Militar en retiro entuteló al Gobierno y a la Fiscalía para que reactiven la orden de captura contra ‘Calarcá’: “Cansado de que se tiren la pelota”

El Tribunal Superior de Bogotá recibió una acción de tutela contra el Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación, en la cual se solicita que se reinstaure la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc.

La solicitud fue presentada por el coronel en retiro Carlos Javier Soler Parra, quien indicó que su petición tiene como objetivo proteger el proceso electoral que se desarrolla en 2026.

En una publicación hecha en su cuenta de X, indicó que su tutela también pretende suspender la resolución presidencial con la que se detuvo temporalmente su orden de captura para que participara en la mesa de conversaciones con el Ejecutivo.

En su escrito, el exmilitar cuestionó las posturas del Gobierno como de la Fiscalía General de la Nación, argumentando que, mientras no asumen su responsabilidad sobre la situación jurídica, el líder guerrillero estaría implicado en varios ataques contra la fuerza pública y la población en general.

“Cansado de ver cómo se tiran la pelota de “quién y cómo se excluye a alias Calarcá” de ser miembro representante de las disidencias y que, según la fiscal general “le impide reactivar la orden de captura” y sacan a Otty Patiño a vacaciones (...) interpuse TUTELA hoy, con todo el soporte y acervo probatorio pidiendo use el poder del “juez constitucional” y suspenda la resolución, ordene a fiscalía reactivar orden de captura”, escribió Soler en las redes sociales.

Detalles de la tutela

En su solicitud, Carlos Soler exige que el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Presidencia, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz realicen una revisión detallada de la resolución que reconoció a alias Calarcá como interlocutor para las negociaciones con el Gobierno, decisión que permitió al guerrillero beneficiarse de medidas como el uso de un vehículo blindado y escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Se realice una revisión inmediata, individualizada, motivada y documentada de la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, particularmente respecto de:

• La situación individual de cada beneficiario
• La vigencia material de los presupuestos que justificaron la suspensión
• La existencia de hechos delictivos sobrevinientes
• La permanencia de la finalidad constitucional legítima
• La afectación actual sobre la seguridad de la población civil y el proceso electoral", se lee en el documento.

Para Soler, “la presente medida resulta necesaria, urgente y proporcional, por existir un riesgo grave, actual e inminente sobre derechos fundamentales de rango prevalente”.

Así mismo, la acción busca que se analicen de forma individual los casos de otros líderes beneficiados y se evalúe el impacto de estas acciones sobre la población civil y las próximas elecciones presidenciales.

El proceso plantea que se ordene al Ministerio de Defensa reactivar operaciones militares, a la Registraduría garantizar el desarrollo adecuado del proceso electoral y al ICBF implementar medidas para proteger a menores de edad, según detalla el mismo escrito.

“Ordenar al Ministerio de Defensa Nacional reactivar las operaciones militares en los territorios golpeados la violencia de acuerdo a su análisis crucial de intervención y ponerlo en conocimiento del despacho”, remarcó el abogado en su acción popular radicada en el Tribunal Superior de Bogotá.

Soler argumenta que existen denuncias documentadas en medios sobre la continuidad de actividades delictivas por parte de alias Calarcá, incluyendo secuestro, extorsión e intimidaciones a la Fuerza Pública.

“Alias Calarcá sigue reclutando niños, con carro blindado y escoltas armados de UNP, asesinando soldados y policías, secuestrando, extorsionando y expandiendo su poder militar”, expresó.

El coronel resalta que, a pesar de estos antecedentes, la administración de Gustavo Petro ha priorizado la persecución al ELN y al AGC o EGC, también conocido como Clan del Golfo.

“Así mismo me permito señalar que el actuar de gobierno nacional vulnera los derechos humanos de los colombiano de manera sistemática y general, por lo que me permito señores Magistrados invocar el bloque de constitucionalidad”, precisó en la acción tutelar.

Por el momento, se espera que la decisión sobre la acción tutelar se defina en el transcurso del mes de abril del año en curso.

Alias Calarcá a juicio por delitos cometidos en la paz total

La tutela se dio a conocer luego de que la fiscal general Luz Adriana Camargo anunció la solicitud formal para una audiencia de imputación de cargos contra alias Calarcá, por delitos de lesa humanidad ocurridos tras su designación como vocero en el proceso de ‘Paz Total’.

La evidencia central que respalda la decisión surgió durante una incautación de dispositivos electrónicos en un retén realizado en junio de 2024 en Anorí, Antioquia. La fiscal Camargo señaló a Caracol Radio que estos soportes digitales contienen “elementos probatorios sobre delitos que alias Calarcá habría cometido después de su nombramiento el 15 de enero de 2025 como vocero representante, mientras participaba en las negociaciones”.

Sin embargo, la funcionaria explicó al medio citado que la orden de captura contra Calarcá sigue suspendida, restricción que la Fiscalía no puede revertir sin mediar intervención presidencial.