Manifestantes instalaron campamento frente a la cárcel de Itagüí, presuntamente para frenar traslado de cabecillas, según denuncia

Decenas de personas instalaron un campamento en las afueras de la cárcel La Paz en Itagüí, acción que ha desatado preocupación y señalamientos sobre la supuesta instrumentalización de jóvenes por parte de estructuras criminales que buscan frenar el traslado de sus cabecillas, hecho que además tensiona las negociaciones de paz impulsadas por el Gobierno nacional.

Según información difundida por la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla en redes sociales, la presencia prolongada de manifestantes y la organización logística del plantón siembran dudas sobre los recursos que lo financian y la verdadera naturaleza de la protesta.

La polémica se potenció tras estrategias recientes del Ejecutivo, dado que el presidente Gustavo Petro había propuesto trasladar a los líderes de estas organizaciones a una prisión en Bogotá, como lo reportó la concejala Carrasquilla en su denuncia.

Sin embargo, hasta el momento no existe certeza aún sobre la fecha exacta ni el impacto que esta posible reubicación tendría en los diálogos de paz, lo que mantiene la incertidumbre y la crispación en el ambiente político y social de la región.

El plantón surgió poco después de un suceso en el penal, en el que se celebró una fiesta vallenata con participación del cantante Nelson Velásquez, episodio que puso en el centro del debate la permisividad en la administración carcelaria.

Entre las personas que arribaron al lugar, con el fin de postrarse afuera del centro penitenciario, varias lo hicieron en buses de servicio público portando mensajes vinculados con la defensa del proceso de paz, caracterizándolo como un derecho estatal y no de un gobierno en particular.

La cabildante Carrasquilla afirmó que el campamento constituye un fenómeno más grave que una simple protesta. Describió la instalación de carpas, la presencia constante de jóvenes de diversas comunas de Medellín y la llegada de manifestantes de sectores como Granizal, barrio de origen de José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como alias Douglas.

Para Carrasquilla, esto configuraría un escenario en el que los jóvenes serían utilizados como “escudos”, mientras carteles en el lugar presentan a alias Douglas como “un líder de paz” y cuestionan cualquier medida oficial contra él.

En sus declaraciones, la concejala detalló: “Están utilizando a estos jóvenes como escudos. Hay carteles en los que se presenta a alias ‘Douglas’ como un líder de paz y se cuestiona cualquier acción en su contra”.

Además, señaló que en los videos grabados en el perímetro de la cárcel se observa a los manifestantes organizados con mesas, sillas y la preparación de alimentos, lo que evidencia la intención de una permanencia indefinida.

La financiación logística del campamento fue otro punto de denuncia de Carrasquilla: “¿Quién paga el transporte, la alimentación y la estadía de estas personas? Todo apunta a que proviene de economías ilícitas manejadas por estas estructuras”, indicó la cabildante en el video difundido en sus redes sociales, resaltando que el despliegue logístico habría requerido una inversión significativa.

Así mismo, Carrasquilla especificó la magnitud de la movilización: “Tienen 250 personas en los alrededores de la cárcel de máxima seguridad, dizque, pa que no los trasladen. Y hasta están haciendo campamentos. Anoche amanecieron allá”.

Añadió: “Pagaron $500 millones, no van a pagar para sostener la comida, el desplazamiento y el alojamiento de todos esos muchachitos que ustedes instrumentalizan. Porque si van a ver en detalle el video, la mayoría son jóvenes, que los instrumentalizan en los diferentes barrios que tenemos en la ciudad de Medellín, específicamente en la comuna tres, dos y uno, y hasta la siete, donde ustedes tienen injerencia”.

La situación se presenta en un clima de extrema sensibilidad en torno al impacto que tienen las decisiones gubernamentales sobre las negociaciones con organizaciones armadas.

El traslado de los cabecillas fue interpretado por Carrasquilla como una amenaza a los acuerdos, aludiendo a supuestas lealtades políticas y económicas tras el proceso.

Este caso evidencia la compleja relación entre el aparato carcelario, la seguridad ciudadana y la negociación política en Colombia, especialmente en territorios en los que la influencia de estructuras criminales se entrecruza con las iniciativas oficiales por la paz.