La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó formalmente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses un inmueble que era de propiedad del fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
El predio se encuentra ubicado en el barrio San Lucas, en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín, con el objetivo de fortalecer la búsqueda de miles de desaparecidos durante el conflicto armado, principalmente en episodios clave de la historia de violencia reciente, como la Operación Orión de 2002 y las ejecuciones extrajudiciales.
Este predio, de 897 metros cuadrados de extensión y 640 metros cuadrados construidos, fue incautado por el Estado y desde entonces se encontraba bajo la administración de la SAE.
El propósito central del espacio es acelerar los procesos técnicos y legales necesarios para que las víctimas accedan a verdad, memoria y reparación, en una región que concentra el mayor volumen de desapariciones forzadas del país.
“Detrás de este momento hay años de lucha de madres, hijas y abuelas que no dejaron de buscar, que documentaron y denunciaron hasta lograr que hoy este proceso tenga un lugar concreto”, detalló la SAE en un comunicado.
Con esta entrega, el inmueble será reacondicionado como un espacio técnico para el análisis forense e identificación de cuerpos, en una región que enfrenta una demanda crítica de estas capacidades.
Además del equipo técnico de Medicina Legal, la labor cotidiana del nuevo laboratorio también recibirá el acompañamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), actores clave del esfuerzo nacional para enfrentar el legado de desapariciones en el conflicto armado interno.
“Todos estos bienes que están aquí tienen que usarse para las víctimas del conflicto armado. Fue un compromiso que hice cuando acepté este cargo con el presidente Gustavo Petro y no solo urbanos, rurales también, y lo estamos logrando hasta que termine este gobierno”, expresó Amelia Pérez, presidenta de la SAE.
La funcionaria remarcó también la dimensión simbólica de recuperar, para fines estatales y humanitarios, un inmueble vinculado a episodios emblemáticos y dolorosos del conflicto.
El proyecto beneficiará, en particular, a las más de 20 organizaciones sociales que integran la Mesa Departamental de Desaparición Forzada de Antioquia. Estos colectivos realizan tareas de denuncia, documentación y exigencia de verdad y reparación ante la desaparición forzada, y pasarán a contar con un espacio técnico de referencia en la región.
Además, esta iniciativa se inserta en un contexto donde escenarios como La Escombrera, señalados como lugares de inhumación clandestina, han evidenciado la magnitud de la problemática en Antioquia.
Preocupación por devolución de predios
No obstante, la directora de la SAE, Amelia Pérez, alertó las dificultades que tendría la entidad de concretarse la devolución de cerca de 19.000 propiedades intervenidas por las autoridades por estar vinculadas a criminales.
La funcionaria, durante el Consejo de Ministros del 28 de marzo, explicó que la devolución de estos bienes no solo privaría a la entidad de la administración de los mismos, sino que enviaría un mensaje contrario a los principios de reparación para las víctimas del conflicto armado.
Según datos recopilados por Minuto60, la SAE administra actualmente 19.869 activos inmobiliarios, de los cuales 13.419 superan los diez años bajo gestión estatal y 1.876 están priorizados para venta, mientras que 3.234 fueron designados para programas de reforma agraria y transferencia de valor social.
La controversia legal que rodea la devolución de estos inmuebles se origina en la Instrucción Administrativa No. 9 emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) en octubre de 2022, según la cual la caducidad de diez años para medidas cautelares sobre bienes estatales no aplicaba a los procesos de extinción de dominio.
Esa directriz fue suspendida de manera provisional el 3 de febrero de 2026, tras la Instrucción Administrativa No. 1, que obedeció a una orden del Consejo de Estado del 12 de noviembre de 2025.
En respuesta a estas tensiones, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que aseguró que tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida de estos activos inmobiliarios y descartó la entrega de predios a antiguos criminales.
El riesgo de devolver activos a organizaciones criminales no es menor: entre los bienes identificados para posible restitución figuran fincas, casas y locales intervenidos por su relación con figuras como Chupeta, Pacho Herrera y La Gata, todos ellos relevantes en la historia reciente del narcotráfico y el crimen organizado en Colombia.
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