La desarticulación del grupo delincuencial Los Kamaleones representa un avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado en Bogotá.
Las autoridades informaron la captura de los cuatro integrantes de esta estructura, señalados por su participación en secuestros, homicidios y robos bajo la modalidad de “paseo millonario” en sectores exclusivos de la ciudad.
La operación, resultado de una estrategia conjunta entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, incluyó cinco allanamientos en localidades del sur y occidente de la capital.
La captura de estos individuos se produjo tras el asesinato del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, quien fue víctima de un secuestro luego de abordar un taxi el 15 de enero en inmediaciones de la Clínica del Country.

La detención de los implicados –cuyas edades oscilan entre 20 y 30 años– se concretó durante cinco allanamientos en San Cristóbal, Kennedy y Bosa.
Entre los detenidos figura alias Cabezón, encargado de conducir el taxi y seleccionar víctimas en zonas de alta concurrencia como la calle 85 y la Zona T. Posee un amplio historial penal, con antecedentes por lesiones culposas, hurto, secuestro, lesiones personales y violencia intrafamiliar.
Fue capturado también alias Pecueca, conductor del vehículo de seguimiento, responsable de recolectar elementos robados, efectuar los retiros y comprar el combustible usado en el intento de incineración.
Por su parte, alias Chirri y alias Pipo–los encargados de la agresión física y verbal para extraer la información financiera de las víctimas– presentan prontuario judicial por secuestro, hurto, violencia intrafamiliar y casos anteriores de paseo millonario.
Un dato que sobresale es que alias Chirri recuperó su libertad apenas un mes antes del asesinato, tras una captura en 2024 por el mismo modus operandi. Alias Pipo suma anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y varias detenciones previas.

Según la investigación, al menos ocho personas fueron víctimas de la banda en situaciones similares. El grupo delictivo obtenía rentas mensuales cercanas a 200 millones de pesos con este esquema, evidenciando un grado de organización y violencia inusitado para el hampa local.
Tras la imputación por homicidio agravado, hurto agravado y secuestro extorsivo, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los implicados.
Asesinato del profesor Nil Cubides
Después del análisis de más de 200 horas de video provenientes de 120 cámaras de seguridad públicas y privadas. Las autoridades complementaron el rastreo con identificación a través de álbumes fotográficos, retratos hablados, búsqueda en bases de datos y seguimiento por tráfico de datos telefónicos.
Específicamente, los investigadores determinaron que el 15 de enero de 2026, el profesor Cubides abordó un taxi en las inmediaciones de la Clínica del Country, en el sector norte de la ciudad. A partir de ese momento, el vehículo fue seguido por un carro donde viajaban otros miembros del grupo.
El trayecto —de cuarenta kilómetros en dos horas— pasó por la Autonorte, la calle 80, la avenida 68 y la avenida Boyacá hasta llegar a la zona rural de Usme, donde los delincuentes abandonaron e incineraron el cuerpo de la víctima en un paraje de la vereda Los Soches, intentando dificultar su identificación.
El taxi de placas ESN-362 y un Chevrolet negro avanzaron en paralelo, cubriendo una distancia considerable bajo el seguimiento de cámaras y registros.
Durante el trayecto, los conductores tomaron la carrera 68 en dirección sur, recorriendo los kilómetros 8 al 14. Luego giraron hacia el occidente por la avenida de las Américas, para finalmente tomar la avenida Boyacá y proseguir hacia el sur. Mientras esto ocurría, el profesor era víctima de agresiones físicas y amenazas con arma blanca por parte de los delincuentes.
El seguimiento policial identificó que el conductor del Chevrolet negro tenía una función clave en el crimen: “Era el encargado de hacer las transacciones bancarias”, detalló la Policía, y agregaron que una cámara de seguridad lo registró cargando gasolina en una estación de servicio durante el recorrido.
Durante ese trayecto bajo amenaza, los responsables torturaron al profesor utilizando un arma cortopunzante y le causaron la muerte por asfixia mecánica. Luego realizaron transacciones bancarias por un valor cercano a 10 millones de pesos en el sector de Venecia empleando las claves bancarias sustraídas.
En paralelo al trabajo de inteligencia, las autoridades realizaron pruebas forenses con el reactivo Bluestar en los vehículos, detectando rastros de sangre que se sumaron al expediente probatorio.
¿Qué dijo el alcalde de Bogotá?
El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a la situación judicial de uno de los implicados: “Uno de los que participaron estaba detenido por paseo millonario en diciembre pasado, un mes antes de que ocurriera este hecho y por vencimiento de términos salió libre”.
Galán insistió en la necesidad de endurecer las medidas para quienes reinciden en delitos violentos: “Los delincuentes violentos que cometen delitos y ponen en peligro la vida de sus víctimas tienen que estar tras las rejas, tienen que estar detenidos, no pueden estar libres”.
Además, detalló la falta de control efectivo sobre quienes reciben detención domiciliaria, lo que facilita que algunos sigan delinquiendo.
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