La Procuraduría realiza una visita a la Nueva EPS para revisar su intervención y solicitar documentos. La acción busca verificar el proceso adelantado por la Superintendencia de Salud, según información obtenida por Revista Semana.
La entidad pedirá explicaciones sobre decisiones adoptadas y acceso a sistemas internos. También evaluará posibles riesgos en la gestión del sistema.
El caso genera preocupación en medio de críticas por recientes nombramientos en el sector salud. Pacientes y organizaciones han manifestado inquietudes.
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Procuraduría inicia revisión del proceso de intervención
Una comisión de la Procuraduría Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública inició una visita administrativa a la sede principal de la Nueva EPS en Bogotá, con el objetivo de revisar el proceso de intervención adelantado por la Superintendencia Nacional de Salud.
La diligencia, realizada el 20 de abril, se enmarca en las funciones de vigilancia preventiva de la entidad, que buscan anticiparse a posibles riesgos en la gestión pública y proteger los derechos de los ciudadanos.
Según el oficio de la Procuraduría, la delegación solicitará documentos, acceso a sistemas y explicaciones tanto a la Superintendencia de Salud como al agente interventor recientemente designado, Jorge Iván Ospina.
“Se pone de presente el alcance y límites de la función preventiva integral, la cual busca anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas”, señala el documento, citado por Semana.
La entidad aclaró que este tipo de actuaciones no implica injerencia en las decisiones administrativas, financieras o técnicas de las entidades intervenidas, sino que tiene un carácter preventivo orientado a detectar posibles irregularidades.
“La actuación preventiva se desarrolla en forma independiente de las demás funciones misionales… y no implica coadministración”, indica el documento, citado por ese medio de comunicación.
Esta revisión se produce en un momento de alta sensibilidad para el sistema de salud, en el que usuarios han reportado cancelaciones de citas y demoras en tratamientos, lo que ha incrementado la atención sobre el funcionamiento de la Nueva EPS.
La Procuraduría busca establecer si el proceso de intervención se está desarrollando conforme a la normativa vigente y si existen riesgos que puedan afectar la prestación del servicio a millones de afiliados.
Cuestionamientos por nombramientos y situación del sistema
El proceso de intervención de la Nueva EPS también ha estado rodeado de cuestionamientos, especialmente por la designación de Jorge Iván Ospina como agente interventor.
Diversos sectores han expresado preocupación por este nombramiento, señalando que podría afectar la confianza en la gestión de la entidad en medio de la crisis del sistema de salud.
Entre las voces críticas se encuentra la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, que manifestó inquietudes tanto por la llegada de Ospina como por el posible nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud.
“Advertimos con profunda preocupación que, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes… no nos generan confianza”, indicó la organización, citada por ese medio de comunicación.
La federación también señaló que estos nombramientos podrían incrementar la incertidumbre entre los pacientes, quienes ya enfrentan dificultades en el acceso a servicios médicos.
“Aumenta la incertidumbre, profundiza el riesgo y nos envía un mensaje a los pacientes del país”, agregó, citada por ese medio de comunicación.
Además, la organización enfatizó que los cuestionamientos sobre estos funcionarios se relacionan con la necesidad de garantizar transparencia y confianza en la administración del sistema de salud.
El contexto en el que se desarrolla esta intervención está marcado por múltiples tensiones, incluyendo denuncias de usuarios sobre fallas en la atención, retrasos en tratamientos y dificultades en la prestación de servicios.
En este escenario, la actuación de la Procuraduría cobra relevancia como mecanismo de seguimiento y control, con el fin de identificar posibles irregularidades y prevenir afectaciones mayores a los afiliados.
La revisión en curso podría aportar elementos clave para esclarecer el manejo de la intervención y determinar si las decisiones adoptadas cumplen con los estándares requeridos en la administración pública.
Mientras tanto, el proceso continúa bajo observación, en un momento crítico para el sistema de salud colombiano, donde las decisiones institucionales tienen un impacto directo sobre millones de usuarios.
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