Bogotá expidió decreto para recuperar y regular el espacio público de la ciudad: así afectará a los vendedores ambulantes

La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 117 de 2026, que regula la actividad de vendedores ambulantes y estacionarios en andenes y zonas de alto tráfico, con el objetivo de ordenar y garantizar el uso adecuado del espacio público.

El objetivo principal, según la Secretaría de Gobierno, es armonizar el derecho al trabajo de quienes subsisten en la economía popular con la recuperación, protección y disfrute colectivo del espacio público, priorizando la seguridad, la salubridad y la movilidad en la capital.

El Decreto 117 de 2026 modifica el anterior, Decreto 642 de 2025, y establece nuevas reglas para la coexistencia entre vendedores informales y peatones, en una ciudad donde el comercio en la calle representa el sustento de miles de familias, pero también retos diarios de convivencia y orden.

“Bogotá es una ciudad que respeta el derecho al trabajo, pero que también exige orden para el disfrute de todos. Fortalecemos el principio de confianza legítima: ningún vendedor será retirado sin que se le ofrezcan alternativas reales de formalización o reubicación a través del Ipes”, explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

La norma reconoce el derecho al trabajo y la protección de la dignidad humana, pero integra también directrices constitucionales y jurisprudencia que obligan al Estado a ofrecer alternativas de subsistencia antes de cualquier desalojo. Así, la administración busca una economía popular organizada, que cumpla con estándares de salubridad y que permita recuperar senderos peatonales, rutas de emergencia y el acceso a nodos de transporte.

Medidas clave para la convivencia y la seguridad

Entre las disposiciones más destacadas del decreto están:

• Prohibición de cilindros de gas y sustancias inflamables en el espacio público: solo se permiten en establecimientos legalmente constituidos y regulados.
• Regulación sanitaria y de servicios: no se podrán ofrecer servicios como tatuajes, piercings, peluquería o barbería en la vía pública si no se cumplen las normas sanitarias nacionales. La venta de alimentos debe acatar estrictos lineamientos de salubridad.
• Protección de rutas de emergencia y accesos: se establece un radio libre de 1,5 metros alrededor de hidrantes y se prohíbe instalar puestos sobre rutas de evacuación, puentes peatonales o accesos al Sitp.
• Prohibiciones específicas: se ratifica la prohibición de comercializar pólvora, armas blancas, sustancias químicas peligrosas o artículos ilícitos en el espacio público.

El decreto también diferencia entre vendedores vulnerables y mafias organizadas, buscando que el vendedor autorizado cuente con un espacio digno, respetando distancias mínimas y áreas protegidas como edificios institucionales o nodos de transporte.

Alternativas y garantías para los vendedores

La política distrital establece que ningún proceso de recuperación del espacio público será intempestivo. El Instituto para la Economía Social (Ipes) liderará la oferta de alternativas para los vendedores vulnerables, que incluyen reubicación en espacios autorizados, programas de formación y reconversión laboral, así como el acceso a servicios sociales.

Según la directora del IPES, Catalina Arciniegas, ya se han caracterizado a 19.000 vendedores para facilitar su acceso a la oferta institucional en formación, emprendimiento y empleabilidad.

El decreto fijó un protocolo para el retiro o desalojo, donde se debe verificar la existencia de autorización, caracterizar a los vendedores y ofrecerles alternativas. Todo procedimiento debe respetar el debido proceso, la proporcionalidad y dejar constancia de las alternativas ofrecidas.

Ordenamiento, control y educación

La Administración distrital, con apoyo del Dadep, las alcaldías locales y la Policía, será responsable de priorizar zonas de recuperación, evitar la reocupación indebida y mantener inventarios públicos de espacios recuperados. Se contemplan medidas correctivas (multas, remoción de bienes, programas pedagógicos), siempre respetando el debido proceso policial y la dignidad de la persona.

Además, la Policía Metropolitana será capacitada en derechos y garantías procesales para actuar de manera respetuosa y efectiva en los operativos.

“Queremos demostrar con hechos la importancia de este decreto, con cambios ya visibles, por ejemplo, en los bajo puentes. La estrategia busca organización, limpieza y seguridad. Como hay derechos también hay deberes, y debemos respetar la organización del espacio público”, afirmó la directora del Dadep, Lucía Bastidas.