La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación tras la realización de una fiesta vallenata el 8 de abril en la cárcel de Itagüí, Antioquia, en la que estuvieron presentes reclusos de alto perfil y el cantante Nelson Velásquez.
Este evento incluyó la entrada de bebidas alcohólicas prohibidas y ha motivado sanciones administrativas, así como repercusiones en negociaciones de paz con grupos criminales.
Estas denuncias involucran a jefes de organizaciones criminales que están recluidos en Medellín y el Valle de Aburrá. Las autoridades también buscan determinar posibles irregularidades del sistema penitenciario, lo que ha llevado a medidas disciplinarias y a la suspensión de negociaciones oficiales con estos grupos.
Las fuentes citadas por El Tiempo indicaron que la celebración respondió a la intención de conmemorar el cumpleaños de Paulo Andrés Torres Flórez, conocido como Pocho y líder de la banda La Agonía, así como la posible liberación de Sebastián Murillo, alias Lindolfo.
En las imágenes difundidas se observa la llegada de Nelson Velásquez y su equipo al penal para ofrecer el concierto, donde se detectó el consumo de whisky, aguardiente, tequila y vino, bebidas no autorizadas por las autoridades.
La presencia de artistas y el acceso de bebidas prohibidas volvieron a señalar irregularidades frecuentes en el sistema carcelario colombiano. Autoridades han detectado anteriormente ingresos indebidos de personas o bienes en estas instalaciones. Uno de los puntos bajo investigación es la procedencia del dinero utilizado para costear la fiesta, un dato aún no esclarecido.
Investigación de la Fiscalía por irregularidades en la cárcel de Itagüí
Según la información obtenida por El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación abrió dos líneas principales de investigación.
Una busca identificar a los funcionarios del Inpec que habrían facilitado el acceso del cantante y sus músicos al pabellón conocido como Estructura 1, donde permanecen presos de alto riesgo, incluidos participantes del ‘tarimazo’ en La Alpujarra.
Las autoridades examinan si estos trabajadores incurrieron en delitos como prevaricato. El lunes, agentes de la Fiscalía realizaron una inspección en las instalaciones del centro penitenciario para recolectar pruebas, aunque hasta el momento no se han reportado resultados concretos sobre lo hallado.
La segunda línea investigativa apunta directamente a Nelson Velásquez, a quien se le indaga por posible lavado de activos, ya que el pago recibido podría provenir de actividades ilícitas. De encontrarse indicios suficientes, el artista podría ser citado por la Fiscalía para dar explicaciones, conforme detalló El Tiempo.
Sanciones y cambios en la administración penitenciaria
Como reacción inmediata, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) suspendió temporalmente a 11 funcionarios a través de la Resolución 2.627 del 10 de abril.
Entre los apartados se encuentra Fredy Antonio Ciprián Díaz, encargado temporal de la administración y disciplina del penal durante la ausencia del director Édgar Iván Pérez Ortega, quien no se encontraba en servicio el día del suceso.
El Inpec designó provisionalmente a Guillermo Andrés González Andrade como responsable de la cárcel de Itagüí. Estas medidas buscan fortalecer la transparencia de la investigación y el control institucional, en un periodo que compromete la imagen del sistema penitenciario.
Impacto político y suspensión de diálogos de paz
El escándalo por la fiesta, sumado a antecedentes similares y a la reciente revocatoria de órdenes de captura a jefes criminales, llevó al Gobierno nacional a tomar medidas de impacto político.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció la suspensión de la mesa de diálogo sociojurídico dirigida a la pacificación con estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.
El ministro informó que la medida persistirá hasta que se esclarezcan todos los hechos y se determinen responsabilidades sobre la celebración en la prisión antioqueña.
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