En varios municipios de Antioquia, conseguir un medicamento se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Pacientes que antes reclamaban sus fórmulas en puntos cercanos ahora deben viajar a otras ciudades, asumir costos adicionales y, en muchos casos, esperar sin certeza de cuándo podrán acceder a tratamientos esenciales.
El problema, advierten autoridades departamentales, no es aislado. Se extiende a buena parte del territorio y golpea con más fuerza a las poblaciones con menos recursos, donde las opciones para responder por cuenta propia son prácticamente inexistentes. Allí, la continuidad de los tratamientos empieza a depender de factores ajenos al sistema de salud.
La situación más crítica se concentra en los afiliados a la Nueva EPS. Según la Secretaría de Salud de Antioquia, solo en 20 de los 125 municipios del departamento existen contratos vigentes para el suministro de medicamentos, lo que ha generado un cuello de botella que impacta directamente a miles de usuarios.
Detrás de este panorama hay una cadena de fallas que se arrastra desde hace meses. Las deudas acumuladas por varias EPS intervenidas por el Gobierno nacional han empezado a traducirse en cierres de servicios, demoras en la atención y barreras cada vez más visibles para los pacientes. La red hospitalaria, especialmente en zonas apartadas, siente el peso de esa cartera sin saldar.
Diego Alejandro Villa, secretario de Salud encargado, advirtió que el acceso a medicamentos se ha convertido en uno de los puntos más sensibles. “Ven afectada su economía y, obviamente, también su situación de salud, porque no todos tienen la posibilidad de acceder de forma particular a los medicamentos, y esto no solamente encarece o complica la situación de salud de los pacientes, sino también que puede poner en riesgo su vida”, explicó en Blu Radio.
Las cifras reflejan el deterioro. De acuerdo con el funcionario, Nueva EPS pasó de cumplir en un 60% con el acceso a servicios durante 2024 a apenas un 20% en la actualidad. Ese descenso, en términos prácticos, se traduce en más filas, más trámites y menos respuestas oportunas para quienes dependen del sistema.
El impacto ya se siente en otros frentes. Las acciones legales, como tutelas y derechos de petición, se han disparado, pero ni siquiera ese camino garantiza soluciones rápidas. “Tres de cada cuatro pacientes que ponen derechos de petición para poder acceder a un servicio no está resultando o no están obteniendo un resultados positivos. Esto es otra cosa que nos preocupa, porque también estamos colapsando el sistema judicial y no estamos viendo que la prestación del servicio mejore”, señaló Villa.
A la par, clínicas y hospitales han empezado a ajustar su operación ante la falta de pagos. En algunos casos, esto ha implicado la suspensión de servicios o la reducción de la capacidad de atención, lo que profundiza la crisis en regiones donde la oferta ya era limitada.
Frente a este escenario, la Gobernación de Antioquia evalúa medidas extraordinarias. Una de ellas es la posible declaratoria de alerta naranja, una figura que permitiría priorizar la atención de los pacientes más críticos y facilitar decisiones operativas entre EPS e instituciones prestadoras de salud.
“Estamos evaluando muy, muy firmemente con el equipo técnico la posibilidad de declarar la o la alerta naranja para poder tomar acciones que faciliten, como tal, el tránsito de los pacientes entre entre las EPS y las instituciones prestadoras de servicios, y nosotros poder tomar decisiones más asertivas alrededor de esto”, indicó el secretario en el medio antes mencionado.
El trasfondo financiero agrava aún más el panorama. La deuda total de las EPS con hospitales en Antioquia ronda los 8 billones de pesos, una cifra que compromete la sostenibilidad del sistema y pone en riesgo la atención de cerca de tres millones de afiliados en el departamento.
En medio de la crisis, también resurgen debates sobre el control territorial del sistema. Las administraciones de Antioquia y Medellín han insistido en la necesidad de recuperar el manejo de Savia Salud, una EPS mixta que, consideran, podría ser clave para reorganizar la prestación del servicio en la región.
Por ahora, el diagnóstico es claro, el sistema enfrenta una presión creciente y las soluciones no serán inmediatas. Mientras se definen decisiones de fondo, miles de pacientes siguen lidiando con demoras, traslados y la incertidumbre de no saber cuándo podrán recibir la atención que necesitan.
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