Una nueva controversia sacude al Gobierno Petro tras la denuncia de presuntas irregularidades en el Fondo Adaptación. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, anunció que llevó el caso ante las autoridades judiciales, según información obtenida por Revista Semana.
La denuncia apunta a posibles cobros de coimas en contratos del Fondo Adaptación, lo que ha generado tensiones internas dentro del Ejecutivo. El caso involucra a funcionarios y procesos administrativos que ahora están bajo revisión, según información obtenida.
El escándalo revive cuestionamientos sobre prácticas irregulares en entidades del Estado y abre un nuevo frente político dentro del Gobierno. Las acusaciones han intensificado el debate sobre transparencia y control institucional.
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Denuncia por presunta concusión y cobro de coimas
Carlos Carrillo informó que radicó una denuncia formal por el delito de concusión, señalando que existirían exigencias económicas ilegales en procesos contractuales del Fondo Adaptación.
El funcionario afirmó: “Ayer radiqué una denuncia, junto con la evidencia pertinente, por el delito de concusión por el posible cobro de coimas en el Fondo Adaptación”, citado por Revista Semana.
Según su versión, el caso se relaciona con un contratista que habría sido presionado para pagar un porcentaje del valor de un contrato a cambio de recibir pagos o facilitar su ejecución.
Carrillo detalló que el monto de la presunta exigencia sería cercano a $2.000 millones, equivalente a aproximadamente el 10 % del contrato, lo que calificó como un caso de “extorsión”.
Además, indicó que el proyecto en cuestión corresponde a iniciativas desarrolladas en La Mojana, estructuradas previamente durante su paso por la dirección del Fondo Adaptación.
El director de la UNGRD aseguró que el testimonio del contratista incluye nombres y referencias a reuniones informales en las que se habrían realizado las solicitudes económicas, lo que, en su criterio, amerita una investigación urgente por parte de las autoridades.
Tensiones internas y llamado a investigar
El caso ha sido interpretado como un nuevo episodio de “fuego amigo” dentro del Gobierno, al involucrar a entidades y funcionarios cercanos a la administración nacional.
Carrillo también hizo un llamado para que se dé celeridad al proceso. En ese sentido, señaló: “Necesitamos una política de tolerancia cero con los actos de corrupción. El proceso del cambio en Colombia debe erradicar prácticas como esas de nuestro proceso político; el Pacto Histórico no puede repetir el camino que han recorrido otros procesos de izquierda en América Latina”, citado por ese medio de comunicación.
El funcionario explicó que la denuncia no involucra directamente a la UNGRD, sino a actuaciones dentro del Fondo Adaptación, aunque advirtió que parte del equipo actual fue vinculado recientemente a esa entidad.
Asimismo, aseguró que el contratista afectado estaría dispuesto a colaborar con las autoridades, aunque reconoció que en muchos casos este tipo de situaciones no se denuncian debido a presiones o temores, lo que contribuye a la impunidad.
Carrillo también reveló que el proyecto completo supera el billón de pesos, mientras que los contratos individuales rondarían los $15.000 millones, cifras que reflejan la magnitud de los recursos comprometidos.
El funcionario concluyó que continuará colaborando con las autoridades y respondiendo ante los entes de control por los proyectos que lideró anteriormente, al tiempo que insistió en la necesidad de esclarecer los hechos denunciados.
La polémica se suma a otros cuestionamientos recientes en el sector y abre un nuevo capítulo de tensiones dentro del Gobierno, en medio de exigencias de mayor transparencia en la contratación pública.
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