El caso de Neill Felipe Cubides Ariza, profesor universitario y asesor de la Procuraduría, evidenció cómo la legalidad del servicio de taxi puede ser utilizada por estructuras criminales para ocultar sus delitos.
De acuerdo con las autoridades, los cuatro hombres capturados por el crimen contaban con tarjetón de taxista, lo que les permitía operar bajo una apariencia legítima en la capital colombiana. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que tres de los acusados poseían documentación habilitante, un dato que generó alarma entre autoridades y ciudadanía.
Las autoridades identificaron a los capturados como alias Cabezón, Pipo, Chirri y Pecueca. Todos tenían antecedentes por hurto, secuestro extorsivo, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Uno de ellos, alias Chirri, había recuperado la libertad en 2024 tras ser detenido por ‘paseo millonario’, y reincidió en el secuestro y asesinato de Cubides apenas un mes después.
Cronología de un crimen premeditado
El 15 de enero, Neill Cubides dejó a su hijo al cuidado de su esposa en la clínica Country, en Chapinero. Las cámaras de seguridad registraron que salió del centro médico después de las 10:06 p. m. y abordó un taxi conducido por alias Cabezón. Desde ese momento, la víctima quedó bajo el control de la banda conocida como Los Kamaleones.
Durante un trayecto de 39 kilómetros, los captores sometieron al profesor a torturas físicas, exigiéndole las claves de sus cuentas bancarias. El alcalde Galán declaró que “estos delincuentes son los que inician generando golpes, generando heridas cortopunzantes, generando la tortura”. El recorrido incluyó paradas en varios cajeros automáticos del sector de Venecia, donde sustrajeron cerca de $10 millones de las cuentas de la víctima.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, alias Pecueca compró gasolina en una estación de Kennedy. El combustible fue utilizado para incinerar el cuerpo de Cubides en una zona rural de Usme, en la vereda Los Soches. Los restos fueron hallados cuatro días después, el 19 de enero, tras el aviso de un vecino que detectó un incendio inusual.
Un patrón criminal y conexiones previas
Los Kamaleones operaban bajo un esquema repetido: seleccionaban víctimas en zonas de alta afluencia, las sometían durante extensos recorridos y utilizaban vehículos de servicio público como fachada. Mientras uno de los integrantes conducía el taxi, otro vehículo acompañaba a corta distancia para facilitar la intimidación y el control de los pasajeros.
Las pruebas recogidas durante la investigación incluyeron más de 200 horas de video y rastros biológicos en los automóviles implicados. Las autoridades vincularon a la banda con al menos ocho casos similares de paseo millonario en la ciudad, un delito que combina secuestro exprés, robo y violencia física.
Un dato relevante conecta este crimen con el caso de Diana Ospina, también víctima de un paseo millonario: el dueño de los taxis alquilados por los delincuentes resultó ser el mismo en ambos hechos, lo que sugiere la existencia de una red criminal más amplia que utiliza la legalidad del transporte público para delinquir de forma sistemática.
Reacciones y cuestionamientos al sistema
El asesinato de Neill Cubides generó conmoción en la capital y puso en entredicho la eficacia de los controles sobre el gremio de taxistas. En rueda de prensa, el alcalde Galán afirmó: “Me duele decirlo, pero es posible que este hecho se hubiera podido evitar. Esta banda tendría por lo menos la responsabilidad en ocho casos de paseos millonarios”.
Por su parte, el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía de Bogotá, explicó que alias Cabezón se encargaba de manejar el taxi y seleccionar las víctimas, mientras alias Pecueca coordinaba el seguimiento y la compra de insumos para ocultar los crímenes. Alias Chirri y Pipo ejecutaban las agresiones y exigían las contraseñas de las cuentas bancarias.
El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo Flórez, advirtió sobre las debilidades en el sistema de placas de vehículos, lo que facilita que los criminales operen con impunidad. “Es muy importante que reflexionemos sobre cómo se está combatiendo el hurto, porque no hacerlo, con seguridad, está generando estas carreras delincuenciales”, señaló.
Los cuatro hombres capturados, todos entre 20 y 30 años, fueron enviados a prisión e imputados por homicidio agravado, hurto agravado y secuestro extorsivo. La Fiscalía y la Policía mantienen abierta la investigación para determinar si existen más víctimas y posibles cómplices en la red que operaba bajo la apariencia de legalidad en el transporte público.
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