
El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó a través de su cuenta de X que la candidata presidencial Paloma Valencia defenderá la Ley 100 de 1993, a través de la cual se creó el sistema de seguridad social integral. En su calidad de senador, el exmandatario impulsó el proyecto de ley como ponente.
Según indicó en la publicación, gracias a la aprobación de esa iniciativa en el Congreso, se puso en marcha el nuevo sistema y se logró la atención en salud igualitaria de la población con menos recursos económicos y la más adinerada del país. “La ley 100 atendía por igual a la más pobre y a la más rica, la única igualdad social de Colombia”, precisó.
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Por eso, confirmó que la congresista y aspirante del Centro Democrático adoptará una posición de defensa de la normativa si llega a ser elegida presidenta en la primera vuelta de las elecciones, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026, o en la segunda vuelta.

"Paloma está comprometida de corazón para normalizar el suministro de medicamentos en el inicio del Gbno; para tener el sistema mixto -muchos, estado, cooperativas, mutuales, particulares-; no el monopolio del estado de Petro-Cepeda; con solidaridad y correctivos a la ley 100, no destrucción", explicó.
El presidente Gustavo Petro reaccionó al anuncio del ex jefe de Estado, criticando los resultados de la implementación de la Ley 100. Contrario a lo expuesto por Uribe Vélez, el primer mandatario considera que el sistema de seguridad social integral creado en 1993 no evidenció una atención igualitaria para “ricos y pobres”,
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Según Petro, el sistema derivó en la creación de tres regímenes: la prepagada, que solo puede ser adquirida por las personas con más ingresos en el país; el contributivo, que funciona para las personas que tienen la capacidad de aportar con sus salarios; y el subsidiado, dirigido a los ciudadanos que no tienen cómo pagar por servicios de salud.
“Con el tiempo aparecieron los no vinculados, cuyos gastos de salud se cargaban al presupuesto de la salud pública, la medicina prepagada funciona como póliza de seguros y hotelería en hospitalización. La atención en salud nació diferenciada por niveles de ingreso”, precisó.
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A su juicio, esta división terminó generando una brecha en la atención de los usarios determinada por sus ingresos. No todos han recibido la misma prestación de servicios, debido a que el Plan Obligatorio de Salud (POS) no ha sido el mismo para todos; los ciudadanos del régimen contributivo tenían un mejor plan que las personas del régimen subsidiado, y solo las altas cortes fueron igualando los servicios ofrecidos a los afiliados, “pero sin financiamiento”.
De esta manera, se redujo cada vez más la contribución de las empresas en la financiación del sistema de salud y, según detalló, hasta el momento no ha sido posible suplir ese hueco financiero a través de impuestos aplicados a personas naturales adineradas y a empresas rentísticas, debido a la falta de aprobación de las propuestas en el Congreso de la República.
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“El aseguramiento debe ser social y público y el POS debe ser universal, un derecho universal. Ese es el propósito de la reforma a la salud que presenté al Congreso. Y por eso propuse la transformación de las EPS de aseguradoras financieras, función que no solo las quebró de acuerdo a la ley financiera, sino que permitió una mayor captura de rentas públicas en la intermediación”, indicó.

La iniciativa de Reforma a la Salud del Gobierno Petro propone que las EPS dejen de administrar los recursos y que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se encargue de hacer los giros directos a los prestadores de servicios y demás actores del sistema. Aunque el presidente cree que esta es una solución ante el manejo irregular de los recursos, el proyecto se hundió en dos ocasiones en la Comisión Séptima del Senado.
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“Sacar las EPS del régimen de aseguramiento financiero e intermediación es fundamental. El riesgo lo asume el estado (...). Así que su ley 100, Uribe, debe ser superada pero usted lo impide en el Congreso”, aseveró.
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