La Corte Suprema de Justicia intensificó su vigilancia sobre el proceso por presunta violación de topes de financiación electoral del presidente Gustavo Petro, tras ordenar y ejecutar una inspección a la Comisión de Acusación en medio de crecientes sospechas de obstrucción en el acceso al expediente.
El primer intento de diligencia se llevó a cabo el viernes 17 de abril de 2026, pero no pudo concretarse. Posteriormente, el martes 21 de abril, el alto tribunal realizó una nueva inspección por orden de la magistrada Cristina Lombana, quien busca establecer si hubo irregularidades en el manejo del proceso dentro de la instancia legislativa, según Noticias RCN.
Durante la actuación inicial, los funcionarios del despacho de Lombana no lograron revisar la documentación debido a que la Comisión de Acusación se encontraba cerrada por un día festivo decretado por el Gobierno.
Sin embargo, fuentes judiciales advirtieron al medio La FM que esa medida solo aplica para el Ejecutivo y no para el Legislativo, lo que puso en duda la legalidad del cierre y reforzó las sospechas de maniobras dilatorias.
La situación se agravó cuando, en los intentos posteriores por ubicar el expediente, surgieron versiones contradictorias entre los representantes Jairo Corzo y Alirio Uribe.
Mientras Corzo señaló que el documento estaba bajo responsabilidad de Uribe, este último negó tenerlo y aseguró que seguía en poder de su colega, lo que mantuvo paralizado el acceso a la información clave.
La revisión ordenada por la Corte Suprema no busca determinar la responsabilidad penal del jefe de Estado, sino verificar el cumplimiento de los procedimientos en la Comisión de Acusación y el actuar de los congresistas encargados del caso.
En ese contexto, cobra relevancia que algunos de los funcionarios vinculados al expediente, como la magistrada Gloria Arizabaleta y el propio Corzo, han sido postulados para integrar la Corte Suprema en reemplazo de magistrados cuyo periodo está por concluir.
El caso se realiza en un escenario más amplio de cuestionamientos sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña de Petro por exceder los límites legales de gasto ha reforzado la atención sobre el proceso.
El organismo determinó que se superaron los topes en más de 5.300 millones de pesos, lo que constituye una de las mayores irregularidades documentadas en materia de financiación electoral reciente.
Además, organizaciones como Transparencia por Colombia ya habían advertido inconsistencias en la rendición de cuentas, señalando que miles de millones de pesos reportados en gastos no contaban con respaldo claro en los ingresos registrados. Estas alertas previas han sido clave para entender la dimensión del caso y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control.
La decisión del CNE, adoptada en noviembre de 2025, también involucra a directivos de la campaña y a los partidos políticos que la respaldaron. Aunque el fallo aún debe ser revisado por el Consejo de Estado, sus efectos ya han generado repercusiones políticas y jurídicas, incluyendo la remisión del caso a la Fiscalía General de la Nación para evaluar eventuales responsabilidades penales.
En paralelo, la Comisión de Acusación mantiene la competencia para analizar si existen implicaciones directas para el presidente en el marco de los procedimientos constitucionales. Por ello, la inspección de la Corte Suprema adquiere especial relevancia, al centrarse en la transparencia y legalidad del trámite legislativo más que en el fondo del caso.
El desarrollo de estos hechos ocurre en un momento clave para el sistema institucional colombiano, con cambios próximos en las altas cortes y un ambiente político marcado por la cercanía de nuevos procesos electorales.
La combinación de decisiones administrativas, investigaciones judiciales y tensiones entre entidades refleja la complejidad del caso y la importancia de garantizar reglas claras en la financiación de campañas.
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