
La adquisición de 17 aviones de combate Gripen por parte del Estado colombiano continúa generando polémica, tras la apertura de una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro.
Frente a los señalamientos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que “no hay irregularidades” en el proceso y que la operación se realizó bajo estrictos criterios de transparencia, avalados por los principales organismos de control del país.
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El ministro responde a la investigación
Durante su visita a Barranquilla, donde encabezó un homenaje a auxiliares de Policía, el jefe de la cartera de Defensa expuso ante los medios que la decisión de adquirir los Gripen no fue tomada de forma unilateral por el jefe de Estado. Según señaló, la selección de estas aeronaves recayó en una firma especializada, integrada por más de 100 expertos, que asesoró al Gobierno durante todo el proceso.

“No hay ninguna irregularidad. La Contraloría General de la República ha revisado y el mismo contralor, Carlos Hernán Rodríguez, ha dicho que no encuentra ninguna irregularidad. Lo mismo la Procuraduría General de la Nación, hicieron las averiguaciones y quiero decirle al pueblo colombiano que deben tener tranquilidad. Aquí lo único que hay es transparencia y es una decisión no para un Gobierno; es para un país por los próximos 40 años. Es una de las inversiones más altas que hemos tenido, pero también con total transparencia”, aseguró Sánchez.
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El funcionario reiteró que el proceso fue acompañado por un equipo multidisciplinario de especialistas, que evaluó factores como superioridad aérea, supervivencia, capacidad de ataque, presión, tecnología, sistemas logísticos, armamento, garantías, entrenamiento y escalabilidad.
“La decisión no la tomó el señor Presidente de la República de X o Y avión, la tomó un grupo multidisciplinar de más de 100 expertos que trabajaron durante más de una década en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que de hecho habían insistido en los Gobiernos anteriores de tomar esa decisión”, puntualizó.
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Contexto de la investigación y denuncias

La polémica por la compra de los aviones Gripen se intensificó tras la apertura de una investigación previa contra Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la adquisición. La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, liderada por la representante Gloria Elena Arizabaleta, abrió la indagación tras una denuncia formal presentada por Pablo Bustos.
La denuncia alega posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Uno de los focos del señalamiento es la sospecha de sobrecostos en la transacción, ya que el monto final habría superado el valor real de las aeronaves.
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El contrato, anunciado oficialmente en noviembre de 2025, contempla la compra de 17 aviones Gripen a la empresa sueca Saab por un valor superior a los $16 billones. Esta operación se considera la segunda más grande en la historia reciente del país, solo superada por la adquisición del metro de Bogotá. Se prevé que las primeras unidades lleguen al país en 2027.
Dentro del proceso, la representante investigadora ordenó la recolección de pruebas, la solicitud de información a diversas entidades estatales y la citación a declaración jurada del ministro Pedro Sánchez. También dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue penalmente a la primera dama, Verónica Alcocer, en relación con la negociación con la firma sueca Saab.
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Defensa de la transparencia y apertura al escrutinio
En respuesta a las críticas, el titular de Defensa recalcó que tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General de la Nación han revisado el proceso sin encontrar irregularidades.
Sánchez insistió en que la decisión no estuvo motivada por intereses de un gobierno específico, sino orientada a fortalecer la capacidad aérea nacional en el largo plazo. Señaló que la selección de los Gripen se basó en criterios técnicos y operativos, y que el proceso contó con la asesoría de expertos nacionales y firmas externas.
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“Pueden estar totalmente tranquilos que hay total transparencia… estamos abiertos para que confirmen que esta fue la mejor decisión acorde a las condiciones colombianas”, concluyó el ministro, invitando a quienes tengan dudas sobre el proceso a revisar toda la documentación y los informes relacionados.
La Comisión de Investigación y Acusaciones avanza en la recopilación de pruebas y ha solicitado documentación adicional a la Presidencia de la República, la Procuraduría y la Contraloría. El proceso se encuentra en etapa preliminar y busca establecer si existen méritos suficientes para continuar con la investigación penal.
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