Un grupo de personas se reunió desde la noche del martes 14 de abril y hasta la mañana del miércoles de 2026 de 2026 frente a la cárcel La Paz, en Itagüí, para solicitar al Gobierno nacional la reactivación de la mesa de conversaciones con las bandas criminales de Medellín.
Según informó El Espectador, la movilización fue convocada por organizaciones sociales y comunitarias del Valle de Aburrá como respuesta a la suspensión de los acercamientos, ocurrida tras la fiesta reportada dentro de ese centro penitenciario.
De acuerdo con el citado medio, el plantón reunió a líderes sociales y habitantes de barrios como Robledo, Aranjuez y San Javier, quienes participaron en actividades como una olla comunitaria y exhibieron carteles solicitando la reanudación del diálogo.
Las imágenes difundidas muestran a los asistentes insistiendo en la necesidad de mantener abierto ese canal de comunicación.
En los registros audiovisuales, recopilados por El Espectador, una de las participantes expresó que “muchos jóvenes y líderes se piensan la paz en el territorio y en hacer esa construcción y transformar esas realidades cotidianas”.
También afirmó: “Muchas organizaciones sociales que nos unimos en una juntanza y una gobernanza social por la paz urbana, queremos hacer hoy ese llamado al Gobierno Nacional, pero también la exigencia para que se respete ese proceso. Si bien se cometió un acto disciplinario no puede juzgarse y señalarse y acabar un proceso que ha salvado tantas vidas en los territorios, que llevamos una convivencia pacífica, que hay hombres y mujeres que le apuestan hoy a una transformación, a un proyecto de vida”.
El Espectador reportó que los manifestantes dirigieron su mensaje al presidente Gustavo Petro y a la delegación de paz, pidiendo que se retome el espacio de negociación. Otra de las voces recogidas advirtió que “no van a permitir que se lleven a los voceros porque son el proceso de paz (...) si se los llevan, el proceso lo van a dilatar”; esto en relación con la posibilidad de traslado a Bogotá de los jefes de bandas, tal como lo solicitó el mandatario.
Durante la jornada, quienes participaron en la protesta remarcaron, según el medio, que los avances logrados en el proceso han generado cambios en la vida de los barrios, como la reducción de homicidios y extorsión, así como una disminución de las llamadas “fronteras invisibles”. Los asistentes también señalaron que el conflicto urbano en Medellín tiene origen en las desigualdades sociales y económicas de la región.
Finalmente, los organizadores preparan un pliego de solicitudes dirigido a las delegaciones negociadoras, la comunidad internacional y la sociedad civil, buscando respaldo a esta iniciativa ciudadana.
La minuta
La supuesta minuta oficial del penal de Itagüí, divulgada tras la fiesta vallenata celebrada en la cárcel La Paz, deja en evidencia irregularidades en el control de ingreso de licor, tecnología y armas al establecimiento. En los videos del evento se observa la participación del cantante Nelson Velásquez, invitado por líderes de organizaciones criminales que cumplen condena en este lugar, lo que ha generado cuestionamientos sobre la gestión penitenciaria.
El concejal de Medellín, Andrés Tobón, señaló en su cuenta de X que el registro oficial no documenta la entrada ni de músicos ni de equipos logísticos, ni contabiliza el número real de asistentes. La minuta del 8 de abril carece por completo de anotaciones sobre el acceso de artistas, personal de apoyo o menores, pese a la magnitud del evento musical realizado.
La denuncia de Tobón subraya deficiencias graves en la administración del penal, donde permanecen miembros de bandas delictivas de Medellín. El análisis del documento muestra la ausencia de constancias sobre ingresos durante la fiesta, lo que, según Tobón y Semana, evidencia fallas sustanciales en los controles internos y podría facilitar prácticas de corrupción o complicidad dentro de la cárcel.
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