Paloma Valencia exigió a la Fiscalía reactivar la orden de captura contra alias Calarcá y lanzó pullas a Petro: “No manda a la rama judicial”

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que reactive de inmediato las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, cuya suspensión, vigente desde 2024, fue solicitada por el Gobierno nacional.

En su mensaje, la congresista aseguró que el líder de las disidencias ha sido protagonista de varios escándalos en el país, además de asegurar que bajo su mando se ha fortalecido la criminalidad.

“¡Capturen a Calarcá! Hago un enfático y vehemente llamado a la Fiscalía General de la Nación para que reactive de manera inmediata las órdenes de captura en contra de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, suspendidas desde 2024 por decisión del ente acusador, previa solicitud del Gobierno Nacional", señaló la congresista.

Asimismo, Valencia aseguró que el Gobierno nacional se estaría sobreponiendo ante la rama judicial, pese a que se debe respetar la división de poderes como lo estipula la Constitución Política de Colombia.

“La Corte Constitucional ha sido clara en este punto. En la sentencia C-525 de 2023 declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, bajo el entendido de que la suspensión de las órdenes de captura contra miembros o voceros de grupos armados organizados no opera de manera automática tras la solicitud del Poder Ejecutivo. Por el contrario, corresponde a la Rama Judicial valorar en detalle los supuestos que justifican dicha medida”, señaló.

Incluso, la candidata presidencial lanzó pullas al Gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro, al que acusó de interferir en las decisiones del poder judicial del país.

“El Gobierno no manda a la Rama Judicial. La Fiscalía mantiene la facultad de examinar la suspensión y puede reactivar las órdenes de captura inmediatamente cuando se cometan nuevos delitos”, afirmó Valencia en la red social X.

En paralelo a la petición de la aspirante presidencial, inteligencia militar y reportes periodísticos confirman que la estructura liderada por “Calarcá” ha experimentado un crecimiento acelerado en el contexto de las negociaciones de paz.

Desde la instalación formal de la mesa de conversaciones con el Estado Mayor Central, el 16 de octubre de 2023 en Tibú, el grupo se ha fortalecido al pasar de 1.400 personas en armas en 2023 a 2.958 combatientes en 2025, lo que representa un aumento del 111 %. Actualmente, la organización, rebautizada como Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), cuenta con presencia en 10 departamentos y cerca de 100 municipios, consolidando su control territorial y militar.

Valencia advirtió que alias “Calarcá” ha aprovechado la suspensión de las órdenes de captura para “seguir delinquiendo, infiltrar el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia, ampliar la capacidad militar y financiera de su estructura armada y transportarse libremente por todo el territorio nacional, incluso en camionetas de la Unidad Nacional de Protección”.

Las autoridades nacionales y la inteligencia militar atribuyen a la facción de “Calarcá” recientes acciones violentas, como la detonación de una motobomba en Briceño, Antioquia, y señalan que el grupo ha sostenido actividades de extorsión, reclutamiento y tráfico, mientras negocia con el Gobierno.

Además, el poder de “Calarcá” no solo se refleja en cifras de combatientes, sino en su modelo de “gobernanza armado-criminal” que aprovecha los vacíos estatales. Según informes de la Fundación Ideas para la Paz, la organización ha consolidado 16 estructuras en tres bloques y ha extendido su influencia a departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, Huila, Antioquia y Norte de Santander.

Ante las revelaciones, Paloma Valencia criticó la estrategia del Gobierno bajo la política de “Paz Total”, asegurando que ha permitido la expansión de los grupos armados, que actualmente cuentan con 27.000 hombres en armas, y un deterioro de los indicadores de seguridad: “el secuestro ha crecido 336 %, la extorsión 46 % y el terrorismo 119 %”.

La senadora puso en duda la inacción de la Fiscalía y sugirió que podría responder a “cálculos políticos de cara a las elecciones de 2026”, lo que, según ella, facilita la libre circulación de “los mayores criminales del país” y el hostigamiento a la población.

“Los colombianos tienen derecho a vivir en un país seguro, libre de grupos armados, donde el Estado los combata con determinación y no termine protegiéndolos por conveniencia política”, concluyó Valencia.