Fiscalía realizó extinción de dominio a 243 inmueble de alias Mario Bros, del Clan del Golfo: costarían más de 70 mil millones de pesos

La Fiscalía General de la Nación tomó una medida contundente contra el crimen organizado al afectar con fines de extinción de dominio 243 bienes que, según la investigación, pertenecen al presunto articulador de las operaciones de narcotráfico del Clan del Golfo, identificado como Mario Élber Garzón Escobar, alias Mario Bros.

El valor conjunto de estas propiedades supera los $76.000 millones, un monto que subraya la dimensión económica de la organización desmantelada.

Los investigadores han descrito un esquema sofisticado a través del cual Garzón Escobar buscó ocultar el origen ilícito de su patrimonio. Durante más de una década, habría administrado recursos producto de distintas actividades criminales: desde envíos de cocaína a mercados internacionales hasta homicidios, extorsiones y tráfico de armas.

Todo esto articulado en una estructura que, según la Fiscalía, se diseñó específicamente para “dar apariencia de legalidad a los activos del Clan del Golfo y evitar su rastreo”.

La acción judicial involucra la afectación de un amplio conjunto de bienes: 207 predios rurales, 15 inmuebles urbanos, 10 vehículos, 2 sociedades, 1 establecimiento de comercio y otras 8 propiedades situadas estratégicamente en municipios clave de Cundinamarca como Chía, La Vega y Puerto Salgar, así como en Puerto López y Puerto Gaitán (Meta). Estos activos, en muchos casos, estaban a nombre de terceros o mezclados con capitales legales, en una táctica que la Fiscalía describe como la principal barrera para la investigación patrimonial.

Así fue el gigantesco operativo contra El Mesa en Bogotá

Un operativo de gran escala culminó en la incautación de diecisiete bienes, incluidos cuatro vehículos de alta gama y dos taxis, así como en la captura de 23 presuntos integrantes de la organización criminal El Mesa en Bogotá. Esta acción, considerada como uno de los golpes más contundentes al crimen organizado en la capital y en Soacha, afectó de manera directa las estructuras financieras de una red con trayectoria violenta y expansiva.

Los recursos confiscados habrían sido generados por delitos de secuestro y homicidio, y su decomiso impide la reinversión de utilidades ilícitas en la adquisición de armas y en la prolongación de la influencia criminal en el oriente de Antioquia.

El impacto económico se tradujo en el bloqueo de activos por más de $550 millones mensuales, privando a El Mesa de fondos cruciales para el desarrollo de sus actividades.

La operación, resultado de doce meses de esfuerzos coordinados, implicó el despliegue de agentes encubiertos, interceptación de comunicaciones, análisis de redes criminales y la ejecución de quince diligencias de allanamiento en Suba, Soacha y Chiriguaná.

Así lo detalló el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, en entrevista con Semana. En estas acciones se produjo la detención de dieciocho personas —diecisiete por orden judicial y una en flagrancia— y se identificó a cuatro sospechosos señalados como autores de homicidios selectivos en la ciudad.

Durante la investigación se estableció que El Mesa empleaba taxis y viviendas arrendadas temporalmente como elementos clave para el camuflaje de sus operaciones. Estos hogares, localizados generalmente en zonas urbanas de alta movilidad, servían para almacenar armas y estupefacientes, los cuales eran dosificados en estos puntos antes de su distribución en discotecas, parqueaderos y espacios públicos, confirmaron las autoridades.

El transporte entre localidades, principalmente de Usme a Suba, se realizaba con automóviles que aparentaban estar al servicio del público, lo que dificultaba la detección por parte de las autoridades.

El protagonismo de estos vehículos en la logística de la organización permitió a El Mesa mantener y expandir su red de distribución de drogas y armas en barrios de alta densidad como La Gaitana, Fontanar, Villa Cindy, Santa Rita, Santa Cecilia, Lisboa y Bilbao. La utilización de taxis como fachada extendió la cobertura criminal sin alterar ostensiblemente el tejido social, lo que evidencia la sofisticación en la metodología de expansión hacia nuevos territorios, destacaron los investigadores en Infobae.