
Jorge Alexander Mora Cortés, exjefe anticorrupción de la Policía, denunció que el presidente de la República, Gustavo Petro, y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habrían accedido de manera irregular a información judicial reservada sobre investigaciones clave relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las pesquisas contra alias Papá Pitufo.
Mora Cortés sostuvo que el mandatario y la máxima agencia de inteligencia accedieron a datos confidenciales de expedientes, incluyendo información de los investigadores, sin la autorización judicial debida. En entrevista con Semana, detalló que esta información debía estar restringida a fiscales y ciertos agentes, y que su entrega a otras autoridades vulnera normas fundamentales de la justicia penal.

El denunciante aseguró que, tras liderar las investigaciones de corrupción en la Ungrd y el caso de alias Papá Pitufo, él y su equipo enfrentaron represalias. El oficial fue apartado de la institución y enviado a Washington, Estados Unidos, a cursar estudios, mientras aumentaban las amenazas en su contra.
Según relató el exoficial, fue durante la llegada del general William Rincón como director de la Policía Nacional, en octubre de 2025, cuando se materializó su retiro. Así mismo, dijo que en noviembre de ese año, se dispuso su vuelta al país y la suspensión de sus medidas de protección, a pesar de existir riesgos documentados por amenazas recibidas. En declaraciones recogidas por el medio citado, Mora Cortés indicó que en ese mismo periodo se filtró información sobre su labor profesional y su entorno familiar, que debía permanecer reservada por orden judicial.
“El acceso a gran parte de esos datos requiere autorización de jueces de control de garantías. ¿Qué información se reveló? Datos sobre mí, mi familia y las investigaciones que desarrollé en este Gobierno”, especificó el ex teniente coronel. Añadió que la DNI y la Dirección General de la Policía habrían sido los canales que permitieron hacer llegar estos datos a la Presidencia, acción que —según su versión— no podría realizarse sin conocimiento directo del director general.
En el mismo diálogo, Mora Cortés expuso que este presunto flujo de información se produjo justo antes de su destitución y la salida de los principales investigadores de su equipo. Frente a estos hechos, planteó: “No es coincidencia que las personas que investigaron a Papá Pitufo hoy estén por fuera de la Policía. ¿Son necesidades del servicio o es un desvío de poder?”.
Reacción de la Policía y argumentos oficiales

La Dirección General de la Policía negó a Semana haber revelado información a la Dirección Nacional de Inteligencia o al presidente Gustavo Petro respecto a estos expedientes. En su defensa, afirmó que actúa “en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, en el marco de sus funciones de policía judicial y bajo la dirección, coordinación y control de la Fiscalía”.
La institución remarcó que la gestión de información se rige por el “protocolo legal” y siempre bajo “reserva judicial”. El área de prensa aclaró que las medidas de protección de Jorge Alexander Mora Cortés se retiraron por tratarse de una estadía fuera del territorio nacional, decisión validada por un juez constitucional, y que su salida obedeció a una decisión ordinaria, sin investigaciones disciplinarias o penales en su contra.
Sobre la controversia acerca de una supuesta reunión del general William Rincón con alias El Pastuso, la Policía indicó que el contacto consistió en un diálogo sobre una situación anómala y que todo fue comunicado a la Inspección General para su análisis, según informó el mismo medio.

Cabe recordar que las pesquisas abordaron los casos de corrupción de mayor impacto en el Gobierno Petro: la trama en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la red de contrabando de alias Papá Pitufo. Bajo coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el equipo de Jorge Alexander Mora Cortés logró la judicialización de exdirectivos como Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Eduardo López o alias El Pastuso, Sandra Ortiz, Iván Name y Andrés Calle. También se documentaron investigaciones abiertas sobre Carlos Ramón González, actualmente prófugo de la justicia.
La salida de Mora Cortés y otros oficiales causó inquietud en la rama judicial, debido a la relación laboral con magistrados y fiscales de alto nivel. Un oficial en servicio dijo a Semana que la salida de investigadores experimentados perjudicó la credibilidad institucional y tensionó la relación con el Colegio Interamericano de Defensa y el Gobierno estadounidense.
La Dirección Nacional de Inteligencia solicitó que Mora Cortés terminara antes sus estudios en Washington. Tras volver al país, fue notificado del fin de su vínculo con la Policía y de la suspensión de las medidas de protección que le habían sido otorgadas, pese a las denuncias de riesgo.
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