Álvaro Uribe Vélez explicó propuesta de Paloma Valencia para bajar impuestos y generar empleo en Colombia: “La gente no siente alivio en su bolsillo”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró en un video publicado en sus redes sociales que la propuesta económica de Paloma Valencia, en su condición de candidata presidencial, plantea un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas, al garantizar que no se incrementarán impuestos a quienes inviertan y generen empleo.

Según explicó, el enfoque busca mantener los salarios, incentivar la contratación y ofrecer seguridad jurídica para que los empresarios amplíen sus operaciones sin temor a nuevas cargas fiscales.

De acuerdo con el exmandatario, la iniciativa incluye un llamado directo al sector productivo para que no reduzca personal, sino que, por el contrario, aumente la generación de puestos de trabajo.

“Se respetan los salarios de los trabajadores, pero se les pide a los empresarios que no despidan personas, sino que creen nuevos empleos, con la garantía de que no se les subirán los impuestos durante un tiempo después de invertir”, afirmó.

El expresidente Uribe Vélez sostuvo que el contexto económico actual en Colombia no refleja una mejora real en la calidad de vida de la población, pese al aumento del salario mínimo y a los indicadores de mayor consumo. “Aquí hay un aumento del salario, pero la gente no siente alivio en su bolsillo”, afirmó.

A su juicio, factores como la inflación persistente, el incremento en los cánones de arrendamiento y el alza en los gastos básicos han neutralizado cualquier avance en el ingreso de los ciudadanos. “La inflación sigue golpeando, los arriendos suben y los gastos básicos no dan espera”, señaló.

En ese sentido, criticó lo que considera una desconexión entre las políticas económicas del gobierno y la realidad cotidiana de los hogares. “Hay una distancia muy grande entre las decisiones del Gobierno y lo que viven las familias todos los días”, expresó.

Según su análisis, el encarecimiento del costo de vida ha sido impulsado por decisiones que no han logrado controlar la inflación, lo que termina afectando especialmente a las clases media y trabajadora. “Las políticas no han logrado frenar la inflación y eso termina castigando a la clase media y a los trabajadores”, indicó.

También señaló que el aumento en los precios de los arriendos estaría relacionado con la falta de políticas efectivas de vivienda social. “Si no hay vivienda social suficiente, los arriendos se disparan”, advirtió.

El exmandatario también alertó sobre lo que describió como una salida significativa de jóvenes colombianos hacia el exterior. Citando cifras mencionadas en reportes periodísticos, afirmó que cerca de 80.000 jóvenes estarían emigrando cada año en busca de mejores oportunidades.

“Se están yendo miles de jóvenes porque no encuentran oportunidades en el país”, concluyó, señalando que este fenómeno evidencia la falta de condiciones favorables para el desarrollo profesional dentro de Colombia.

En paralelo, Paloma Valencia ha impulsado una agenda jurídica contra varias medidas del gobierno del presidente Gustavo Petro, enfocada en cuestionar reformas tributarias y laborales que, en su concepto, afectan a la clase media y a las pequeñas empresas.

Una de las principales acciones fue la demanda presentada ante la Corte Constitucional de Colombia contra el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo.

Según la candidata, esta disposición permitió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizar ajustes masivos en los avalúos catastrales, lo que derivó en incrementos significativos del impuesto predial en distintas regiones del país.

Valencia ha calificado estos aumentos como “confiscatorios” y ha advertido que afectan de manera directa a millones de pequeños propietarios.

La demanda busca que la Corte determine si la norma vulnera derechos fundamentales como el debido proceso y la propiedad privada, además de principios tributarios como la equidad.

La decisión del alto tribunal, que aún está pendiente, podría tener implicaciones importantes sobre la política fiscal y el sistema de avalúos en Colombia.

Otro frente de controversia es la acción judicial presentada por Valencia contra el decreto 0234 de 2026, que establece la obligatoriedad del pago de cuotas sindicales para todos los trabajadores, incluso aquellos que no están afiliados a sindicatos. La candidata llevó este caso ante el Consejo de Estado de Colombia, argumentando que la medida vulnera la libertad de asociación.

Valencia ha señalado que este decreto también podría afectar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, al imponer nuevas obligaciones y permitir el acceso de los sindicatos a información financiera sensible.

En sus declaraciones, advirtió que esto podría generar riesgos en términos de confidencialidad empresarial y abrir la puerta a posibles presiones indebidas.

En sus críticas, también mencionó el impacto que estas políticas podrían tener en sectores estratégicos como el energético, al considerar que las medidas favorecen a grandes compañías como Ecopetrol, mientras generan mayores cargas para empresas más pequeñas del mismo sector.