liderazgo social o defienden derechos dentro de comunidades migrantes y refugiadas, un rol que en muchos contextos implica exposición a amenazas y presiones. Frente a ese panorama, la entidad reiteró su llamado “a garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes y refugiadas, sin distinción de su condición, con especial atención a aquellas en situación vulnerable o en mayor riesgo de sufrir violaciones de sus derechos humanos”.
La declaración señaló un principio básico del derecho internacional: la protección no depende del estatus migratorio. En otras palabras, una persona en tránsito, solicitante de asilo o en condición irregular conserva derechos que deben ser respetados por las autoridades y por la sociedad.
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Colombia es uno de los principales países receptores de población desplazada en la región, especialmente de ciudadanos venezolanos, además de enfrentar desplazamientos internos y retornos de connacionales. Ese contexto exige respuestas institucionales amplias, aunque persisten retos operativos y financieros.
La ONU recordó además que mantiene monitoreo permanente sobre esta problemática y continúa emitiendo recomendaciones para mejorar la respuesta estatal y reducir escenarios de discriminación o exclusión. “ONU Derechos Humanos también monitorea la situación de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas y emite recomendaciones y actúa para que se garantice el pleno acceso a sus derechos, sin discriminación”.
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Detrás de cada advertencia hay historias concretas: madres que buscan atención médica para sus hijos, jóvenes que intentan estudiar, trabajadores que necesitan documentos y familias enteras que sólo quieren vivir sin miedo. Por eso, el mensaje del organismo va más allá de un comunicado técnico: plantea la urgencia de convertir la protección en hechos tangibles.
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