Magnicidio Miguel Uribe Turbay: menor de edad que disparó al precandidato fue declarado como víctima en el proceso judicial

El menor de edad que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en 2025 fue reconocido judicialmente como víctima dentro del mismo proceso penal en que se le condenó por el magnicidio. La decisión causó sorpresa y malestar entre los familiares del senador y en la opinión pública, debido a la inusual doble condición legal del adolescente.

Aunque el joven, conocido como alias Tianz, confesó el crimen y cumple una sanción de siete años en un centro de atención especializada bajo la custodia del Instituto colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la ley permite que un menor de edad reclutado o coaccionado por organizaciones criminales sea considerado víctima, incluso si participó en delitos graves.

Esta figura otorga al señalado derechos procesales equivalentes a los familiares de la víctima fatal, generando indignación y controversia en el entorno judicial y social.

El 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, el menor ejecutó el asesinato siguiendo instrucciones y bajo amenazas de una red criminal dedicada al sicariato. Según su declaración, antes del hecho manifestó: “Le voy a dar uno o dos en la cabeza y me voy”. Después de disparar contra el senador, trató de huir, pero fue capturado y, posteriormente, confesó los hechos y fue sancionado por la justicia.

La controvertida condición de víctima del menor asesino

La familia de Miguel Uribe Turbay se vio sorprendida al verse obligada a compartir la condición de víctima con el autor del crimen. La condición de alias Tianz fue revelada durante el proceso judicial contra Jhorman David Mora, alias el Caleño, señalado de haber reclutado al menor. El adolescente apareció representado por un abogado para defender su estatus de víctima en las audiencias, reveló Semana.

En su declaración ante la Fiscalía General de la Nación, explicó cómo identificó a su objetivo: “La foto que me mostró era tomada como en una asamblea, porque había señores de gala y todo”. Los abogados argumentaron que el adolescente también había sido instrumento de la organización criminal, lo que permitió otorgarle la dudosa doble condición jurídica. La sala judicial fue escenario de la incomodidad y la indignación de los allegados del senador, que debieron aceptar formalmente a quien cometió el magnicidio como una víctima dentro del mismo proceso.

El reclutamiento de menores en la organización de sicarios

La investigación reveló la existencia de una organización criminal dedicada al asesinato por encargo, con su “oficina de sicarios” operando en el sector El Muelle, en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá. Según testimonios ante la Fiscalía, la red reclutaba sistemáticamente menores para perpetrar homicidios y otros delitos. Un testigo identificó a varios actores clave: “En el barrio tiene una oficina de sicarios, en El Muelle todo el mundo es sabedor de eso. ”El Caleño" era el que ayudaba a contratar a todos los menores de edad. Chipi (“el Costeño”) es el patrón de Engativá”.

Alias Katherine, testigo del proceso y miembro de la estructura, relató la preparación previa al crimen: “Elder le dice al muchacho que no fuera a oprimir nada porque ya se le había programado (el arma) para que disparara seguido, no tiro a tiro, sino seguido, como en ráfaga”. La acusación judicial precisa que Jhorman David Mora o alias el Caleño reclutaba niños y adolescentes, que recibían recompensas económicas por atraer a otros jóvenes a la estructura delictiva.

El menor, reconocido por la justicia como autor material y víctima a la vez, expuso que su decisión de asesinar fue consecuencia de presiones y amenazas: “El Costeño me advirtió que no podía retractarme o, de lo contrario, mi familia estaría en riesgo”. Esta combinación de amenazas y pagos consolidó su participación en el crimen. En efecto, su testimonio refleja la determinación y frialdad con que ejecutó la misión: “Decía: ‘Lo vamos a hacer real, le voy a pegar, le voy a pegar todos los tiros en la cabeza’”.

Debate legal y repercusiones del caso

La posibilidad de que un autor directo de homicidio sea a la vez considerado víctima abrió el debate entre expertos en derecho y diferentes sectores sociales. Esta interpretación legal, que busca amparar a menores sometidos a coacción criminal, permite que la víctima fatal y el victimario compartan derechos en el proceso penal.

Entre las posibles consecuencias se contempla que, en el futuro, el joven reconocido como víctima pueda ejercer acciones legales contra el Estado, al haberle concedido oficialmente esa condición. La polémica sobre los alcances legales de esta figura, la protección de los menores en redes criminales y el impacto en la administración de justicia y la sociedad permanece abierta.

Juristas advirtieron que esta resolución judicial podría ser el inicio de nuevos desafíos legales, ya que el adolescente involucrado cuenta ahora con prerrogativas legales impensadas previamente para un autor de homicidio.