
Un nuevo escándalado por la polémica fiesta con alcohol y artistas al interior de la cárcel de Itagüí provocó la suspensión de la mesa de paz urbana que dirigía la senadora Isabel Zuleta, proceso que ya había atravesado otros episodios cuestionables y que siempre fue criticado por mantener negociaciones sin aparente respaldo legal.
Y es que la suspensión, aunque fue acelerada por el más reciente “concierto”, al que asistió el artista Nelson Velásquez, ya contaba con otros escándalos que, aunque han sido defendidos por la senadora del Pacto Histórico, no han estado exentos de críticas, como las filtraciones de información a cabecillas de bandas criminales, beneficios judiciales sin base legal y eventos cuestionados, como la “parranda vallenata”.
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La senadora Zuleta asumió desde junio de 2023 un papel central en la mesa de paz urbana en Itagüí. Congregó a 23 cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá bajo el rótulo de “espacio sociojurídico”, pese a la ausencia de un marco jurídico definido tras la caída de la norma de sometimiento.
El proceso operó en un limbo legal: la reglamentación que preveía las condiciones de desmovilización quedó sin efecto y nunca se aprobó una ley alternativa en el Congreso. La mayoría de los participantes ya cumplía condenas, lo que impedía avances reales hacia la justicia y convertía las promesas de beneficios en aspiraciones sin garantías.
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Grabaciones en redes muestran a Nelson Velásquez actuando ante internos y cabecillas, mientras las autoridades investigan el ingreso de licor y la suspensión de las negociaciones de paz urbana - crédito @tobonvillada / X
Pese a la falta de respaldo normativo, Zuleta se mantuvo al frente del proceso. Fuentes consultadas por El Colombiano señalaron, en tono irónico, que era conocida entre los criminales como “la reina Isabel” por el supuesto control que ejercía sobre las comunicaciones y la gestión de favores, abarcando a líderes que representan cerca del 90% de las 400 bandas de la región metropolitana de Medellín.
“Le dicen así porque los tiene como secuestrados: nadie puede contactarlos sin su permiso. Y con la promesa de que les van a dar beneficios los maneja a su antojo”, señaló la fuente al diario nacional.
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Escándalos y crisis en el proceso de Paz Total
El primer gran escándalo fue la filtración de información reservada del Estado a “Douglas”, jefe de la banda La Terraza, según la información revelada hasta el momento.
Incluso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró en el pasado que el cabecilla recibió datos sobre operativos, además de acusar a Zuleta de supuestamente presionar para frenar capturas y conservar la mesa activa, lo que derivó en denuncias ante la Corte Suprema.
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Días después, el 21 de junio de 2025, el denominado “tarimazo” intensificó la polémica: nueve cabecillas, incluyendo a “Douglas”, “Tom” y “Vallejo”, salieron de prisión para acompañar al presidente Gustavo Petro en un acto público. La firma de Zuleta autorizó la salida mediante un oficio al Inpec, sin intervención judicial, lo que detonó debates en el ámbito nacional e internacional.
Entre los críticos estuvieron César Gaviria, que llamó el episodio “pacto de La Picota”; la defensora del pueblo Iris Marín, y el exministro Humberto De La Calle, que lo calificaron como una muestra de improvisación y exhibicionismo. Incluso el político italiano Leoluca Orlando presentó el caso ante la Comisión Europea.
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El siguiente episodio alcanzó a la Fiscalía. La fiscal Luz Adriana Camargo, a pedido del Gobierno, levantó las órdenes de captura de 23 cabecillas. Tras la protesta del alcalde Gutiérrez y del gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, la medida fue reversada en 16 casos.
La fiscal admitió no conocer que la mayoría ya estaba condenada, lo que puso en duda la transparencia del procedimiento y acentuó el conflicto entre instancias nacionales y regionales.
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Adicionalmente, el diario El Colombiano recogió denuncias sobre presuntas solicitudes de apoyo político a los cabecillas, supuestamente a cambio de mantener privilegios penitenciarios, lo que profundizó la desconfianza en el interior de la mesa.
La fiesta en la cárcel de Itagüí y suspensión de la mesa
El hecho más reciente y mediático fue la “parranda vallenata” del 8 de abril de 2026, que incluyó la presencia del cantante Nelson Velásquez, abundante licor y la asistencia de unas 100 personas. El evento habría sido costeado con una colecta de 500 millones de pesos realizada entre los reclusos.
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Tras la denuncia realizada por la concejal Claudia Carrasquilla, exjefa de Fiscalías en Medellín, se descubrieron bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas, acceso no regulado a internet y condiciones de lujo en las celdas durante una inspección posterior. Las autoridades removieron al director y al coordinador de vigilancia de la cárcel e iniciaron investigaciones administrativas a 11 funcionarios del Inpec.
Ante la presión pública y política, Zuleta anunció la suspensión inmediata de la mesa. Los cabecillas, en un comunicado, ofrecieron disculpas y solicitaron formalmente al presidente Petro la reanudación del diálogo.
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Balance de tres años de la mesa de paz urbana

En tres años, el proceso de la mesa de paz urbana no ha logrado desmantelar ninguna estructura criminal ni se ha registrado la entrega de armas, de acuerdo con el balance presentado por El Colombiano.
El único intento de resultado fue un plan piloto contra la extorsión en algunos barrios de Medellín y Bello, sin cifras oficiales divulgadas y con percepción de continuidad en las prácticas de cobro ilícito bajo otras denominaciones.
Expertos consultados por el diario nacional señalan que la reducción de homicidios atribuida en ocasiones a la mesa responde, en realidad, a pactos mafiosos internos desde 2018, a la inversión social y a avances tecnológicos en investigación.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, sostuvo que la labor judicial más eficaz ha desincentivado el homicidio como método de control para las bandas criminales.
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