Inpec tomó drástica medida tras parranda vallenata con Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí: “Se militarizó el perímetro”

Ha transcurrido una semana desde la publicación de las imágenes que muestran la celebración de una parranda vallenata con la participación del cantante Nelson Velásquez en el pabellón segundo de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, y a la que asistieron líderes de bandas criminales recluidos en ese establecimiento.

El episodio, divulgado por la exfiscal Claudia Carrasquilla, generó una respuesta inmediata de organismos de control y seguridad, provocando la apertura de investigaciones penales y disciplinarias, así como el anuncio de traslados de los reclusos implicados como una medida temporal para restaurar la confianza en el sistema penitenciario.

La decisión de trasladar a los principales implicados se fundamenta en la necesidad de evitar que estos privados de la libertad sigan operando desde una posición de privilegio dentro de la cárcel del municipio.

Según declaró el coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a El Tiempo, el traslado tiene por objetivo romper “zonas de confort” y enviar un “mensaje ejemplarizante” tanto a los funcionarios como a los internos.

“Nuestro señor presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de estas personas privadas de libertad. Estamos a la espera de los trámites administrativos para hacer el traslado y ubicarlos en otra cárcel del país, para que no se vuelva a presentar ningún hecho que afecte la transparencia, ni la buena imagen institucional, ni mucho menos los reglamentos institucionales”, detalló el coronel Gutiérrez.

Mientras avanzan los trámites, los reclusos implicados permanecen bajo estricta vigilancia, en medio de una investigación que involucra tanto a funcionarios penitenciarios como a los internos que presuntamente transgredieron el régimen carcelario. “Los traslados serán un mensaje ejemplarizante para funcionarios y también para personas privadas de libertad, las cuales también están siendo investigadas por transgredir el régimen penitenciario”, afirmó al medio citado.

Esta intervención directa responde a las inquietudes ciudadanas sobre la capacidad del Estado colombiano para mantener el control y la disciplina en el interior de estas instituciones, especialmente cuando se trata de detenidos que negocian la paz con el Gobierno nacional.

Deficiencias estructurales y falta de autonomía presupuestal en la cárcel de Itagüí

Un aspecto relevante abordado por el director del Inpec se relaciona con las dificultades estructurales y administrativas que enfrenta el sistema carcelario. Gutiérrez explicó que desde hace tres años las cámaras de seguridad de la cárcel de Itagüí no están operando, lo que representa un obstáculo significativo para las investigaciones en curso.

Esta carencia, sumada a la falta de autonomía en la gestión de recursos, limita la posibilidad de implementar mejoras inmediatas. El coronel indicó: “No tenemos la autonomía porque eso lo maneja la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec)”.

A lo anterior se suman limitaciones en infraestructura y personal, cuestiones que, según el funcionario, han sido históricas y requieren convenios interadministrativos con alcaldías para ser resueltas.En ese sentido, la responsabilidad operacional está fragmentada, lo que afecta la capacidad de reacción ante hechos como el recientemente documentado.

La presencia de estructuras criminales dentro de la cárcel de Itagüí incrementa el nivel de riesgo para los funcionarios encargados de la custodia. El director del Inpec reportó que en el 2025 y el año anterior se registró un aumento en las amenazas y homicidios contra personal penitenciario, como consecuencia de acciones orientadas a recuperar el control institucional.

“Tenemos una lucha constante contra el comportamiento de las personas privadas de libertad, para evitar que haya fugas, que haya escándalos, que haya excesos, o que entren licores”, puntualizó Gutiérrez.

Para contener esta situación, el coronel también confirmó la militarización del perímetro de la cárcel de Itagüí, en coordinación con autoridades regionales, dada la peligrosidad de los reclusos y la relevancia del caso para la percepción pública de la seguridad y la justicia. Esta medida extraordinaria busca impedir episodios similares en lo inmediato y fortalecer los procedimientos de control en el entorno del penal.