Confirmada la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja: habrá designación provisional y elecciones atípicas

La decisión judicial que deja sin efectos la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024–2027 quedó oficialmente ejecutoriada el 15 de abril de 2026 a las 5:00 p. m., según certificación expedida por la Secretaría de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Ahora corresponde al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en su calidad de autoridad departamental, designar un alcalde encargado para Tunja y adelantar las gestiones necesarias para convocar elecciones atípicas que permitan definir un nuevo mandatario para la capital boyacense, en cumplimiento de lo ordenado tras la ejecutoria del fallo del Consejo de Estado.

De acuerdo con el documento oficial firmado por el secretario Efrain Alberto Cortés Gordón, la sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad resolvió de manera definitiva la controversia sobre la elección del mandatario local.

En el texto se consigna que “el 5 de marzo de 2026 la Sala de Decisión de la Sección Quinta de esta Corporación profirió sentencia que decidió: confirmar en lo demás la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá (…) mediante la cual se declaró la nulidad de la elección del señor Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja”.

El mismo documento precisa que, tras resolverse solicitudes de aclaración, adición y reposición, estas fueron negadas, lo que permitió que el fallo quedara en firme. En ese sentido, la constancia indica textualmente que “la sentencia fue notificada y quedó ejecutoriada el 15 de abril de 2026 a las 5:00 p. m.”, cerrando así la vía judicial ordinaria sobre la validez del acto electoral.

La decisión del alto tribunal implica que la elección del mandatario local pierde efectos jurídicos, lo que activa el procedimiento administrativo para la provisión temporal del cargo. En este escenario, la Gobernación de Boyacá deberá proceder a la designación de un alcalde encargado mientras se define el calendario para una eventual elección extraordinaria en Tunja.

El proceso de nulidad electoral estuvo promovido por el Grupo de asesorías y representación jurídico legal de Colombia S.A.S., que alegó irregularidades en la elección del mandatario. La Sala de la Sección Quinta del Consejo de Estado acogió parcialmente los argumentos, manteniendo la decisión de anular la elección adoptada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

En paralelo a la definición electoral, el caso de Krasnov ha escalado en el ámbito penal y disciplinario. La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra el exalcalde y su entorno familiar, incluyendo a su suegra María Luisa Pedraza Canaria, por su presunta participación en un esquema de direccionamiento irregular de contratos en la empresa municipal Ecovivienda durante los años 2024 y 2025.

Según la investigación, Pedraza Canaria habría intervenido en decisiones administrativas sin vínculo formal con la entidad, coordinando nombramientos, influyendo en la contratación de funcionarios y orientando procesos internos. Durante las audiencias, el ente acusador afirmó que “la señora María Luisa Pedraza Canaria coordinó la designación del gerente Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, a quien contactó telefónicamente y ofreció el cargo de gerente de Ecovivienda en la ciudad de Tunja”.

La Fiscalía también sostiene que la investigada habría participado en la selección de directivos y en la modificación de procesos contractuales para favorecer intereses particulares, incluyendo la agilización de pagos a contratistas pese al presunto incumplimiento de avances de obra. Estos señalamientos forman parte del expediente judicial que continúa en etapa de definición de medidas de aseguramiento.

En el plano penal, los delitos imputados incluyen abuso de función pública, interés indebido en la celebración de contratos, usurpación de funciones públicas y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública. Tanto Krasnov como Pedraza no aceptaron los cargos durante las diligencias judiciales, alegando su inocencia.

El caso también tiene un antecedente disciplinario relevante. La Procuraduría General de la Nación había impuesto previamente sanciones de destitución e inhabilidad por 14 años al entonces mandatario, al considerar que existían irregularidades relacionadas con su habilitación para aspirar al cargo, derivadas de actuaciones contractuales previas.

Con la decisión del Consejo de Estado ahora en firme, el escenario político-administrativo de Tunja entra en una fase de transición institucional. Las autoridades departamentales deberán coordinar la administración temporal de la ciudad mientras se define si se convocan elecciones atípicas para elegir un nuevo alcalde que complete el periodo 2024–2027.