Se tomó decisión sobre el futuro de la cadena Café OMA: Supersociedades avaló acuerdo por $76.000 millones

La cadena de cafeterías OMA, operada por Restcafé S.A.S., logró asegurar la continuidad de su operación tras la confirmación de su acuerdo de reorganización empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades.

La decisión, adoptada en audiencia pública el 20 de abril de 2026, permite a la compañía mantener su funcionamiento, preservar empleos y reestructurar sus obligaciones financieras en medio de un entorno económico desafiante para el sector gastronómico.

El acuerdo recibió el respaldo del 76,3% de los acreedores calificados y graduados, lo que habilitó la renegociación de un pasivo cercano a los $76.000 millones. Esta deuda será atendida en un plazo de diez años, conforme a las condiciones pactadas entre la empresa y sus acreedores.

Según precisó la Superintendencia, antes de la exclusión de créditos por aproximadamente $38.000 millones —validada por un acreedor solidario— el monto total de las obligaciones era superior, lo que refleja la magnitud del ajuste financiero alcanzado.

La aprobación del plan tiene efectos directos sobre la estabilidad laboral y operativa de la compañía. De acuerdo con cifras citadas por la entidad, el acuerdo garantiza la preservación de 477 empleos directos y la operación de 86 puntos de venta en el país.

Además, brinda seguridad jurídica a los acreedores y asegura el cumplimiento de la prelación legal de créditos, elementos clave dentro del régimen de insolvencia empresarial colombiano.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que la decisión responde al cumplimiento de las mayorías exigidas por la ley y a la verificación de que el acuerdo se ajusta a los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006.

En ese sentido, subrayó la importancia de los mecanismos concursales como herramientas para el salvamento empresarial y la protección de las unidades productivas.

Lejos de implicar un cierre o liquidación, el proceso de reorganización permite a OMA avanzar hacia la normalización progresiva de sus obligaciones financieras y comerciales.

Asimismo, sienta las bases para consolidar la viabilidad de la empresa en el mediano y largo plazo. Restcafé S.A.S., fundada en 1993, ha desarrollado su actividad en la distribución de alimentos y la operación de cafeterías y restaurantes, posicionando la marca OMA como una de las más reconocidas en el ámbito urbano colombiano durante más de tres décadas.

La cadena de hamburgueserías Presto, también perteneciente al grupo costarricense Mesoamérica, atraviesa su propio proceso de reorganización empresarial, aunque con avances más limitados. A diferencia de OMA, el trámite de Presto se encuentra suspendido de manera temporal por orden judicial.

La suspensión fue dispuesta por un juez concursal en cumplimiento de una decisión del Juzgado Quinto de Familia de Medellín, que ordenó frenar la diligencia tras la interposición de una acción de tutela por parte de un acreedor.

Este alegó la presunta vulneración de su derecho de petición, lo que llevó a detener el proceso hasta que exista un pronunciamiento de fondo sobre el recurso constitucional.

El plan de reorganización de Presto contempla la reestructuración de deudas por $47.399 millones y un esquema de pago proyectado a siete años una vez sea confirmado judicialmente.

Actualmente, la cadena mantiene la operación de 118 puntos de venta en el país y emplea a 683 personas, cifras que evidencian su relevancia dentro del sector de comidas rápidas en Colombia.

Tanto OMA como Presto iniciaron sus procesos de reorganización en julio de 2023, en respuesta a un entorno económico adverso caracterizado por el aumento de la inflación, la caída del consumo interno y el encarecimiento de los insumos.

Estos factores impactaron de forma directa la liquidez y el flujo de caja de ambas compañías, reduciendo su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

Ante este panorama, la reorganización empresarial se convirtió en la principal alternativa para evitar el cese de operaciones y proteger el empleo. A través de este mecanismo, las empresas buscan renegociar sus deudas bajo supervisión judicial, mientras continúan desarrollando su actividad económica.

En conjunto, los procesos de OMA y Presto permiten la preservación de cerca de 1.200 empleos directos y garantizan la continuidad de más de 200 puntos de venta en el país.