La Procuraduría General de la Nación resolvió levantar la suspensión provisional impuesta a 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adscritos a la cárcel de Itagüí.
Los funcionarios habían sido apartados de sus cargos, de manera temporal, tras conocerse la realización de una fiesta vallenata en el penal, en la que participaron internos y capos de grupos criminales, vinculados al programa del Gobierno Petro conocido como la Paz Urbana, informó Caracol Radio.
Estos guardias no solo habrían permitido el desarrollo de la controversial fiesta al interior del penal, sino que habrían recibido incentivos económicos por facilitar el ingreso de artistas y, desde luego, presuntamente omitir registro obligatorios y verificaciones de seguridad durante el evento que ocurrió el 8 de abril de 2026.
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Según la información preliminar conocida por el medio, con la decisión actual, la investigación disciplinaria pasa ahora a la etapa de indagación previa.
La Procuraduría también avaló las pruebas presentadas hasta el momento en el proceso, lo que permitirá continuar con la recolección y análisis de información para determinar eventuales responsabilidades de los implicados.
La medida permitiría eventualmente a los funcionarios reintegrarse a sus funciones mientras avanza la indagación, sin que esto implique el cierre de la investigación ni la exoneración de posibles faltas disciplinarias relacionadas con los hechos ocurridos en el centro penitenciario.
Los guardias recibieron esta cantidad dinero por permitir la fiesta
La investigación por la fiesta vallenata puso en evidencia un esquema de pagos irregulares a los funcionarios del Inpec para facilitar el ingreso de artistas, visitantes y objetos, sin los controles habituales de la institución penitenciaria.
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Según documentos y denuncias presentados en el Concejo de Medellín, alrededor de un millón de pesos habría sido entregado individualmente a los guardias para omitir los filtros obligatorios de seguridad y permitir el desarrollo del evento ilícito, en el que participaron cabecillas criminales y 138 visitantes, entre ellos menores de edad.
La celebración incluyó música en vivo a cargo del cantante Nelson Velásquez —que habría recibido cerca de 100 millones de pesos—, así como la entrada de licor, comida y otros artistas, y generó un escándalo nacional por el nivel de permisividad y complicidad interna.
De los cerca de 500 millones de pesos invertidos en la fiesta, el resto del dinero se distribuyó entre logística, bebidas y servicios adicionales, según la denuncia formalizada por la concejal antioqueña Claudia Carrasquilla.
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Por su parte, el concejal Andrés Tobón calificó como grave la situación y cuestionó que este tipo de situaciones no se resuelven solo con sanciones a los funcionarios involucrados.
“Aquí tiene que haber justicia, tiene que haber resultados y, por supuesto, tienen que responder”, expresó. Tobón también advirtió que la magnitud del episodio pone en evidencia un problema estructural en el sistema penitenciario, donde la supervisión fue insuficiente y se permitió la entrada de objetos como consolas de videojuegos, aires acondicionados y equipos electrónicos sin registros.
Las críticas, desde luego, recayeron en el Gobierno Petro, particularmente, por la imagen de validación a varios capos de Medellín recluidos en este penal que participaron del polémico “tarimazo”, y que fueron agregados al programa de la Paz Urbana.
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Por eso, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, explicó que los miércoles existe un “régimen especial” de visitas en la cárcel, pero el número de asistentes y la presencia de músicos superó ampliamente lo permitido por el protocolo.
Desde el Inpec anunció el retiro del director del penal y la apertura de una investigación disciplinaria a siete funcionarios que estaban de servicio ese día.
La institución aclaró que la actividad no fue autorizada por el Gobierno nacional ni por la Dirección del Inpec. Mientras avanzan las investigaciones, persisten las denuncias sobre un entramado de pagos clandestinos y complicidad que mantiene bajo presión al sistema penitenciario y a las autoridades responsables de su control.
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