Decisión del Gobierno Petro de mantener el control sobre la Nueva EPS habría sido ilegal: se habría falsificado un informe

La intervención a la Nueva EPS fue calificada como ilegal por siete altos funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), que presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación.

Según documentos a los que tuvo acceso Caracol Radio, los representantes acusan que se omitieron controles internos obligatorios y se tergiversaron recomendaciones técnicas para avalar la intervención a la Entidad Promotora de Salud con mayor afiliación en Colombia.

Delegados del organismo adscrito al Ministerio de Salud consideraron irregular la medida porque, según su denuncia, no se cumplió con el debido proceso ni con los pasos legales y técnicos fijados por la ley y las normas internas.

Entre los argumentos figuran la falta del informe previo esencial de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la omisión del concepto técnico indispensable para adoptar la medida y supuestas inconsistencias en la resolución presentada. Los denunciantes señalaron que esto deja desprotegido el principio de legalidad y compromete la legitimidad de la intervención, detalló el medio citado.

El documento, radicado ante el órgano de control el 14 de abril de 2026, puntualiza que Luz María Múnera, superintendente nacional ad hoc, impulsó la intervención sin respetar los controles exigidos por la ley. Los firmantes destacaron, principalmente, la ausencia del informe previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, considerado un requisito técnico obligatorio.

Se afirma también que no se solicitó el concepto técnico para la adopción y seguimiento de la medida. Además, se omitió la información complementaria establecida en los procedimientos internos. La denuncia añadió que la resolución de intervención contiene afirmaciones incorrectas sobre las recomendaciones técnicas, lo que, conforme a los denunciantes, vulnera el debido proceso.

En palabras de la superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, “se habrían ignorado, de manera sistemática, el mapa de procesos de la entidad, violando la ley”, según constató el informativo radial. La denuncia atribuyó estas fallas al incumplimiento de garantías fundamentales relacionadas con el debido proceso.

Omisión de procedimientos legales y técnicos

De acuerdo con la denuncia, la decisión de intervenir la Nueva EPS se habría adoptado sin contar con el informe previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia. Tampoco habría existido el concepto técnico requerido, ni se anexó la documentación complementaria estipulada en los procesos internos.

El texto presentado ante la Procuraduría señala que la resolución expone afirmaciones incorrectas sobre recomendaciones del área técnica y que estas inconsistencias vulneran el debido proceso. A pesar de las advertencias, la superintendente Luz María Múnera firmó la resolución.

Contradicciones en el Comité de Medidas Especiales

Un punto clave de la denuncia se centra en el Comité de Medidas Especiales. La resolución oficial sostenía que el comité recomendó la toma inmediata de posesión sobre los bienes y operaciones de la Nueva EPS.

Sin embargo, los denunciantes afirman que, en la sesión del 10 de abril de 2026, la comisión, por unanimidad, recomendó no adoptar una nueva medida de intervención forzosa. En esa reunión, la delegada explicó por qué la resolución propuesta vulneraba el debido proceso, según los documentos revisados por Caracol Radio.

Según la denuncia, la resolución omite la verdadera recomendación del comité y, en su lugar, atribuye un respaldo inexistente a la decisión tomada. Esto genera inquietud en torno al uso de los mecanismos técnicos de la Superintendencia.

Nombramiento del interventor y motivos de objeción

El documento también cuestiona la designación de Jorge Iván Ospina Gómez como agente especial interventor, indicando que no cumpliría con los requisitos actuales para el cargo. Una evaluación técnica interna, consultada por Caracol Radio, establece que Ospina Gómez no acredita la experiencia mínima de tres años en funciones directivas o de asesoría en el sector salud.

Y señala que el funcionario no cumple con los dos años adicionales exigidos en actividades de asesoría o dirección. Además, el puntaje de riesgo obtenido fue 32, considerado alto en las listas vinculantes. Aunque Ospina Gómez tiene el título de médico cirujano, la normativa interna exige experiencia comprobada en funciones directivas o asesoras del sector salud, un requisito que, según la denuncia, no cumple el designado.

Tras dos años de intervención estatal, la situación de la Nueva EPS ha empeorado en varios de sus principales indicadores. Las reclamaciones crecieron un 14,25% anual, con 33,97 reclamaciones por cada 10.000 afiliados al mes, situándose por encima del promedio nacional.

El rezago en el procesamiento de cuentas médicas, que al inicio sumaba $5,7 billones, alcanzó $14,9 billones a diciembre de 2025, equivalente a más de catorce millones de facturas sin gestionar. Por esta demora, los anticipos aumentaron un 115%, llegando a $17,1 billones en noviembre de 2025. Las deudas con la red prestadora de servicios pasaron de $18,38 a “26,09 billones en menos de un año.

En efecto, persisten deficiencias en áreas clave como entrega de medicamentos, atención materno-infantil y servicios de especialidad. Estos datos evidencian un balance negativo tras la intervención estatal.

Críticas de ex altos funcionarios a las prácticas irregulares del Gobierno Petro en Nueva EPS

Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, recordó en entrevista con Noticias Caracol que “la gran mayoría de los interventores que han nombrado en la Superintendencia Nacional de Salud no cumplen ni con el perfil ni con los requisitos para administrar”.

Y agregó: “La intervención de la Nueva EPS, en vez de mejorar, en vez de ser una medida de salvamento, lo que ha hecho es empeorar las condiciones de la Nueva EPS y empeorar las condiciones de cerca de doce millones de colombianos. Es una vergüenza, es aberrante lo que le está pasando al país hoy en materia de salud. Y claro que aquí debería actuar oportunamente la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y los entes de control para que ayuden a proteger ese derecho fundamental a la salud de los colombianos”.

Por su parte, Augusto Galán, director del Observatorio Cómo Vamos en Salud y exministro de Salud sostuvo al medio citado que detrás del mal manejo del Gobierno Petro hay una intención de perjudicar el rol de las aseguradoras en el sistema de salud.

“La nueva EPS queda en un limbo jurídico en el que no se sabe si estaba intervenida, si no estaba intervenida, en qué escenario estaba. Entonces, esto desafortunadamente obedece a algo que es un patrón. Osea, aquí hay una intencionalidad desde el principio, una intencionalidad de acabar con el aseguramiento”, concluyó.