El exalcalde de Medellín Daniel Quintero le respondió al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras denuncias sobre presunta corrupción en la gestión de hospitales departamentales y aseguró que habrá revisión “sin excepciones”.
El pronunciamiento se dio en medio de la polémica por la designación de Quintero como nuevo superintendente de Salud de Colombia, en una coyuntura especialmente compleja para el sistema sanitario del país.
El intercambio comenzó luego de que el gobernador Rendón cuestionara con dureza la llegada de Daniel Quintero al cargo. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario regional calificó como “increíble” la designación y advirtió que el exalcalde sería el quinto superintendente durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En su mensaje, Rendón sostuvo que Quintero llegaría a “terminar la tarea de saqueo y destrucción del sistema”, anticipó más intervenciones a EPS e incluso a hospitales públicos, y expresó su preocupación por lo que consideró un posible ensañamiento con Antioquia.
La respuesta de Quintero no tardó. Dirigiéndose directamente al gobernador, el nuevo superintendente aseguró que durante su gestión se revisarán con detalle denuncias de presunta corrupción relacionadas con el manejo de hospitales departamentales en Antioquia.
En ese sentido, fue enfático al afirmar: “No me temblará la mano. Nadie está por encima de la ley”, dejando claro que su enfoque incluirá un control estricto sobre la administración de los recursos en salud.
El cruce de declaraciones ocurre en paralelo a la confirmación de su llegada a la Superintendencia Nacional de Salud, tras la salida de Bernardo Camacho, quien dejó el cargo el 14 de abril de 2026.
Aunque oficialmente su renuncia se explicó por motivos personales, el relevo se produce en medio de desacuerdos sobre el rumbo de la política sanitaria, especialmente en lo relacionado con la liquidación de EPS y el traslado de usuarios entre entidades.
La designación de Quintero ha generado debate debido a su perfil profesional.
Ingeniero electrónico con estudios en finanzas y un MBA, no cuenta con experiencia previa en el sector salud, lo que marca una diferencia frente a anteriores titulares del cargo.
Aun así, su nombramiento se da en un momento en el que el Gobierno busca acelerar transformaciones profundas en el sistema.
Actualmente, la Superintendencia mantiene bajo intervención a varias EPS por problemas financieros y administrativos, entre ellas Famisanar, Nueva EPS, Sanitas, Savia Salud, Asmet Salud, SOS EPS, Emssanar y Capresoca. Estas medidas han sido parte de la estrategia del Ejecutivo para estabilizar el sistema, aunque también han despertado cuestionamientos por sus efectos sobre la prestación del servicio.
Uno de los puntos más sensibles ha sido la redistribución de afiliados hacia entidades como Nueva EPS, que hoy concentra más de 11 millones de usuarios.
Sin embargo, su capacidad ha sido puesta en entredicho por su agente interventor, Jorge Iván Ospina, quien ha advertido que el proceso de recepción de nuevos pacientes debe ser gradual para evitar un colapso operativo.
En ese contexto, la salida de Camacho habría estado influenciada por diferencias frente a la velocidad y el alcance de estas decisiones.
Según versiones conocidas, el exsuperintendente no compartía plenamente la continuidad de una liquidación masiva de EPS ni el traslado acelerado de usuarios, especialmente ante los riesgos que esto implica para la estabilidad del sistema.
Desde la oposición, figuras como Paloma Valencia y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumaron a las críticas contra la designación de Quintero, advirtiendo riesgos para el sistema de salud y cuestionando la falta de experiencia del nuevo funcionario en un momento especialmente sensible para el país.
Con más de mil entidades bajo algún tipo de vigilancia o intervención, la Superintendencia enfrenta uno de los mayores retos de su historia reciente.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, la mayoría de las EPS existentes están en proceso de liquidación por no cumplir con requisitos financieros, lo que aumenta la presión sobre las autoridades regulatorias.
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